La ríspida relación entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, con su antecesor, Arturo Zaldívar –ahora un abierto promotor de Claudia Sheinbaum y de la 4T– aceleró una alianza que se había venido tejiendo en los últimos días y que podría resultar explosiva: la de la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Las denuncias anónimas contra Zaldívar, a las que Norma Piña dio entrada en su calidad de titular del CJF –o bien impulsó– no sólo abrieron la caja de pandora por las presuntas presiones a jueces y magistrados del otrora presidente de la SCJN, sino que apresuraron las conversaciones que iniciaron hace unas semanas los equipos de Piña y Gertz para trabajar conjuntamente, en el menor de los casos, o mejor dicho, para impulsar la judicialización de investigaciones y sentencias contra sus detractores.

Así las cosas, la guerra que mantienen Piña y Zaldívar se ha convertido en el escenario ideal para recomponer la relación entre el ministerio público y el Poder Judicial de la Federación, más allá de los reclamos recurrentes del presidente López Obrador a los jueces y magistrados por los fallos y sentencias adversas a los intereses del gobierno y la reforma judicial que será prioridad para el próximo gobierno federal y la siguiente Legislatura.

Dicha reforma fue precisamente uno de los puntos clave de los acercamientos entre la Corte y la FGR, pues además de que la iniciativa involucra al Poder Judicial y a los ministerios públicos, es Zaldívar uno de sus principales impulsores y quien participa en su elaboración. Por esto y por otros “agravios” del pasado, el expresidente de la Corte es el objetivo en común de Piña y de Gertz.

Además, Gertz ya había tenido elementos contra el exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer por el caso de la extorsión al abogado Juan Collado y por muchos otros asuntos, como la intervención de sus comunicaciones privadas, la cual atribuye a Scherer o a personas relacionadas con él.

En esta columna expuse en su momento la red de funcionarios que controlaban el sistema de procuración y administración de justicia en los primeros años del sexenio actual, la cual tenía como nodo principal la oficina de Scherer en Palacio Nacional. Desde ahí también surgían las iniciativas de reforma al Poder Judicial, las resoluciones sugeridas a los jueces y las investigaciones a las que se debía dar prioridad en la FGR.

Algunos, como Zaldívar, se mostraban conformes con la cercanía, o subordinación, que los poderes independientes y los organismos autónomos tenían con el Poder Ejecutivo, mientras que en el caso de Gertz, si bien es cierto que en la FGR existía una unidad que trabajaba de manera exclusiva para atender los temas que mandaba Scherer, el fiscal nunca estuvo contento con este modelo de control, aunque lo aceptó.

Para el exministro Zaldívar, los acuerdos con AMLO y su consejero Jurídico representaron la posibilidad de extender por dos años su periodo de presidencia en la SCJN; después, cuando el proyecto de extensión se vio trunco, le plantearon la alternativa de convertirse en un encargado de despacho de la FGR, para superar los impedimentos del marco jurídico.

Gertz tiene una mejor relación con la ministra Norma Piña que la que tuvo con Zaldívar en todo su periodo como presidente, y si se toma en cuenta lo que dice el fiscal a sus conocidos, su permanencia al frente de la FGR tiene objetivos claros. “En cuanto acabe el sexenio, yo sólo le voy a guardar lealtad al presidente López Obrador”, suele decir Gertz. Este es un mensaje para quienes él considera que lo traicionaron y se confabularon para intentar despojarlo del cargo, entre ellos el propio Zaldívar, el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Posdata 1

Por lo arriba relatado, Gertz no piensa dimitir como fiscal con la llegada de un nuevo gobierno. En febrero revelé en este espacio que a finales del año pasado, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum se reunió con el fiscal general para hablar de los asuntos más relevantes del ministerio público y de los escenarios para el siguiente sexenio.

Según relataron las fuentes, el presidente López Obrador fue quien pidió a Sheinbaum acercarse al fiscal, ante los rumores de que dos aliados de la “doctora” pretendían quedarse con ese puesto, lo que tenía a Gertz un tanto molesto: el futuro senador, Omar García Harfuch, y su asesor jurídico Arturo Zaldívar.

Sheinbaum, sin embargo, fue a decirle al fiscal que de ganar la Presidencia no tenía la intención de pedirle su salida de la FGR. Gertz Manero fue elegido como primer fiscal general de la República en el 2018 y su encargo termina en el 2028.

Posdata 2

Con la filtración de las presuntas presiones a jueces y magistrados, Piña no solo parece haber conseguido que Zaldívar no pueda ser fiscal general de la República, sino que tampoco consejero Jurídico de un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum. Si esto es así, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Salvador Nava, quien forma parte del equipo de Sheinbaum, es uno de los principales candidatos a ese puesto, como ya lo habíamos advertido en este espacio en diciembre pasado. Su problema, empero, parece estar en sus relaciones con panistas y con el partido que intentaron fundar en su momento Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, denominado México Libre.

Posdata 3

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla parece estar más enfocado en adquirir propiedades en Morelia que en establecer un Estado de derecho y atender las necesidades urgentes de los michoacanos.

En medio del histórico proceso electoral de este año, no es secreto para nadie que la violencia y la inseguridad asolan a la entidad, mientras que el mandatario muestra una evidente omisión en temas críticos. Incluso es visto por muchos como omiso al permitir que el crimen organizado ataque por igual a candidatos y ciudadanos.

Ramírez Bedolla ha sido criticado por sus conexiones y favoritismo, como lo demostró al nombrar a su compadre Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor superior, lo que fue visto como un intento de garantizar impunidad para su administración.

Los ojos están puestos en las transacciones inmobiliarias del gobernador y en su fiel amigo y socio Eloy Vargas, quien se ha convertido en uno de los principales empresarios y desarrolladores de Michoacán.