En una decisión insólita, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por una resolución de su Comité de Transparencia, reservó por tres años, que se podrían ampliar a cinco, los resultados de los estudios del agua contaminada que estuvieron consumiendo por semanas los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, debido a que se podrían generar “interpretaciones erróneas”.

Es, obviamente, una decisión electoral. Desde el principio de esa crisis, Sacmex negó que el agua estuviera contaminada y les dijo a los vecinos que mejor limpiaran sus tinacos. Fue hasta que la movilización popular bloqueó un punto sensible del tránsito de la capital que la empresa pública que controla el suministro de agua de la ciudad aceptó que el agua estaba contaminada, aunque el jefe de Gobierno, Martí Batres, insistió en que esa contaminación no provenía de los ductos e incluso se insinuó que podía haber algún sabotaje.

Luego se descubrió, siempre según las autoridades que han manejado el tema con secrecía, que el problema estaba en uno de los pozos que abastecen de agua la ciudad. Rápidamente fue cerrado el lugar, usando incluso a la Guardia Nacional, y desde entonces se hicieron pruebas cuyos resultados nunca se divulgaron. La versión más extendida es que el agua estuvo contaminada con algún lubricante, un aceite, algún petrolífero. Nunca se supo y ahora nos enteramos de que no lo sabremos hasta por lo menos 2027.

La información sobre la calidad del agua es pública y es de interés general, no puede ser reservada. En la alcaldía Benito Juárez vive medio millón de personas y muchas más trabajan y transitan por ella, y todas estuvieron consumiendo agua contaminada durante semanas. El Sistema de Aguas no puede “reservar” la información porque se pueden generar “interpretaciones erróneas”. Es una tontería digna de un Estado totalitario y una subestimación de la capacidad de la gente y de las instituciones para procesar la información, con consecuencias en muchos ámbitos. Por ejemplo, la gente que estuvo consumiendo esa agua contaminada, ¿puede tener consecuencias en su salud? Si es así, ¿cuáles, de qué deben ser tratados, con qué se contaminaron, en qué se pueden basar los médicos para tratar desde una enfermedad cutánea hasta una gastrointestinal, o lo que sea, si no saben qué usó y consumió la gente?

Es más, ¿de qué “interpretaciones erróneas” estamos hablando?, ¿qué puede “interpretar” mal la gente, la sociedad, de un problema tan objetivo como es la contaminación del agua que utilizamos, cómo podemos saber que ese problema no se va a repetir y qué medidas se tomaron para solucionarlo y evitarlo en el futuro? Y, más allá, ¿de qué privilegios goza la autoridad para asumir que su “interpretación” es la correcta y la de la gente será “errónea”?

Es un acto totalitario y se suma a otros que son inexplicables. El gobierno federal no tiene problema alguno en divulgar datos personales de personajes con los que tiene diferencias, desde una corresponsal del New York Times hasta María Amparo Casar, aun violando en forma clara la ley, pero reserva, oculta o considera de seguridad nacional información que, evidentemente, debe ser pública, desde la calidad del agua hasta los contratos para las obras públicas o la forma en que éstas se realizan o sus costos, las acciones de gobierno, las decisiones de salud pública y muchas otras más. O las causas reales de los apagones y la insuficiencia de energía eléctrica. Entiendo muy bien que hay temas que deben ser reservados o que son de seguridad nacional. Pero los temas verdaderamente de seguridad nacional no se abordan en forma en que lo hacen las democracias: en la Legislatura que está por terminar, por ejemplo, nunca se ha reunido la Comisión de Seguridad Nacional porque ni siquiera se llegaron, por responsabilidad de Morena, a establecer sus miembros.

Por eso cuando el Presidente apela a la seguridad nacional o a la necesidad de reservar información se trata, en muchos de los casos, simplemente de ocultar información que debería ser pública y que el gobierno no quiere que se divulgue o porque se tomaron decisiones ignorando las normas y leyes vigentes. El “no me vengan con que la ley es la ley” se aplica también en estos casos: quiero hacer algo rápido y sin tener que rendir cuentas, entonces lo clasifico como seguridad nacional o me reservo la información. ¡No es legal! No importa, cuando termine el proceso de impugnación ya pasó la coyuntura que me preocupaba. Ése es el razonamiento gubernamental que se aplica tanto al tema del agua contaminada como a las grandes obras del sexenio o a los crematorios clandestinos e, incluso, al número real de desaparecidos.

Son rasgos autoritarios que, poco a poco, se van extendiendo a cada vez más capítulos de la vida nacional. Así se consumen las democracias.

EL OBISPO RANGEL

Es desconcertante. El obispo Salvador Rangel decidió perdonar a quienes presuntamente lo secuestraron, drogaron, agredieron y no presentará denuncia contra ellos. Lo cierto es que, más allá de la decisión personal del obispo, si la Fiscalía del estado de Morelos, que encabeza Uriel Carmona, tiene evidencia, como la tiene, de que el obispo sufrió un secuestro con todas esas derivaciones, ese delito debería seguirse de oficio, presente o no denuncia el obispo Rangel, porque, si no, lo que queda es una profunda sospecha en la sociedad.