Se viven tiempos de discordia en la República. La confrontación pública entre los Poderes de la Unión pasó de ser una disputa verbal y mediática, a un enfrentamiento frontal, utilizando las instituciones y las leyes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La investigación en contra de Arturo Zaldívar ordenada por Norma Piña en el Consejo de la Judicatura, donde se acusa al exministro de encabezar una suerte de mafia judicial para apoyar al gobierno de López Obrador, provocó una respuesta igual de fuerte desde el Ejecutivo que respaldó y encubrió a Zaldívar con la amenaza de juicio político en contra de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y para documentar los malos aires que soplan en la República, el Poder Legislativo con mayoría simple de Morena se metió en esta guerra entre poderes y se apresta a procesar y a aprobar rápida y solícitamente la denuncia de juicio político contra la ministra Norma Piña. Así que los tres poderes, que según nuestra Constitución, nos deben dar ley, justicia, seguridad y paz, hoy están enfrascados en una absurda y peligrosa confrontación en la que se entremezclan sus funciones y facultades constitucionales, con un choque ideológico y político que para colmo, se contamina con las elecciones presidenciales y enrarece el clima electoral, pero también tensa la convivencia republicana.

¿En que momento este país pasó del equilibrio entre poderes, al choque entre dos de esos poderes y luego a una guerra que involucra a los tres poderes republicanos? Lo que empezó como un desaire al presidente de la República, por parte de la presidenta del Poder Judicial, terminó convirtiéndose, en el clima público polarizado y dividido que vivimos los mexicanos, para unos, en un gesto histórico y valiente de Norma Piña que reivindicó su condición de par entre poderes y se enfrentó al autoritarismo presidencial; pero para otros, fue un error de Norma Piña retar al presidente, que sintió como desafío de la ministra presidenta el haberse quedado sentada mientras todos lo aplaudían de pie en el Teatro de la República. Porque ahí fue cuando López Obrador decidió declararle una guerra verbal, de denostación y estigmatización al trabajo de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

La respuesta de Norma Piña, alentada por el coro de la opinión pública y los opositores del gobierno, fue hacer valer la autonomía constitucional y la libertad de los jueces para emitir sus fallos, y desató a las hordas de jueces que llevaban mesas, años, escuchando al presidente denostarlos un día sí y otro llamarlos corruptos, privilegiados, hasta etiquetarlos de plano como opositores a su gobierno y aliados de lo que el llama la antigua mafia del poder. Los fallos adversos contra el gobierno comenzaron a ser casi todos y desde sus conferencias mañaneras el mandatario respondió no sólo atizando más el discurso sino invocando también a sus mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado a discutir reformas legales que buscan disminuir y debilitar las facultades de los jueces y magistrados del Poder Judicial.

Y cuando la tensión creció a su punto máximo entre los dos Poderes, desde la Suprema Corte saltó del barco del Poder Judicial el ministro expresidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que cambió la toga y el birrete por la matraca y el altavoz político en la campaña de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. El destape político del exministro, que se disimulaba en los primeros cuatro años del sexenio, pero al final afloró la abierta militancia y adhesión política de Zaldívar, vino a atizar aún más el choque entre Norma Piña y Andrés Manuel López Obrador. La mala relación que cultivó el presidente Zaldivar con la mayoría de sus pares de la Corte, en el caso de la ministra Piña, se volvió un maltrato grosero y constante, que presenciaron y observaron el resto de los actuales ministros. Por eso, en cuanto se morenizó Zaldivar, la ministra presidenta comenzó a cobrarle las facturas y en el camino se topó con el abrazo autoritario de López Obrador que acogió bajo su protección al que le sirvió como tapete desde el Poder Judicial.

Así llegamos al punto actual en el que, a la disputa política y electoral que ya enrarece el ambiente, a la violencia desatada del narcotráfico en contra de candidatos y de la población en general en amplias regiones de la República, y a los nubarrones fiscales que amenazan en el fin de sexenio, a una innecesaria y peligrosa guerra entre los Poderes de la Unión. Lo dicho, la discordia llegó y no augura buenas cosas para los mexicanos, que observan entre asqueados, encabronados o fanatizados, tanto pleito, venganza y ataques entre los políticos y entre los representantes de los tres pilares que deben sostener a esta República sobre la que no, no soplan buenos vientos.

NOTAS INDISCRETAS… Y para muestra las discusiones y debates que se están librando en las Cámaras de Diputados y Senadores, ante la muy extraña premura del presidente López Obrador porque sus bancadas oficialistas le aprueben reformas a leyes secundarias que, sin embargo tienen efectos tan fuertes, que lo mismo intentan ponerle un freno legal a las leyes de amparo y a las facultades de los jueces y magistrados del Poder Judicial, que expropian recursos de los trabajadores con el argumento de que los van a utilizar “para complementar pensiones de otros trabajadores”. Y la primera batalla se libró ayer en el Senado donde la oposición, PRI, PAN y PRD se ausentaron de la sesión de ayer para que no alcanzara el quorum oficial y Morena y sus aliados no pudieran aprobar las reformas a las leyes de amparo y amnistía. Por cierto que en lo que pasó ayer en el Senado sólo un senador de la oposición se presentó a la sesión junto con los morenistas, verdes y petistas. Dante Delgado Ranauro, el coordinador de Movimiento Ciudadano, apareció sólo él y su alma, sin ninguno de los otros 6 senadores emecistas, asistiendo al pleno y esperando que comenzara la sesión. ¿Hay problemas en MC o será solo que el resto de senadores y senadoras naranjas andan metidos en las campañas políticas?… Hoy, en San Lázaro, viene también otra batalla entre las bancadas de la 4T y las de la oposición por la creación del fondo llamado “Pensiones del Bienestar”, que pretende apropiarse o al menos tomar control y utilizar el dinero de aquellos trabajadores que, habiendo cumplido 70 años de edad, no han retirado ni solicitado los dineros del ahorro de su vida laboral. El padre de esta reforma ya bautizada como la “Ley Mier”, que es el coordinador morenista y frustrado aspirante al gobierno de Puebla, Ignacio Mier Velasco, declaró ayer a los medios que sí, el gobierno de López Obrador busca disponer de esas pensiones y afores no cobradas en la Consar, pero que no es el primer presidente que lo haría y que Vicente Fox, acusa Mier, dispuso en su sexenio de los ahorros para el retiro de trabajadores mexicanos. Pero según el morenista legislador en eso de “disponer” de los fondos de retiro de los trabajadores hay sus diferencias, pues mientras Andrés Manuel busca utilizarlos para aumentar las pensiones de trabajadores con bajos ingresos, Vicente, el expresidente, los utilizó para capitalizar a la Financiera Rural creada durante su gobierno para sustituir al Banrural y que en esta administración está siendo desaparecida y liquidada. ¿Entonces señor diputado Mier, el fin justifica los medios?… Ruedan los dados. Acecha la Serpiente