Para el clero, el curioso incidente protagonizado por el obispo de Chilpancingo días atrás, donde se habló de un secuestro y luego el gobierno local instaló una tesis de corte personal, marcó un antes y un después en esta contienda presidencial.

La Iglesia Católica, días antes de esos sucesos, venía con un discurso público muy altisonante y crítico sobre la seguridad del país y así se lo habían manifestado los obispos a Claudia Sheinbaum en una reunión privada. Pero tras el incidente de Salvador Rangel hubo una orden de Rogelio Cabrera, titular de la Conferencia Episcopal y hombre de consulta permanente de empresarios y políticos, de bajar el perfil, algo que se ha respetado en todas las diócesis salvo excepciones contadas como Chiapas, donde se cuestiona duramente al gobierno de Rutilio Escandon. La Iglesia Católica no dijo nada más refereido a Rangel.

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Según mencionan en la jerarquía eclesiástica, Cabrera se habría comunicado con sus homólogos de Estados Unidos que a su vez intervinieron con el gobierno de Joe Biden, que es católico y tiene comunicación constante con el Vaticano.

De esos intercambios habrían tenido lugar ciertos contactos y diligencias con Andrés Manuel López Obrador, ejecutados por la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, quien fue enfática en una incursión a Palacio Nacional al señalar que si el narco operaba políticamente en las elecciones de junio habría consecuencias de corte judicial en Estados Unidos contra el presidente y su círculo primario.

Detrás de este cabildeo también estaría Daniel Erikson, encargado para América Latina, que proviene del Pentágono y que ha escrito una tesos sobre narcotráfico y elecciones en México.

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Según dicen los obispos, tras esa advertencia, en diversas zonas del país, el narcotráfico marcó distancia de los procesos electorales y por eso la violencia política solo se mantuvo en el plano de contiendas municipales, sin escalar a candidatos a gubernaturas, senado o diputaciones federales en distritos de peso.

También descartan que en el tramo final de las campañas se registren grandes incidentes o levantones de candidatos, asesores o encargados de casilla.

La Iglesia Católica conoce los detalles de la seguridad no solo por los reportes de párrocos de diversas latitudes sino por toda la división de religiosos que ofician como capellanes castrenses, al servicio de la Sedena.

Según esta tesis, el pedido de Washington no solo fue para que el gobierno controlara el papel electoral de los cárteles, muy visible en ciertos estados en las intermedias del 2021, sino también para avisar que no será bien visto por la administración demócrata que el Gobierno judicialice resultados que le sean adversos. Es un dato porque hoy por hoy tres estados lucen con finales cerrados: Veracruz, Morelos y la CDMX.