En marzo de 2014, Alejandro de León de la Mora se presentó en las oficinas del notario Enrique Casillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para constituir la empresa Materiales para Construcción Algu SA de CV, así quedó asentado en el acta notarial.

Tres años después, con esa empresa empezó a obtener contratos de obra pública: 32 en total entre 2017 y 2021. La suma de los trabajos fue de 53.9 millones de pesos. Sólo uno fue asignado por licitación pública nacional; el resto por adjudicación directa o invitación restringida.

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En aquellos años, Tepatitlán de Morelos, municipio de los Altos Sur de Jalisco, estaba gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, primero por Héctor Hugo Bravo Hernández (2015-2018), y después por María Elena de Anda Gutiérrez (2018-2021). El gobierno estatal de Enrique Alfaro corrió a partir de diciembre de 2018.

Mientras la empresa contratista realizaba la construcción de líneas eléctricas y alumbrado público en el municipio, Alejandro de León también participaba en negocios ilegales en centro y sudamérica, según se lee en informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y en acusaciones de los gobiernos de Reino Unido y los Estados Unidos, que pudieron ser consultados gracias a la filtración de más de 13 millones de documentos realizado por el grupo de “hacktivistas” autodenominado Guacamaya (el mismo que filtró los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México), y que sistematizó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), llamado #NarcoFiles.

Para comprobar la identidad de Alejandro de León se compararon documentos oficiales, como CURP, pasaporte, fecha de nacimiento y RFC en la página del SAT con la información de la fiscalía de Colombia.

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La Fiscalía de Colombia realizó una investigación a partir de una alerta del Reino Unido.

También se coordinó con los Estados Unidos. Este último país solicitó una parte de la estructura en extradición.

“Entre enero de 2015 y abril de 2018, o alrededor de dichas fechas, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados Antonio José Ardila Torres, alias ‘Coro’ y ‘El Coronel’, Alirio Lancheros Pinilla, alias ‘Canas’, (…) y Alejandro de León de la Mora, alias ‘Güero’, junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente concertaron para distribuir una sustancia controlada (…) cocaína”, se lee en la acusación del gobierno estadunidense.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirma que “una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó una organización de tráfico de drogas (DTO) que ha operado a lo largo de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica desde al menos 2015, que es responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos a través de Centroamérica y/o México y Europa. La DTO opera en Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y en otras partes, y tiene lazos con varios carteles de droga”.

Fue en 2021 cuando la policía colombiana inició una operación de vigilancia con el nombre clave Cooper, tras recibir un pitazo de los servicios de inteligencia de la embajada del Reino Unido.

Alejandro de León, alias “Güero”, había arribado a Colombia y se hospedaba en un hotel céntrico de Bogotá. Tenía programada una reunión en un restaurante ubicado en el barrio de Usaquén con un grupo delictivo que encabezaba un exmilitar: José Ardila Torres, alias “Coro” o “Coronel”.

A la reunión llegó acompañado por narcotraficantes mexicanos que las autoridades colombianas ubicaron como integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

Según información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Alejandro de León era el enlace con grupos delictivos colombianos dedicados al tráfico de cocaína que salía de ese país sudamericano, subía por centroamérica y cruzaba México para llegar a su destino final en los Estados Unidos.

En noviembre del año pasado El Universal contó la historia de la operación Cooper, que concluyó con la detención de 12 integrantes de la célula criminal, Alejandro de León no estuvo entre los detenidos.

“Lo que se sabe acá –cuenta un habitante de Tepatitlán consultado bajo la reserva de su identidad– es que Alejandro de León trabajaba con el grupo”. La persona con la que se habla evita mencionar las cuatro letras del grupo criminal de mayor crecimiento en los últimos años en México: el CJNG.

Lo que está en documentos es que en julio de 2022 Alejandro de León donó las acciones de su empresa a un familiar y dejó la sociedad, no hay movimientos notariales posteriores en la empresa que estén reflejados en los registros de la Secretaría de Economía.

Se buscó a Alejandro León para conocer su versión sobre esta información, pero no pudo ser localizado.

Aunque se constituyó en 2014, fue hasta tres años después que la empresa empezó a obtener contratos, primero con la renta de maquinaria para el desazolve del río Pegueros, y al poco tiempo con contratos para pavimentación y empedrado.

Todos los contratos que los representantes de la empresa firmaron en 2017 fueron por adjudicación directa, de acuerdo con información que se obtuvo a través de una solicitud de información y con documentos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese año la empresa facturó un total de 6.06 millones de pesos al municipio.

El 2018 fue todavía mejor año para la empresa Materiales y Construcciones Algu, ya que consiguieron facturar 37.1 millones de pesos. Ese periodo fue el único en donde la compañía tuvo que concursar en una licitación pública, los nueve contratos restantes fueron entregados por asignación directa.

Nueve de esos contratos están firmados por el emecista Héctor Hugo Bravo Hernández, y solo uno, destinado a la construcción del parque Alameda, corrió por cuenta de la administración de la también emecista María Elena de Anda Gutiérrez.

El 2019 fue un año con muy pocos ingresos para la empresa por parte del gobierno municipal, pues solo recibieron dos extensiones de contratos por 323 mil pesos.

Entre 2020 y 2021 lograron 12 contratos de obra pública, pero lejos de los montos que obtuvieron con Bravo Hernández, pues en conjunto lograron 10.4 millones de pesos.

El 2021 fue un año en el que pasaron varias cosas en la vida empresarial de Alejandro León. Registró un par de empresas más: Delora Ingeniería e Infraestructura Delora, aunque no hay registro público de que hayan tenido contratos con gobiernos. Al mismo tiempo, la policía colombiana inició la operación Cooper.

Fue también el último año en el que la empresa Materiales y Construcciones Algu obtuvo contratos con las administraciones emecistas, pues el PAN logró la alternancia de gobierno en Tepatitlán, con el arribo del panista Miguel Ángel Esquivias Esquivias, y dejó de contratar a la empresa.

Se solicitó entrevista con el director de Obra Pública de la actual administración municipal de Tepatitlán y con el presidente suplente, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a la petición.

En enero de 2019, tras concluir su trienio como presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, médico de profesión, se integró al gobierno del emecista Enrique Alfaro Ramírez, quedando al frente de la coordinación de los programas de Salud Municipal en la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. En abril del año pasado fue nombrado titular de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, el ente administrativo de la Secretaría de Salud.

Y a principios de este año, cuenta en entrevista, regresó a Tepatitlán tras ser nombrado otra vez candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

Cuestionado sobre los contratos que su administración entregó a Materiales para la Construcción Algu, dijo que la contrató porque Alejandro de León “es un empresario que ayudó mucho a Tepa: siempre invertía en obras de muy buena calidad”.

El actual candidato dijo que Materiales para la Construcción Algu fue “una empresa completamente responsable” y enlistó parte del trabajo realizado: “hizo, por ejemplo, el parque de la Alameda y dos calles, fue lo que él nos ayudó a hacer: el parque Alameda y dos calles en concreto hidráulico bien hechas, es una empresa 100% comprometida y 100% alteña (de Los Altos)”.

–¿Y sobre Alejandro de León, qué nos puede contar, candidato? ¿Conoce a esta persona?

–Pues es de Tepatitlán. Yo conozco a todos los de Tepa, es una ciudad chiquita. Conozco a las empresas que trabajaron en mi gobierno que eran de Tepatitlán, porque mucha obra, pues cuando te etiquetaban, en aquellos años, el recurso federal muchos diputados nos pedían apoyar a ciertos empresarios para mandarnos recurso federal.

–¿Había diputados que a ustedes les pedían específicamente algunas constructoras?

–Sí, claro. Esto es sabido por todos, yo creo, ¿no? O sea ellos, te etiquetaban el recurso y nada más (te decían) apóyame que sea esta empresa y…

–¿Y es el caso de esta empresa, candidato?

–No, fíjate que no, aquí sí yo mentiría. No, es una empresa que yo reconozco que hace un excelente trabajo, definitivamente, y pues le dábamos trabajo a la gente de Tepa.

Tepatitlán de Morelos es una población de poco más de 150 mil habitantes, de acuerdo con el último Censo del Inegi. Y es también la ciudad en donde arrancó su precampaña el candidato de MC al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para, como dijo a la prensa local, “regresar a sus orígenes’”. Es el municipio de su familia materna, y donde fue alcalde su abuelo.

Reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del año 2022, que se conocieron gracias al hackeo a sus servidores de correos por parte del grupo Guacamaya, ubican a David Jimenez Padilla, alias “Orejón”, como la persona a la que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, eligió para controlar la región de los Altos de Jalisco.

De acuerdo con los documentos de la Sedena, Jiménez Padilla es “operador financiero y encargado de coordinar la producción, distribución y trasiego de droga; tiene su base de operaciones y residencia en Jalostotitlán, cuenta con una amplia red de protección institucional”.

Jalostotitlán se halla a unos 50 kilómetros de Tepatitlán de Morelos.

Los datos de la Sedena ubican también a los Altos de Jalisco, especialmente en su región norte, como una zona de confrontación entre la gente del CJNG y el Cártel del Pácifico.

Sobre Alejandro de León no se encontró información en la filtración de Guacamaya Leaks.