Los jueces que fueron presionados y amenazados por operadores del ex Ministro Arturo Zaldívar para dictar sentencias en favor del Gobierno del presidente Andrés López Obrador ya iniciaron sus comparecencias y otros tantos ya fueron citados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue el que giró los citatorios a los impartidores de justicia vía la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).
Grupo REFORMA confirmó que los primeros juzgadores ya comparecieron el lunes 6 de mayo en las oficinas de la Judicatura Federal, ubicados en Insurgentes Sur, y que para ello se les facilitaron con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo.
Los primeros citatorios fueron enviados por los correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y magistrados de circuito, en el marco del expediente J/108/2024, confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Como parte de la misma investigación, el CJF también requirió a algunos juzgadores las copias de los asuntos por los que presumiblemente fueron presionados o amenazados por Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien fuera secretario General de la Presidencia de la Judicatura en tiempos de la presidencia de Zaldívar.
Las fuentes consultadas no autorizaron publicar los nombres de los impartidores de justicia citados, sin embargo, entre ellos se encuentran algunos que fueron cambiados de adscripción o enviados a otra entidad federativa, aparentemente como consecuencia de no acatar las instrucciones de Alpízar para respaldar fallos en los términos que los demandaba el Gobierno.
Entre los expedientes cuyas copias fueron requeridas está el de un amparo promovido contra el decomiso del Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, medida que fue dictada cuando el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Este caso no es mencionado en la denuncia que fue presentada contra los colaboradores del ex Ministro, sin embargo, es un amparo que fue tramitado por una juez federal que supuestamente sí fue presionada por Alpízar para resolver otros asuntos, entre ellos algunas extradiciones.
