El ámbito militar suscita cada vez mayor interés público al tiempo que pareciera que se lo conoce en profundidad cada vez menos. Las tareas que han asumido en estos años, sobre todo la Defensa y el Ejército Mexicano, han sido numerosas, los han llevado a una fuerte exposición pública que no ha sido acompañada por un conocimiento más profundo de la propia institución y por comprender un capítulo central: las Fuerzas Armadas, en este caso en particular la Defensa y el Ejército, no son instituciones sexenales.

Son, quizá, la única instancia estatal con presencia en todo el país, cuya dependencia de los cambios sexenales es menor. Puede haber alternancia y cambios presidenciales cada seis años, pero la institución militar perdura más allá de mandos específicos. Y perdura también, y a veces se lo olvida, su compromiso con las instituciones democráticas y su lealtad a la Constitución.

Por eso también jugar a la política sexenal con y dentro de las Fuerzas Armadas suele ser un error que debilita a la institución y a quienes ejecutan esos juegos. La sucesión de la Secretaría de Defensa no es un proceso de selección similar al de un candidato a un puesto de elección popular y tampoco la decide el general secretario saliente. La norma que se aplica, siempre y en todos los casos, es que ésa es una decisión del mandatario entrante.

No hay, por tanto, un juego sucesorio interno, y en esta ocasión se hará lo mismo que se hizo en el pasado: se pondrá a disposición de quien gane las elecciones las carpetas con los nombres y las historias de los 23 generales de División en activo que habrá después de las elecciones. Uno de los requisitos que se ha establecido es que, entre ellos, entre esos 23, se decida el próximo titular de la Defensa, y quien sea que asuma el gobierno el próximo primero de octubre decidirá quién sucederá en el mando militar al general Luis Cresencio Sandoval.

Estoy convencido de que los juegos políticos en los temas de seguridad y defensa dañan a la institución y a los propios protagonistas. Aún se recuerdan las divisiones internas que se vivieron en 2012 en la sucesión del general Guillermo Galván, en un proceso que terminó con la designación del general Salvador Cienfuegos. Nadie quiere repetir ese proceso.

Por eso no hay reuniones de mandos con equipos políticos partidarios, a nivel local o federal, de los distintos aspirantes, tanto presidenciales como de otros niveles. Lo que sí es imprescindible es que los aspirantes presidenciales asuman que deben conocer a las Fuerzas Armadas, a sus hombres y mujeres, deben saber cómo funcionan y qué los motiva. En ese sentido, existen carencias evidentes y las candidatas y el candidato deberían profundizar en ese conocimiento fuera de los lugares comunes que suelen existir en la opinión pública. Hay especulaciones sin sentido. Hay quien ha dicho que el general Sandoval se pudiera quedar en esa responsabilidad en el próximo sexenio. Es una versión sin sustento alguno, al contrario, resulta inverosímil porque rompería el proceso de movilidad natural, generacional, de las propias Fuerzas Armadas. Nunca ha sido así.

Lo que sí es clave es tener claridad sobre las líneas de continuidad que deben tener la Defensa y el Ejército de cara al próximo sexenio, quien sea de las candidatas la que alcance el triunfo. El Ejército hoy es muy diferente al de hace seis años, en su estructura, en sus responsabilidades, en su exposición y peso público. Seguramente muchas cosas deberán cambiar, pero en las líneas principales (garantizar la seguridad pública, en esta coyuntura sobre todo la seguridad interior, la más vulnerada, y la nacional, así como avanzar en su reestructuración y modernización) debe tener continuidad y debe ser entendido como una parte sustancial de un rediseño global de muchos aspectos de la seguridad y la defensa del país.

Hay cosas que seguramente se deberán redefinir, como los salarios, los apoyos en pensiones, el propio equipamiento derivado de las transformaciones y responsabilidades del sector, que deben tener avances y transformaciones acordes a los tiempos y exigencias. Es ridículo, pero mientras todos los partidos coinciden en que el mayor riesgo para el país está en la inseguridad, México invierte en seguridad y defensa, como porcentaje del PIB, la menor cantidad de todas las naciones de América, sólo por encima de Guatemala. Países como Colombia, Argentina, Chile y Brasil invierten en seguridad y defensa tres veces más que México. Ése será uno de los grandes desafíos que tendrá que asumir quien llegue a la Presidencia y, por ende, a la Defensa Nacional.

No se debe jugar a la política en el ámbito de la seguridad y la defensa, tampoco se debe partidizar la relación con la única institución que puede trascender el sexenio manteniendo estructuras, programas, formación, proyectos estratégicos en todo el territorio nacional a partir de los movimientos generacionales propios de la misma institución.

Que no entre el juego partidario típico de las sucesiones del gobierno en la seguridad y la defensa es fundamental para tener una visión clara de cómo están las cosas, de cómo pueden evolucionar en el futuro, siempre manteniendo la convicción de que las cartas estarán abiertas con todos los generales de División en activo, para que quien llegue a la Presidencia de la República el próximo primero de octubre tome la decisión sobre quién despachará en la Defensa Nacional.