Por la verdad histórica y la verdad jurídica
Por Salvador Camarena
La reforma del Poder Judicial se ha vuelto un asunto personal.
El régimen ha decidido un embate sin límite a la Suprema Corte para, en primer lugar, salvar a su ariete Arturo Zaldívar.
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Con ese asalto, Morena pretende enormes ganancias: eliminar todo rastro de presuntas ilegalidades cometidas por jueces y magistrados a petición de esbirros de Palacio y vengarse de quienes resistieron la caprichosa voluntad presidencial.
Encima, Andrés Manuel López Obrador quiere todo el margen para esculpir la ‘verdad histórica’ y la ‘verdad jurídica’ de su presidencia.
La serie de acusaciones anunciadas el martes por Zaldívar junto con Morena en contra de la presidenta de la Suprema Corte tienen como fin último descarrilar cualquier juicio al actual gobierno.
El Presidente no va a permitir que desde el Poder Judicial se investigue y eventualmente pruebe que, lejos de su promesa de arranque de sexenio, él sí se constituyó en el poder de poderes, y que el suyo fue un sexenio de reiterados atropellos a la ley.
Al finalizar sus 70 meses en el poder, creerá haber logrado minar la credibilidad de prensa, academia y sociedad civil, a fin de anular a priori la penetración de cualquier denuncia o balance negativo de su gobierno. Su libro y su mañanera como única verdad.
De la misma forma, la desmesurada respuesta de la administración a la pesquisa contra Zaldívar, anunciando incluso juicio político a la ministra Norma Piña, trasciende el espíritu del plan C para modificar la judicatura y los nombramientos judiciales.
Ya no se trata de tener mayorías constitucionales para, a partir de septiembre, iniciar una reforma de raíz del aparato de justicia de cara al futuro. Ahora se pretende también –destronando, para empezar, a la ministra presidenta– cambiar el pasado, reescribir estos años.
Si triunfa en su despropósito, el Presidente proclamará con la cabeza de Piña en la mano que todo aquello que no pudo lograr en casos como el de Lozoya, se debió a que hubo una conjura que ni con amigos como Zaldívar habría podido desarticular.
Se dirá reivindicado de cuantos fracasos en las cortes encajó, porque teniendo ‘razón’ y siendo ‘justa’ su causa, no tuvo la mínima oportunidad pues enfrentó siempre a jueces y magistrados espurios, representantes de sus enemigos y de los intereses que él afectaba.
De igual forma, terminará de sellar expedientes y casos que a pesar de todo han seguido caminando estos años en contra de su gobierno por violaciones a leyes o normativas en sus megaobras.
La victoria no será, pues, sólo vencer a la ministra Piña y otros miembros del Poder Judicial. La captura de éste se pretende a toda velocidad para no depender ni siquiera de un siguiente gobierno del mismo signo para el control de daños e instalar su verdad jurídica.
Por ejemplo: no tendría futuro alguno el amparo o la controversia que buscara demostrar que hubo daño ambiental en la construcción del Tren Maya. En un juzgado se sancionará que, de jure, será verdad eso de que “ni un árbol” se tiró al tasajear la selva en la península.
La reforma judicial dejó de ser un ardid electoral y se ha convertido en una prioridad personal para el Presidente.
Por su parte, con su contraofensiva en tándem con Morena, Zaldívar quiere salvar el pescuezo y hacerse merecedor de una nueva oportunidad de servir a AMLO, ahora como borrador del rastro de sus encargos.
Ya no se trata de repensar el Poder Judicial que necesita México (si es que alguna vez se quiso realmente eso), sino el que necesita López Obrador.
