“QUIZÁ MÁS RELEVANTE aún desde una perspectiva de mediano plazo es la señal negativa que esta decisión en particular envía a los mercados sobre la manera como se hará política bajo el gobierno de AMLO ”.

Así refería Citibanamex en una nota fechada el 10 de octubre de 2018 la cancelación del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAIM).

La decisión, que después se sabría le pidieron reconsiderar Carlos Urzúa, Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú, marcó al sexenio de la 4T y fue el inicio de la descomposición del sector aeronáutico mexicano.

A menos de cuatro meses de que concluya este gobierno, el saldo de la industria aérea nacional es, simplemente, desastroso, con afectaciones a pasajeros, aerolíneas, aeropuertos y prestadores de servicios.

La destrucción del NAIM frustró la oportunidad de que México se convirtiera en el gran centro de conexión aérea de toda la región para albergar hasta 100 millones de pasajeros anuales.

El segundo yerro en la política aeronáutica fue consecuencia del primer error para justificar que era posible operar simultáneamente el actual aeropuerto Benito Juárez y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Se hizo sobre las rodillas una reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México, mal diseñado y encomendado a un técnico de medio pelo de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

La tercera equivocación, tal vez la más grave de López Obrador, que propició la renuncia de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, fue entregar a los militares la rectoría del sector.

A partir de ahí se sucedieron más y más tropiezos: poner a generales de la Fuerza Aérea a dirigir la Agencia Federal de Aviación “Civil” llevó a que Estados Unidos degradara la Categoría de Seguridad de 1 a 2.

Al general Carlos Antonio Rodríguez Mungía, primero, y, después, al general Miguel Enrique Vallín, les costó 2 años y medio, 465 millones de dólares y 2.3 millones de pasajeros recuperar la Categoría 1. Pero la Agencia quedó tocada: dejó de ser confiable en protocolos, normas, inspecciones, revisiones de seguridad, tráfico aéreo, capacitación y número de inspectores, según la última auditoría que se hizo pública el lunes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que dirige Juan Carlos Salazar.

El desdén con que se ha manejado en los últimos cinco años el regulador aeronáutico impidió una correcta supervisión que evitara la quiebra de Interjet, de Miguel Alemán, y Aeromar, de Zvi Katz.

A lo anterior hay que sumar la militarización de los aeropuertos y la creación de dos nuevos grupos aeroportuarios, uno encabezado por la Secretaría de la Defensa y otro por la Secretaría de la Marina.

Simultáneamente, los grupos aeroportuarios privados: GAP, de Laura Diez Barroso; Asur, de Fernando Chico, y OMA, que preside Nicolás Notebaert, fueron estrangulados mediante cambios sorpresivos en las bases de su regulación tarifaria.

A la vera de la quiebra de Interjet y Aeromar emergió ooootro error garrafal: el lanzamiento de una nueva aerolínea del Estado, la nueva Mexicana de Aviación, cuyo costo de operación solo este año se estima en 8 mil 340 millones de pesos.

Preocupa que a días de que termine la campaña presidencial no se ha sabido de una sola propuesta de política pública para la aviación nacional por parte de Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

Tampoco se han pronunciado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que encabeza Peter Cerda, a nivel regional, ni de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), de Diana Olivares.

¿Y Aeroméxico que dirige Andrés Conesa, Volaris que comanda Enrique Beltranena y VivaAerobus de Roberto Alcántara?

A juzgar por los hechos, todos prefieren nadar de a muertito y como diría el clásico: callan como momias.

UNA NOTA DEL Bufete Ritch Mueller para sus clientes, elaborada por su socio Oscar López Velarde y la pasante Regina Albornoz, le puso el cascabel al gato a la venta de la fibra Terrafina, valorada en unos mil 500 millones de dólares. Y es que los expertos hablan de las implicaciones fiscales que tendrán para los accionistas de Prologis, Fibra Monterrey y Macquarie adquirir los activos del fideicomiso que comanda Alberto Chretin. Las preocupaciones sobre impuestos retenidos y las posibles consecuencias de un desliste van a derivar en un pago altamente gravoso, de cientos de millones de dólares, para los tenedores de esos grupos. Y es que las propuestas de compra lanzadas por las fibras que capitanean Héctor Ibarzabal, Jorge Avalos y Simon Hanna están basadas, precisamente, dejar a Terrafina como una subsidiaria y deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol-Bosch y que preside Marcos Martínez. Ello le va a detonar a sus tenedores altos impuestos que tendrán que pagar al SAT. En esa tesitura las propuestas que quedan exentas de esa circunstancia porque no implican compra, sino intercambio de certificados y fusión de activos, no la desaparición de la fibra, son las de Fibra UNO, que comanda Gonzalo Robina; MRP, de Jerónimo Gerard, que lleva de socio al fondo Blackstone, y Planigroup, de Germán Larrea y Elliott Bross.

HAY NOVEDADES en el pleito entre Luis Miguel y Rafael Heredia. El abogado, afamado por su participación en el documental Presunto Culpable, contestó la demanda entablada por el cantante en su contra, en la que tuvo a bien negar abiertamente haber representado a El Sol de México, particularmente haber recibido pago por cuenta de aquél de las regalías de Luis Miguel: la Serie, transmitida por Netflix, o por cualquier otra causa. También refiere Heredia que es necesario llamar a juicio al amigo del cantante, Miguel Alemán Magnani. Incluso trascendió que el litigante contrademandó ya a Luismi por daño moral, al supuestamente haber afectado su reputación con su demanda, en la que, recordemos, se le reclamó rindiera cuenta de los actos ejecutados al amparo de cierto poder que Luis Miguel le extendió. Es decir, el abogado sostiene que su buen nombre quedó en entredicho por una aparente campaña de desprestigio, supuestamente lanzada por el cantante, hoy de gira mundial.

EN OTRA DE las patoaventuras del “tremendo juez” concursal, Saúl Martínez Lira, ahora tuvo a bien remover al conciliador de Tangelo, antes Mexarred. Estamos hablando de la arrendadora financiera dirigida aún por Alejandro Monzó, que lleva nueve meses en concurso mercantil, tratando de reestructurar más de 800 millones de dólares. Justo cuando el proceso entraba en la etapa final, la de comentar el convenio concursal que al final fue revocado, el titular del Juzgado Segundo Especializado quitó a Fernando Pérez Correa por un supuesto conflicto de interés. Está aplicando ilegalmente la ley, poniendo reglas que no existen y lesionando la figura del concurso mercantil, tal y como apenas en la víspera le informé que la aplicó para el caso de Minera del Norte (Minosa), filial del Grupo Acerero del Norte, tenedora de Altos Hornos de México.