A finales de enero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidente tercera de gobierno en España, conversó durante más de una hora a solas con Claudia Sheinbaum en unas oficinas particulares en el sur de la CDMX.
Fue una conversación en la cual se abordó el deshielo que la candidata morenista planifica respecto a España si gana las elecciones. Sería el fin de la denominada “pausa” decretada por Andrés Manuel López Obrador luego de que la monarquía ibérica rechazara pedir disculpas por los abusos de la Conquista.
Se mencionaron dos cuestiones muy concretas: la posible visita de Felipe VI a la eventual toma de protesta y un primer viaje de Sheinbaum a Madrid en el mes de enero del 2025, con motivo de una cumbre de turismo que tiene a México por protagonista.
Pero además de esos avatares políticos y simbólicos, se habló de economía y, concretamente, de regulación, temas que apasionan a Díaz. La candidata oficialista, igual que López Obrador, cultiva la idea de que el modelo económico de México debe ser más similar a España que a Estados Unidos: un capitalismo de mercados regulados, con impuestos a sectores concentrados y un estado de bienestar expansivo. Estas nociones aparecen en los segundos planos de los discursos de Sheinbaum.
La sintonía con Díaz es inevitable: por estos días la ministra impulsa que la banca española tenga mayores reservas obligatorias y demuestren mayor solvencia, algo que desde ya afecta la rentabilidad de los bancos. El año pasado el gobierno español instauró además impuestos extraordinarios a los bancos que Díaz quiere que sean permanentes.
En los últimos meses la ministra española se ha confrontado públicamente en su país con los titulares de dos entidades con fuertes negocios en México: Santander y BBVA.
Ayer lunes el Financial Times informó que en el equipo económico de Sheinbaum se comenzó a hablar de una suerte de impuesto extraordinario a los bancos.
Un comentario que circula en el sector financiero: esta idea de Sheinbaum sería contracara de la ley que se discute actualmente en el Congreso prohíbe a los comercios cobrar comisiones por el uso de tarjetas y que beneficia, fundamentalmente, a los bancos. También habría una correlación con el proyecto de ley de reforma financiera que busca quitarles a los bancos mercado de crédito a empresas. La lógica es visible: la normativa podría seguir siendo favorable, pero habrá que pagar más impuestos.