Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha anunciado un incremento en la austeridad republicana para reducir los gastos operativos sin perjudicar los proyectos gubernamentales ni la operación de la administración pública. Durante una conferencia de prensa el 25 de junio, Sheinbaum enfatizó que esta medida no creará más burocracia y se centrará en eficientar los recursos disponibles.
La deuda pública ha crecido significativamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En 2024, cada habitante del país deberá 126,818 pesos, un aumento del 15.5% desde el inicio de su administración. Este incremento en la deuda per cápita, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), representa un desafío considerable para el próximo gobierno.
El CIEP señala que de los 126,818 pesos que cada mexicano deberá el próximo año, 97,192 pesos corresponden al endeudamiento interno. Además, el endeudamiento histórico proyectado por la Secretaría de Hacienda para 2024 es del 5.4% del PIB, con un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) del 48.8%.
La necesidad de una reforma fiscal integral es cada vez más evidente, según diversas organizaciones, para revisar compromisos ineludibles y fortalecer los ingresos públicos. Pese a los esfuerzos por mejorar la recaudación mediante modificaciones fiscales, no se ha impulsado una reforma fiscal significativa durante el actual sexenio.
Sheinbaum, por su parte, ha trabajado en la elaboración del Proyecto de Nación 2024-2030, abarcando 13 ejes temáticos, incluyendo la disciplina fiscal y financiera. Estos planes detallan los objetivos y metas a alcanzar en diferentes plazos durante su administración, enfocándose en una planificación rigurosa y realista para enfrentar los desafíos económicos y financieros del país.
Sheinbaum anuncia más austeridad ante crisis de deuda heredada por AMLO
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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