Biosistemas y Seguridad Privada, una empresa vinculada a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, y al actual gobernador morenista Alfonso Durazo, se encuentra en el centro de un escándalo tras vender medicamentos oncológicos irregulares al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La empresa, ligada también a “El Clan”, la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador que forman parte de la serie periodística de Carlos Loret de Mola en Latinus, recibió un contrato por hasta 1,210 millones de pesos para el suministro de ocho medicamentos, incluyendo metotrexato, un fármaco crucial para el tratamiento de cáncer infantil.
En 2022, durante la gestión de Alejandro Calderón Alipi en el Insabi, Biosistemas y Seguridad Privada obtuvo este contrato mediante adjudicación directa, sin concurso ni licitación. Calderón Alipi, apodado “Cuchillo” y cercano a los hijos del presidente, es considerado una pieza clave para que “El Clan” obtenga información privilegiada y gane licitaciones en el sector salud.
Dos meses después de la adjudicación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria, ordenando inmovilizar uno de los lotes de metotrexato debido a irregularidades reportadas por dos estados. Esta situación pone en riesgo la salud de los niños que dependen de este medicamento para tratar la leucemia y otros tipos de cáncer.
Biosistemas y Seguridad Privada, dirigida por Roberto Dagnino y Alfonso Dagnino Romo, familiares de Padrés, también ha recibido recursos del gobierno de Alfonso Durazo en Sonora. En abril, la empresa fue adjudicada con un contrato de más de 13 millones de pesos para el suministro de oxígeno y gases medicinales en hospitales del sistema de salud estatal. Este contrato se suma a otro otorgado a principios de 2023 por un máximo de 5 millones de pesos.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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