Dice Sándor Márai que “nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido”. El presidente López Obrador está actuando en el final de su mandato en modo venganza contra todo y contra quien desmitifique el legado que dice haber dejado al país, o sea, contra los crímenes que él mismo cometió.

La venganza contra María Amparo Casar es de una infamia absoluta, rompe cualquier límite ético en el ejercicio del poder. Carlos, el esposo de María Amparo, funcionario de Pemex entonces, murió cuando cayó de una ventana de un piso alto de Pemex. No hay constancia pericial de que haya sido un suicidio y como correspondía entonces y corresponde ahora, María Amparo cobró el seguro de vida y la pensión que otorga Pemex a la familia más cercana de la víctima.

Torciendo la historia, el presidente López Obrador y Octavio Romero Oropeza (el agrónomo no titulado que ha llevado a la quiebra a Pemex) en lugar de explicar cómo han logrado que en estos cinco años Pemex tenga los peores números de su historia, salieron a responsabilizar de ello a los fraudes del pasado, pero no hablaron del sindicato petrolero que ahora apoya a Claudia: resultó que la pensión que cobró María Amparo es uno de esos fraudes.

No satisfecho con ello, el gobierno federal liberó sin autorización legal y sin testear (sin suprimir datos personales) 300 páginas de legajos legales con datos de María Amparo, sus hijos, su familia, con todos sus datos personales. Una violación manifiesta de la leyes que tendría que haber obligado a la FGR a iniciar de facto una investigación penal para castigar al responsable. Por supuesto, no hizo nada de eso. La condena partió del Inai, de la sociedad civil y de académicos y comunicadores que conocemos a María Amparo desde hace años, una mujer con la que se puede o no estar de acuerdo, pero de absoluta honradez, inteligencia, y capacidad de debate que nunca utiliza como arma el agravio.

Pero que investiga, indaga y denuncia. María Amparo acaba de presentar el jueves pasado un libro demoledor sobre esta administración que se llama Los puntos sobre las íes. Ahí afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene seis características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. Yo agregaría una séptima: deseo de venganza.

La denuncia contra Casar está contaminada de esas siete características. Parte, además, de explotar una tragedia familiar. Hizo lo mismo un día antes con Ceci Flores, la respetabilísima líder de las madres buscadoras, a la que tachó de mentirosa, mientras que Martí Batres terminó describiendo el hallazgo de restos humanos en una barranca de Iztapalapa como un intento de manipulación con fines electorales. De la misma forma que la denuncia contra María Amparo se basa en una mentira, la descalificación de Ceci Flores parte de una manipulación, pero gubernamental: una vez que Ceci encontró los restos, el lugar fue cerrado y, con rapidez inaudita, en apenas dos horas, la fiscalía decidió que los restos eran de animales y cerró el caso. Antes limpió el lugar.

Casar y Mexicanos contra la Corrupción han hechos decenas de denuncias, algunas me han parecido injustas o poco verosímiles, otras, terriblemente certeras. Esas denuncias, paradójicamente, contribuyeron a deslegitimar tanto al gobierno de Peña Nieto que le allanaron el camino a López Obrador en 2018. Pero a este sexenio, que presume de incorruptible, le brota la corrupción por todos lados, y esas denuncias se le han hecho intolerables al presidente López Obrador, y para deslegitimarlas miente, descalifica, amenaza y paga desde Palacio para amplificar en redes sus infamias.

Decía Confucio que quien decide seguir el camino de la venganza debería abrir dos tumbas, una para su enemigo y otra para sí mismo. Eso debería recordarlo el presidente López Obrador porque él mismo, como todos nosotros, ha tenido tragedias familiares. El Presidente las sufrió en su infancia, con su primera esposa y, de alguna manera, las sufre ahora. Están en el plano personal y ahí deben quedar. Comenzar a lucrar políticamente con las tragedias personales ajenas nos lleva al escenario que plantea Confucio, la tumba para el vengador y para su enemigo.

Pero los límites éticos en el poder están cada vez más difusos. En Estados Unidos los demócratas se quieren deshacer de personajes que por años han mantenido posiciones de poder y que ahora consideran que dañan su imagen. Primero fue Bob Menendez, un legislador de familia cubana que estuvo ocupando un distrito de Nueva Jersey desde 1993 hasta el 2006 y desde entonces está en el senado, incluso a cargo de comisiones claves. Para acabar con sus eternas reelecciones se le lanzó todo tipo de acusaciones. Un mecanismo similar se usa ahora con Henry Cuellar, otro poderoso legislador demócrata de Texas que ha tenido intensa relación con México. Las alas más progresistas del partido se quieren deshacer de él ahora que busca ser reelegido por undécima vez en su distrito texano fronterizo con México. Lo vinculan, sin pruebas, con presuntos sobornos con México y Azerbaiyán con un objetivo bastante claro: que no participe en los comicios de noviembre. Menendez y Cuellar fueron muy protagónicos en el pasado, pero desde el gobierno de Obama y ahora con Biden se convirtieron en un lastre y los quieren fuera. Todos olvidan lo que decía Bioy Casares, el mundo atribuye sus males a grandes conspiraciones, me temo que se olvidan de la estupidez. La venganza es, por cierto, una forma de estupidez.