Célida López Cárdenas, candidata del PT al Senado, afirmó en una entrevista con Luis Alberto Medina que la Iglesia Católica está realizando una campaña en contra de la Cuarta Transformación (4T) en Sonora. Según López Cárdenas, en los grupos de oración en todo el estado se está satanizando a la 4T, argumentando que su llegada significaría una transformación negativa similar a la situación en Venezuela, y que amenaza con la confiscación de la propiedad privada.
“En todas las iglesias están mal informando a la gente. La iglesia no se debe de meter en el proceso electoral”, señaló la candidata.
No obstante, los asistentes a las oraciones sostienen lo contrario. Un feligrés compartió una foto de una oración distribuida durante la misa, asegurando: “Oraciones impresas como esta, había en la iglesia, para quien lo deseara tomara una… en ningún renglón se ataca a la 4T… la intención es para que las elecciones sean pacíficas y la gente salga a votar.”
Otro asistente comentó: “Sra. Célida, en la Iglesia nos entregaron una hoja donde nos piden a todos salir a votar, en ningún lugar se menciona preferencia o comentario a favor o en contra de un partido político.”
Algunos ciudadanos también criticaron a la candidata por sus comentarios, recordándole la ideología del partido que la postula. “Esta candidata debería leer la declaración de principios del partido que la postula, el PT. Es un partido maoísta que SÍ habla de socialismo, lucha de clases y abolición de la propiedad privada. Y que ha mostrado su admiración hacia el régimen de Corea del Norte.”
La controversia subraya la tensión existente entre algunos sectores religiosos y la 4T, en un contexto donde la influencia de la Iglesia en la política sigue siendo un tema delicado en México.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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