Lo que ha mantenido en pie a la economía mexicana en medio de los vendavales externos y los de fabricación propia, es lo que combatieron quienes hoy nos gobiernan: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, forjado por los presidentes Carlos Salinas y George Bush, y luego firmado por el mandatario mexicano y William Clinton.

Dentro de poco más de un año habrá revisión integral del tratado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y quien resulte ganador en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Ahí va a estar el principal foco de atención de nuestra política exterior.

Cuando llegó a la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump, el gobierno de Enrique Peña debió renegociarlo para evitar que el TLCAN se cayera y –afortunadamente– se salvó, con modificaciones (en pláticas que contaron con un observador del candidato ganador de las elecciones en México, AMLO) y fue rebautizado con el nombre de T-MEC.

Aunque formalmente la revisión del T-MEC está a casi dos años de distancia, el tema ya empezó a hacer sombra en la relación entre el próximo gobierno de Estados Unidos y el de Claudia Sheinbaum.

Bajo la inédita cláusula de revisión del T-MEC, los tres socios deben confirmar para el 1 de julio de 2026 si deciden continuar o abandonar el tratado.

Si Canadá, Estados Unidos o México deciden no renovar el acuerdo, se iniciará un proceso que dejará el futuro del T-MEC en un estado de incertidumbre durante los próximos años, con su consecuente impacto en el horizonte económico de América del Norte.

Expertos coinciden en que la incertidumbre que genera la cláusula de revisión ya es una preocupación mayor para las comunidades empresariales de los tres países. También para los tres gobiernos y sus Congresos.

Las presiones de los grupos de interés se harán sentir.

En una reciente audiencia legislativa en el Capitolio, el representante de Arizona Gregg Stanton hizo notar la próxima revisión y señaló que México “tiene mucho que hacer” para superar los retos que le permitan aprovechar el nearshoring.

En concreto, “necesita abrir su política energética y acotar a los cárteles”, dijo.

Durante la misma audiencia en Washington, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, sostuvo que las reformas judiciales de México deben preservar la transparencia, así como respetar y mantener las protecciones legales a las inversiones de sus socios, en especial del T-MEC.

“Obviamente México es un país soberano y tiene procedimientos que pueden utilizar para cambiar su marco legal. Creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, ya sean inversionistas nacionales, mexicanos o internacionales, particularmente aquellos de Estados Unidos y Canadá como socios del T-MEC”, dijo Nichols.

Durante el anuncio de su designación, el próximo secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, advirtió que la revisión del acuerdo será uno de los retos del próximo gobierno mexicano, en especial por las tendencias económicas mundiales.

“Vivimos en un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable y la encomienda es sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas. Para tener éxito y cumplir con el mandato del pueblo de México”, dijo Ebrard.

En efecto, las corrientes proteccionistas siguen más presentes que nunca en las filas del partido demócrata.

La firma del TLCAN fue posible porque el entonces presidente Bill Clinton pudo formar una coalición de republicanos y demócratas moderados. Pero dejó una huella al forzar la inclusión de los acuerdos laboral y ambiental.

Sin embargo, fue el propio Clinton quien incumplió las cláusulas de transporte transfronterizo del acuerdo, bajo presión del sindicato de transportistas.

Fue necesaria más de una década de pleitos legales para lograr el cumplimiento cabal de Estados Unidos con el acuerdo en materia de transporte.

Aunque el Partido Republicano históricamente ha sido más proclive al libre comercio, esa visión sucumbió ante la embestida proteccionista de Donald Trump. Durante su mandato desdibujó la agenda económica tradicional de los republicanos y utilizó la política comercial como arma de presión global.

Por eso, más allá del candidato presidencial que resulte ganador, México va a enfrentar el fuego cruzado de presiones de Estados Unidos en materia comercial.

Si se reelige Biden enfrentará presiones de sus filas para exigir concesiones en materia energética, laboral y agrícola.

En el caso de Trump, se esperan presiones similares para exigir condiciones preferenciales para sus empresas e inversionistas.

Más complicada será la negociación si la reforma judicial en México se aprueba en los términos en que la envió el presidente López Obrador al Congreso.

Aquí pueden ganar 500 votos contra cero esas reformas en la Cámara de Diputados, y desde luego será una decisión soberana.

Pero nuestros socios comerciales, también en ejercicio de su soberanía, pueden decir que no les convence la “justicia popular” que se va a instaurar en México e imponernos cláusulas inaceptables.

La renegociación no será fácil, ni con Biden ni con Trump.