EN DICIEMBRE DE 2022, la Secretaría de la Función Pública, que comanda Roberto Salcedo, dio a conocer las sanciones impuestas a la empresa Imedic.

Consistieron en la multa más alta prevista en ley y la inhabilitación por 45 meses para participar en contrataciones de gobierno, como consecuencia del desastre médico y de infraestructura ocasionados en los servicios médicos de imagenología para el ISSSTE.

El servicio prestado por Imedic, constituida por Aída y Orquídea González Álvarez en el año 2004 en el estado de Veracruz, fue simplemente fatal.

Y es que en solo 4 meses ocasionó la muerte de 9 personas y el agravamiento de la salud en 2 mil 573 pacientes, atención médica no prestada en 40 mil 86 servicios, unos 25 mil 633 diagnósticos no realizados, la suspensión de 503 cirugías y la reprogramación de otras mil 57, resultando en una afectación de un total de 57 mil 595 derechohabientes del ISSSTE.

Antes de la entrada de Imedic, el instituto dirigido entonces por Pedro Zenteno, contaba con un sistema de imagenología de los más innovadores y eficientes del país. Sin embargo, en julio de 2020, el ISSSTE contrató al proveedor de la muerte.

Fue mediante una adjudicación directa, amañada, llena de irregularidades y actos de corrupción para favorecer a las personas atrás de esta compañía relacionadas con la directora de Administración y Finanzas del organismo, Almendra Ortiz Genis.

Al ser una empresa fachada e improvisada, sin capacidad ni experiencia, el Órgano Interno de Control en el ISSSTE inició una investigación en la que advirtió la falta de prestación del servicio y sus graves consecuencias, la más grave la responsabilidad directa de la muerte de 9 personas.

No obstante la angustia y terror ocasionado por Imedic entre los derechohabientes, médicos y personal de enfermería del organismo, en diciembre del 2023, el ISSSTE volvió a las andadas.

Le dio la vuelta a la ley para seguir beneficiando al grupo de empresas alrededor de Imedic y volvió a adjudicar por la vía directa la adquisición de equipos médicos de imagenología a la empresa Consorcio Hermes.

Esta compañía, de Gerardo Maya Rangel y Mauricio Maya Hernández, vendió al instituto los mismos bienes que utilizó Imedic y que ya habían sido pagados en el contrato por el que se le sancionó e inhabilitó, disfrazando una nueva adquisición de equipos para compensar todo lo no pagado al llamado “proveedor de la muerte” del ISSSTE.

En la convocatoria, el ISSSTE impuso una serie de candados para limitar la libre participación y dirigirla a un proveedor en particular, Hermes, que proveyó los mismos equipos de Imedic.

Hablamos de los que se había comprobado no eran funcionales y borraron la base de datos de las imágenes, estudios e interpretaciones de más de diez millones de procedimientos médicos en el ISSSTE.

En tan solo tres días se concretó una operación de adjudicación directa a Consorcio Hermes por la cantidad de 344.5 millones de pesos.

La servidora pública que recomendó y defendió a la empresa Imedic fue Ortiz Genis, ex integrante de la Ayudantía del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ella misma, en diciembre de 2022, autorizó los contratos adjudicados a Consorcio Hermes para la adquisición del equipo médico utilizado por Imedic y que se encontraba ya en el ISSSTE.

En julio de 2023, por circunstancias extrañas y desconocidas, la Función Pública modificó la sanción de Imedic y redujo el plazo de inhabilitación de 45 a solo 10 meses para participar en licitaciones.

Esa modificación permitió a Imedic participar en marzo de este año, en la licitación para la adquisición, ahora, de medicamentos e insumos para la salud 2024 solicitada por Birmex.

La empresa que dirige el general Jens Pedro Lohmann Iturburu resulta que adjudicó a diversas partidas de medicamentos e insumos para la salud a Imedic, a pesar de su historial de muerte y corrupción.

EL PODER JUDICIAL dio entrada a los juicios de amparo presentados por los integrantes de la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional AC (APAR), ante la consideración de que la nueva Ley de Turismo de la CDMX, que gobierna Martí Batres, podría presentar vicios de inconstitucionalidad.

Si bien es cierto que el nuevo ordenamiento tiene aspectos positivos, como no permitir que menores de edad ocupen estos establecimientos sin la presencia de un adulto, existen algunas consideraciones que necesitan ser revaluadas, pues podrían poner un freno a una industria pujante que tan solo en 2023 generó más de 15 mil millones de pesos para la economía capitalina.

Los afiliados al gremio que preside Manuel Lozano están de acuerdo con la parte de la regulación que garantiza la seguridad de quienes reservan estos espacios, procesos que llevan aplicando durante años en las propiedades que ofrecen, gracias a la especialización que tienen del servicio, los altos estándares de calidad que manejan y los protocolos de protección civil con los que cuentan.

Sin embargo, la APAR aboga por una revisión meticulosa de la legislación para asegurar que se ajuste a las realidades operativas, así como a las necesidades de turistas y residentes por igual, sin desincentivar la inversión, sin sobre regular el sector turístico, ni favorecer a terceros.

HÉCTOR CÁRDENAS CURIEL, empresario inmobiliario de Jalisco, involucrado en escándalos y acusaciones de fraudes y corrupción, ve cada vez más negra su situación. Además de haberle generado una condena internacional al Estado Mexicano por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implica millones de dólares al erario para resarcir a los inversionistas extranjeros que Cárdenas defraudó, ahora enfrenta problemas legales de la mayor magnitud.

Derivado de esa condena internacional, el gobierno de Nayarit emprendió acciones penales por manejos irregulares con inmuebles, aparentemente en colusión con la pasada administración de Néy González. Por ello se libró orden de aprehensión en su contra. Pero por si eso no bastara, Cárdenas vio que la justicia federal le cerró las puertas. En 2022 enfrentó un juicio penal por un fraude procesal que al parecer cometió para librarse y librar a su empresa, Inmobiliaria Bains, de una deuda de 750 millones de pesos, del cual fue absuelto.

Sin embargo, por diversas irregularidades, el pasado 3 de mayo un Tribunal Federal en la CDMX ordenó reponer el juicio, por lo que deberá enfrentar de nuevo las acusaciones con el riesgo de resultar condenado.

LE PLATICABA EN entregas pasadas de la firma El Mundo es Tuyo, la agencia de viajes favorita del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha sabido mantenerse en la preferencia de la 4T. Tan solo en este año, la firma que dirige Marco Antonio Cárdenas ha obtenido negocios por arriba de los 71 millones de pesos, producto de 31 contratos obtenidos con dependencias del gobierno federal, 21 de ellos por adjudicación directa. En los últimos 20 años la firma acumula adjudicaciones por más de mil millones de pesos provenientes del sector gobierno, con constantes clientes como el IMSS, que ahora dirige Zoé Robledo.