Esta historia trata de un tren que rompe con un célebre sistema ambiental, pone en riesgo un templo de más de 300 años, atraviesa de forma subterránea dos kilómetros de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y echa mano de una red de empresas señaladas de factureras.

Comienza en Empalme, una localidad de más de 50 mil habitantes que se fundó en 1905, justo por la creación de un entronque de ferrocarril. Formaba parte de Guaymas y hace 70 años se convirtió en municipio. Es un sitio tan escénico como abandonado: vías del tren que pasan a unos metros del mar, antiguas casas estilo californiano que recuerdan sus épocas de luces y un abandono de servicios públicos que lleva a los pobladores a contar los días de la semana en que tienen agua potable.

El narcotráfico mantiene sitiado el lugar, y eso provoca que muchos de los actos de crítica a los poderes legales y fácticos se conviertan en un factor de alto riesgo. Por momentos se diluye la línea entre ambos.

Y es aquí donde inicia la estructura de empresas asociadas que ahora controlan una parte importante del reordenamiento de las vías del tren que van del puerto de Guaymas a Nogales. Varias de estas compañías han sido señaladas de manera pública de ser factureras, es decir, de emitir comprobantes fiscales sin entregar los bienes pagados.

En 2018, el municipio de Empalme fue ganado por la alianza Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación, el alcalde morenista de entonces, Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, empezó a ordenar servicios de asesorías, compra de computadoras, renta de autos y maquinaria pesada, entre otras, pero regidores y la síndica procuradora, Adriana Margarita Pacheco Espinoza, notaron que por más facturas que se pagaban los bienes y servicios no aparecían.

Empezaron a buscar los domicilios de las empresas y documentaron que sus direcciones fiscales eran casas de interés social y locales abandonados. Entonces, en una conferencia de prensa realizada en 2020, mostraron la investigación lograda: siete personas morales y tres físicas, la mayoría de la capital Hermosillo, habían facturado unos 10 millones de pesos al municipio de Empalme y no había prueba de la existencia de las compras. La cantidad representaba cerca de 5% del presupuesto municipal de ese año.

La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Al preguntar por los avances del caso, la institución se negó a dar información. Además, empresas de esta red fueron observadas en 2021 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora.

Ahora, tres años después del trabajo de la auditoría, integrantes de la estructura son los nuevos beneficiarios de una parte de la obra que lleva a la reubicación de las vías del tren de Nogales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó un contrato a través de una invitación restringida que suma 647 millones de pesos para la firma 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos, S.A. de C.V., una compañía que apenas se formó en 2020, que tiene una pequeña oficina de la torre más costosa de Hermosillo, y que tuvo que hacer alianza con otra empresa que sí cuenta con vasta experiencia, grúas y maquinaria pesada para ganar el contrato de nombre Obras Especializadas del Pacífico, creada hace 25 años, en 1999, con sede en Mazatlán, Sinaloa, municipio que se halla a mil 100 kilómetros de Ímuris, Sonora, lugar de los trabajos. A pesar de esto, 3PM es la que recibe los pagos, lidera el proyecto y subcontrata a la empresa mazatleca.

Después de un largo proceso de transparencia, los reporteros obtuvimos los contratos y planos de una parte de la obra. También se visitó la ruta que comienza en Guaymas, se desvía a la sierra de los municipios de Ímuris y Santa Cruz, y concluye a unos cuantos metros de la línea fronteriza de Nogales.

Un punto común de la obra es el silencio de las autoridades municipales, estatales y federales. A diferencia de otras grandes infraestructuras en el país, esta no ha sido promocionada por el gobierno ni ha sido visitada frecuentemente por Andrés Manuel López Obrador.

En las conferencias de prensa mañaneras presidenciales el tren de Nogales se ha mencionado unas 22 ocasiones, la mayoría de forma somera, mientras que el Tren Maya, por ejemplo, se ha comentado 638 veces, de acuerdo con una revisión al portal presidencial.

El Presidente ha decidido entregarle a las Fuerzas Armadas buena parte de los megaproyectos de su administración, como el Tren Interoceánico, el Tren Maya o esta desviación de las vías del tren de carga comercial a Estados Unidos, con el argumento, sin comprobar, de que los militares son, en los hechos, más honestos que los civiles.

Sin embargo, este contrato de millones de pesos fue adjudicado por la Defensa Nacional sin licitación pública abierta a una estructura de accionistas y empresas que ya había sido señalada públicamente de corrupción. Ese no fue un impedimento para los uniformados.

La Sedena no quiso emitir postura alguna sobre el tema.

La red de empresas involucrada en la acusación de Empalme suma siete compañías que tienen un hilo conductor de nombre Mario Israel Haro Amador, un contador público que cambia de papel en las empresas de manera constante: en unas juega el rol de accionista, en otras de administrador único, de apoderado e incluso de comisario. Vende acciones y después las vuelve a comprar sin lógica aparente.

En el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía se pueden leer los movimientos de estas y otras compañías de Haro Amador y de sus socios. La red ha formado una decena de firmas en la última década. Se han intercambiado puestos y transferido acciones. Según la evidencia hallada en sitios oficiales, la mayoría tiene contratos con gobiernos, y aunque ya cuentan con años en esto, el contrato con la Sedena asignado a 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos se ha convertido en el más grande de todos. Es su gran proyecto.

3PM se formó en julio de 2020, hace menos de cuatro años, ya con el gobierno de López Obrador. Sus accionistas de constitución fueron Mario Israel Haro Amador, Alfonso Arturo Laborín Márquez, Gustavo Isaías Salazar Serrano y José Luis Villegas Ramos, pero este último dejó la sociedad un mes después. Se quedó la triada compacta, según muestra el historial registral.

Haro Amador fundó en septiembre de 2017, junto a Salazar Serrano, la empresa Construcción y Materiales HS, S.A. de C.V., que según denuncia pública, de 2019 a 2020 facturó 5.38 millones de pesos al municipio de Empalme, lo que representa cerca de 60% de lo expuesto, y en febrero de 2022, año y medio después de formar 3PM, Laborín Márquez se sumó como accionista de esta compañía, a pesar de las acusaciones de corrupción.

Pero el 14 de abril de 2023, antes de que se firmara el contrato fechado al 3 de julio, y ya con la invitación de Sedena a 3PM para que realizara la obra que consta de seis grandes puentes que libran las montañas serranas de Ímuris, Haro Amador, hilo conductor de la red, decide salirse formalmente de la compañía y dejar de ser accionista. Al menos esa es la versión que él cuenta.

El movimiento no se ha reflejado en el Registro Público del Comercio, pero Haro Amador envió a estos reporteros un fragmento del acta donde se asienta que dejó de ser el administrador único. Su rol de accionista no se aborda en el pequeño fragmento entregado.

Además, en el sitio en internet del gobierno de Sonora se puede encontrar un contrato de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos, S.A. de C.V., que es representada por Mario Israel Haro Amador y está fechado el 1 de junio de 2023, cuando presuntamente ya se había deslindado de la firma, y el 14 de agosto de ese mismo año, después del contrato con Sedena, Haro Amador aparece como representante de la compañía en un acta de recepción de trabajos para rehabilitar parques en Huatabampo, Sonora.

Es oportuno decir que existe un antecedente de esta decisión de des- linde. En octubre de 2022, casi nueve meses antes de que se firmara el contrato con Sedena, Haro Amador fue exhibido en el reportaje periodístico llamado la Estafa Legislativa como parte de una red de empresas factureras que le vendieron al Congreso del Estado de Sonora.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización estatal había determinado que el Congreso no podía demostrar que dos empresas en las que Haro Amador participaba —como accionista en Comercializadora y Logística de Sonora JH, S. de R.L. de C.V., y apoderado primero y comisario después en Distribuciones y Comercio Amy de Hermosillo, S.A. de C.V.—, habían entregado los bienes que vendieron, es decir, las exhibía como posibles empresas “factureras”. En total, según las acusaciones, las dos firmas cobraron a la Cámara de Diputados local más de 80 millones de pesos en productos de limpieza, bicicletas, juguetes u balones, entre otros productos.

Así, con este historial, fue como la red que soporta a 3PM se convirtió en la estructura seleccionada por los militares para encargarse de este megaproyecto. Eso sí, según el contrato, lo hicieron en apego a los criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”, como se los marca la ley.

En el contrato de 3PM con la Sedena, y que se obtuvo con el uso de la ley de transparencia, aparece una dirección para “oír y recibir” notificaciones legales, así como todos los “fines legales y contractuales”: calle Quinta Hermosa #41, colonia Las Quintas, Hermosillo, Sonora. Este equipo de reporteros nos apersonamos en el sitio con la intención de hablar con los representantes de la empresa. Tocamos el interfón y preguntamos por Haro Amador o algún representante de la compañía. Él nos recibió.

Haro Amador no quiso dar entrevista formal, pero tras cuestionarlo negó que haya realizado algún acto de corrupción con sus empresas. Afirmó que no estaba relacionado con 3PM y explicó que dejó la compañía porque ya estaba cansado de hacer tratos con el gobierno.

“No tengo nada qué ver ahí”, zanjó sobre 3PM.

A pesar de este deslinde, en el contrato con Sedena aparece la dirección actual de Haro en Las Quintas, la que visitamos, y no el sitio donde se encuentran las oficinas reconocidas por 3PM, en la Torre Hermosillo. La dirección seguía siendo la misma a pesar de que Haro Amador ya había salido de la empresa.

En la charla, Haro se comprometió a conseguirnos una entrevista con Laborín, el responsable público de 3PM, y así sucedió. Nos recibiría en su oficina tres días después.

El nombre formal del proyecto es Reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora. Los trabajos corren sobre 63 kilómetros de vías del tren con un costo programado de 7 mil millones de pesos. El gobierno de Sonora se ocupa de la negociación de los terrenos y la Sedena aporta el capital para las nuevas líneas del ferrocarril. Los militares se encargan de su construcción a través de sus ingenieros militares y de la subcontratación de empresas privadas.

El objetivo de la intervención, según han declarado el gobernador Alfonso Durazo y el presidente López Obrador, es retirar las vías del tren de la ciudad de Nogales porque se va a ampliar el puerto comercial de Guaymas y esto incrementará el flujo ferroviario, de cuatro a 30 trenes al día y cruza 35 calles. La lógica de la autoridad es que, con el incremento del paso de los vagones, la ciudad quedará partida en dos durante la mayor parte del día y colapsará el tránsito de los habitantes.

Durazo Montaño defendió el tema ambiental porque ha sido uno de los aspectos más criticados de la obra. Al desviar las vías existentes del tren y construir el nuevo trazado, los militares determinaron que pasaría por un lugar dedicado al fomento de especies endémicas.

El nuevo trazado del tren se desvía en Ímuris, un municipio a 65 kilómetros de Nogales y de la frontera con Estados Unidos; ahí se dirige al noreste, llega al municipio de Santa Cruz y concluye en la zona este de Nogales, Sonora.

Visitamos a Laborín Márquez en la Torre Hermosillo, en el piso 14, uno de los más altos, lugar donde apenas se veía un puñado de empleados. En la recepción no se observaba el logotipo de 3PM, sino el de Corporativo HS, que significa Hermosillo, Sonora, muy parecido al que se veía fuera de la sala de juntas de la oficina de Haro Amador.

Durante la entrevista, Alfonso Arturo Laborín Márquez aceptó que Haro era su amigo, que decidió dejar de ser accionista de la empresa 3PM pero que a pesar de ello mantenía con él “un servicio contable”.

Laborín Márquez pidió sólo abordar en la entrevista algunos detalles de su contrato con la Defensa Nacional y se rehusó repetidamente a profundizar sobre Mario Haro y la trama de Empalme.

“No sé nada de lo que me dijiste; no sé a qué te refieres con Empalme”, dijo a pesar de que se hizo accionista de una de las empresas acusadas, “Mario Haro fue socio de la empresa, ya no lo es”.

Sobre el proceso de adjudicación, confirmó que se realizó por invitación y aseguró que no conoce a los otros competidores. En un modelo así, de invitación restringida, la Sedena aplica un filtro previo y determina a quién llama a concursar y a quién no.

El accionista de 3PM contó que se aliaron con la mazatleca Obras Especializadas del Pacífico porque son expertos en cimentación profunda, y eso los hizo ganar el contrato con Defensa Nacional.

“Ellos [Obras Especializadas] proceden totalmente a facturar la parte de la obra hacia mí, hacia 3PM, para cobrar los conceptos que ellos están ejecutando que son su especialidad”, detalló.

En el interior de la oficina únicamente se aprecia una foto de esta obra, la más grande que han realizado; es una sobre la “reforestación” de la zona ante el paso de la megaobra. Nada más.

Se le pidió a Laborín Márquez que nos permitiera tomar una fotografía de la imagen, pero no accedió. También se le requirieron documentos de prueba del trabajo realizado, pero tampoco accedió.

Solicitó que cualquier petición se dirigiera a la Sedena o se acudiera a la zona de trabajos y ahí se tomaran las fotografías, ya que estaban visibles para cualquier persona.

Se buscó “reforestación” en el contrato de 3PM con la Sedena, pero no se encontró el término en las 35 páginas del documento.