María Amparo Casar ha dedicado su vida a fortalecer los contrapesos frente al Ejecutivo, lo que hace casi una década reforzó con su activismo para frenar los abusos de poder a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, incluidos los que se estaban cometiendo en el gobierno de Vicente Fox contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Años antes de fundar la ONG, como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Creel operó a favor de quien hoy le ha cobrado una venganza irreversible contra su fama pública.

Casar, junto con el entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar, confrontó a Fox y al entonces procurador general, Rafael Macedo de la Concha, para impedir que metiera a López Obrador a la cárcel para desactivarlo de la contienda presidencial. Fox, empujado por Macedo de la Concha, quería detener al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber desacatado una orden judicial de no hacer obra en un predio en Santa Fe que estaba en litigio. López Obrador fue desaforado por el Congreso, paso previo para proceder penalmente en su contra, pero persuadieron a Fox sobre los excesos de esta medida que, además, sería políticamente contraproducente.

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Paradójicamente, el abuso de poder que del brazo de Aguilar impidió que se cebara sobre López Obrador, hoy lo sufre, al utilizar el Presidente toda su fuerza para acabar personal, social y políticamente a Casar, al desempolvar un caso cerrado por Pemex hace 20 años sobre la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez, abriendo públicamente todos los detalles de esa tragedia y difundiendo las 384 páginas de que consta el expediente, que incluyen datos personales de ella y sus hijos.

La ruindad con la que López Obrador le ha cobrado la factura por encabezar la lucha por la rendición de cuentas de los poderosos –su trabajo de investigación sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto contribuyó a allanar el camino a la Presidencia a López Obrador– la justifica con una acusación de corrupción, por haber cobrado, asegura, una pensión de viudez de Pemex –que sirvió para la educación de sus hijos– que no merecía por tratarse de un suicidio, y de haber recibido el seguro de su muerte.

López Obrador violentó la ley y la ética política al asegurar que en temas de corrupción no hay datos privados que valgan, pero su actuar no corresponde a la lucha contra las irregularidades, sino a una venganza. Si pensaba que había corrupción, debió haberlo litigado en privado donde Casar pudiera apelar y defenderse en los tribunales. No lo hizo, porque la carga nuclear contra ella es política, no es contra la corrupción, sino un ajuste de cuentas asimétrico para inhibir que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad siga documentando la corrupción de la familia presidencial en este sexenio.

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La invención de culpas y responsabilidades es la marca de la casa, y se aplica para todos aquellos que se vuelven incómodos para López Obrador.

Casar percibió su pensión de Pemex hasta el 15 de febrero pasado, cuando la suspendieron sin darle ningún aviso. La pensión, de acuerdo con exfuncionarios de Pemex, procede más allá de la causa de la muerte, salvo que hubiera en el contrato una cláusula explícita sobre excepciones. Sin embargo, el capítulo XVII del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, en lo concerniente a las prestaciones post mortem, no especifica ninguna salvedad. Y sobre el seguro que cobró, no le costó a Pemex, sino a la aseguradora privada con quien tenía el contrato.

No hay nada en los documentos que ha difundido la Presidencia y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que pruebe ningún acto de corrupción. Incluso, la palabra “suicidio” no existe en ninguna parte del expediente, salvo en una nota informativa en el dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tan descuidado que se desmiente a sí mismo.

En esa nota del 25 de octubre de 2004, Guillermo Omaña, representante legal de Pemex, informó al coordinador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, Carlos Becerril de la Cruz, que Márquez “sufrió (el) accidente al estar sentado y recargado en la ventana de su oficina”. La Fiscalía Desconcentrada de Miguel Hidalgo concluyó, empero, que Márquez había realizado “maniobras de tipo suicida para privarse de la vida”, pero no aportó nada para sostener su caracterización.

Las causas de la muerte que señala son las que establece el acta de defunción, como un “conjunto de traumatismos”, y la conclusión sin base del suicidio probablemente la sacó de las primeras declaraciones de los cuñados de Márquez, José Casar y Juan Rebolledo, que “manifestaron que posiblemente se trataba de un suicidio” por la reciente separación de su esposa. Sin embargo, en la ampliación de su declaración, señalaron que no creían que se hubiera quitado la vida.

Victoria Martínez, que era secretaria asistente de Márquez, detalló que solía sentarse en el filo de la ventana y que se recargaba contra la estructura del edificio para fumar, como lo hizo ese día. Martínez dijo que un día antes de los hechos, no notó ninguna actitud diferente de su entonces jefe. Octavio Aguilar, que era su jefe en la Dirección Corporativa de Administración, dijo que se enteró de su muerte al regresar de un viaje, “pensando que se había tratado de un accidente… (porque) tenía la costumbre de fumar en su oficina y para ello se acercaba a la ventana… sentándose en el marco de la misma de espaldas, y el filo de la ventana era muy delgado, por lo cual creía que había perdido el equilibrio”.

Ese dictamen contradictorio de la procuraduría que encabezaba Bernardo Bátiz en el gobierno de López Obrador no fue relevante, pero es de lo que ahora el Presidente y el director de Pemex se han aferrado para decir que Casar es una corrupta. La acusación es una mentira, de acuerdo con la información difundida hasta ahora y, más grave aún, por las imputaciones, al no ajustarse a ningún supuesto contenido en el expediente, incluso si la muerte de Márquez hubiera sido por suicidio.