Pobladores de la comunidad “El Gallito”, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, denunciaron que el Cártel de Caborca atacó con armamento de alto calibre varias de sus casas con la intención de apoderarse de las tierras y robar sus pertenecías
En entrevista con Infobae México, uno de los ejidatarios, quien pidió guardar su identidad, aseguró que la madrugada del pasado 12 de junio un grupo de sicarios ingresó a la comunidad para disparar, con armamento de grueso calibre, a casas y vehículos de los 40 ejidatarios que viven con sus familias.
“Muertos fue nomás uno. Dicen que hubo más, pero quién sabe. No sabemos, porque ahora sí que ellos, cuando hay muertos, se los llevan. Tenemos nosotros familias desaparecidas todavía, no decimos que se la hayan llevado. Ellos se fueron al monte, se tiraron a matar porque la pinche balacera duró como hora y media trayendo hasta calibre 50. Ahí están los pinches tirones”, señaló el poblador a esta casa editorial.
Este grupo de sicarios que, según el ejidatario, son integrantes del Cártel de Caborca, incendiaron algunas de las casas, tractocamiones y maquinaria. El ataque habría dejado a una persona asesinada.
Por estos hechos, los habitantes de “El Gallito” tuvieron que abandonar sus pertenecías para refugiarse en el bosque. El poblador dijo a esta casa editorial que hay familias y hombres que se encuentran desaparecidos y desconocen si el grupo criminal los secuestró o simplemente se encuentran refugiados en otras zonas del municipio.
“Esta gente tiene meses que no quieren robar nuestros ranchos, nuestras parcelas. Tenemos como unos 40 ejidatarios que vivimos aquí y pues ahora sí que nos dedicamos a la engorde de ganado, al pie de cría, a la agricultura, maíz, tenemos barbecho y tierra mecanizada con tractores”, apuntó el poblador.
Agregó que en la comunidad se estaba trabajando de forma normal y tranquila hasta que llegó el Cártel de Caborca. Aseguró que la organización que fundó Rafael Caro Quintero y sus sobrinos en Sonora, ya se adueñaron de otros ejidos como Miguel Alemán, Verde, Canaán, Otilio Montaño, entre otros.
“Todos esos ejidos ya los agarraron, ya muchos ranchos, ya se quedaron con ellos”, apuntó el poblador que abundó que al menos 15 comunidades de todo el municipio tienen problemas similares, aunque el miedo no les permite hacer denunciar.
El 19 de mayo, autoridades de la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional se reunieron con los habitantes de la comunidad para atender las denuncias de amenazas lanzadas por el grupo criminal. Sin embargo, poco después de este encuentro, la situación en el lugar se tornó aún más peligrosa cuando sicarios buscaron a quienes participaron en la reunión, llegando incluso con fotografías de los denunciantes.
Los sicarios localizaron el domicilio de uno de los denunciantes, que tuvieron consecuencia que asesinaran a su familia, desaparecieran a diversas personas que posteriormente aparecieron sin vida y quemarán diversas viviendas y vehículos.
Después de esta primera amenaza, el 23 de mayo, el ejército llegó para brindar seguridad y evacuar a 46 familias, principalmente mujeres y niños, intentando proteger la vida de los residentes.
Tras el ataque del 12 de junio, algunos habitantes decidieron quedarse para defender su comunidad continúan bajo el asedio del cártel. Los disparos y la violencia obligaron a muchas familias a huir, buscando salvarse y preservar algo de su patrimonio.
La falta de una resolución y protección efectiva para estas comunidades pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas rurales de México ante el avance de los cárteles. La intervención de las fuerzas armadas, aunque necesaria, no ha sido suficiente para garantizar la seguridad a largo plazo.