Faltan dos meses para la elección presidencial y buena parte de los actuales integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador ya externaron a su jefe, y también lo han deslizado al equipo de la candidata Claudia Sheinbaum, que quieren repetir en el cargo.

Las mayoría de los secretarios de Estado, titulares de organismos y directores de las empresas paraestatales que no están en las listas para buscar un lugar en la Cámara de Diputados o el Senado de la República pretenden ser transexenales, aprovechando que ha sido el presidente López Obrador el que ha aprobado las candidaturas de Morena para cargos plurinominales.

Empezando por la Secretaría de Gobernación y el ISSSTE, encabezados por las hermanas Alcalde, Luisa María y Bertha María, ya externaron su interés por repetir en sus respectivos cargos. Ambas son cercanas a Sheinbaum, pero más Luisa María, a quien la exjefa de Gobierno de la CDMX promovió dentro de Morena como una de sus principales apuestas para sucederla en la capital.

Y hablando de instituciones de salud, otro que quiere mantenerse en el cargo es Zoé Robledo, actual director general del IMSS. El exsubsecretario de Gobernación y exsenador no fue incluido en las listas para regresar al Congreso de la Unión. El pretexto perfecto para mantenerse en el cargo es la implementación del IMSS-Bienestar, que aunque lleva en los hechos Alejandro Calderón Alipi –un incondicional de Andy y Gonzalo López Beltrán– para los ojos del presidente López Obrador y de Sheinbaum, Robledo es el principal encargado.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la actual titular Alicia Bárcena también busca repetir en el cargo, aunque ella no la tiene nada fácil frente a la dupla Juan Ramón de la Fuente-Marcelo Ebrard. El primero es el candidato más viable para convertirse en canciller en un eventual gabinete de Sheinbaum y el segundo coadyuvaría desde el Senado a enfrentar a un posible gobierno estadounidense encabezado nuevamente por Donald Trump.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, igualmente tiene interés de refrendarse en el cargo, toda vez que lleva apenas poco más de un año al frente de esta cartera desde donde se ‘aceitan’ los programas sociales y se distribuyen los fondos multimillonarios a los beneficiarios. Del resultado de la elección de junio dependerá su permanencia, pues es una secretaría clave para los comicios. Se revisará la eficiencia del despliegue de los llamados “servidores de la nación” en su tarea de impulsar el voto a favor de Morena.

La repetición al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también es procurada por su actual titular, Jorge Nuño Lara, uno de los funcionarios de no tan alto perfil que son muy cercanos al presidente López Obrador. Nuño fue jefe de inversiones de Hacienda al inicio del sexenio, luego subsecretario de Infraestructura y desde noviembre del 2022 titular de la SICT.

El titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, también se apresta a repetir, con el impulso de su amiga Luisa María Alcalde, quien lo promovió para quedarse al frente de esa cartera tras su salida. Caso similar al de Sedatu, encabezado por Román Meyer, y el Infonavit, que lleva Carlos Martínez, todos parte de un mismo grupo también muy cercano a los hijos mayores del presidente López Obrador.

Miguel Torruco también quiere repetir en la Secretaría de Turismo federal, puesto al que se aferró con uñas y dientes durante todo el sexenio. Curiosamente, ahora es a través de su hijo, Miguel Torruco Garza, y no de AMLO, que podría lograr su cometido en caso de que Sheinbaum gane la elección.

En Economía, Raquel Buenrostro estaría dispuesta a mantenerse en el cargo para enfrentar las disputas comerciales que vendrán con Estados Unidos y Canadá pasadas las elecciones y la renovación del TMEC en 2026, mientras que quien la relevó al frente del SAT, Alejandro Martínez Dagnino, muy cercano a Andy López Beltrán apuesta a renovarse en el puesto poniendo por delante los resultados de recaudación fiscal.

En las empresas productivas del Estado –que más bien funcionan como paraestatales–, Manuel Bartlett hace votos por quedarse al frente de la CFE, lo mismo que Octavio Romero en Pemex. En estos dos se ve prácticamente muy difícil que Sheinbaum sucumba ante los deseos de dos funcionarios que han llevado terriblemente la operación de ambas empresas, lo mismo con respecto a la Secretaría de Energía, a cargo de Miguel Ángel Maciel Torres. La idea de Sheinbaum sí es darle un giro a toda la política energética.

En la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O no pretende repetir, porque quedó harto de la burocracia, pero impulsa a quien lo acompañó en todas las decisiones importantes durante su mandato: el exsubsecretario Gabriel Yorio. Los hijos de AMLO apoyan al otro subsecretario, al de Egresos: Juan Pablo de Botton.

Y finalmente, de entre los cargos relevantes del gabinete, los de las Fuerzas Armadas son todavía de pronóstico reservado. Es prácticamente un hecho que ni Luis Cresencio Sandoval repetirá al frente de la Sedena, ni Juan José Ojeda en la Semar. La incógnita es si el presidente López Obrador acordará sus relevos o sería Sheinbaum.

Donde no habría continuidad es en la Secretaría de Salud, con Jorge Alcocer, en la Secretaría de Seguridad, con Rosa Icela Rodríguez; Semarnat, con María Luisa Albores González; Sader, con Víctor Villalobos; SEP, con Leticia Ramírez; Cultura, con Alejandra Frausto; el Insabi, con Juan Antonio Ferrer; el Conahcyt, con María Elena Álvarez-Buylla; la Conade, con Ana Gabriela Guevara: la Profeco, con Ricardo Sheffield; el INM, con Francisco Garduño Yáñez, entre otras más.

La gran pregunta es si Claudia Sheinbaum dejaría pasar a todos estos perfiles, la mayoría muy cercanos a López Obrador y a sus hijos, y la minoría incondicionales a ella. En el primer caso, se vería una continuidad muy marcada que no ayudaría a borrar el estigma de la mano del presidente López Obrador en el eventual gobierno de Sheinbaum.

A propósito del próximo secretario o secretaria de Hacienda, vaya que tendrá que lidiar con las presiones fiscales y financieras que heredará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los precriterios de política económica que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados la dejan entrever. Por un lado prevé que la economía va a desacelerarse en 2025, del 3% previsto para 2024 a 2.5% para el siguiente año. Sin embargo, estima un incremento en los ingresos fiscales del orden de 700 mil millones de pesos. La pregunta es cómo va a ser posible elevar la recaudación con un menor crecimiento del PIB. La respuesta, según Hacienda, es con una mayor eficiencia fiscal. No habla de una reforma que amplíe la base gravable ni aumente las tasas de impuestos, pero es algo que la próxima presidenta deberá poner sobre la mesa si no quiere enfrentar presiones financieras y presupuestales que lleven al país poner en riesgo su calificación crediticia.

Si Sheinbaum llega a la Presidencia y Gabriel Yorio se mantiene en su cargo de subsecretario o lo ascienden a secretario, deberá hacer frente a este escenario. La parte positiva es que, por lo menos, ya conoce las entrañas de las finanzas públicas del país.

Todo parece indicar que la entrada en vigor del decreto que prohíbe el uso del glifosato en la agricultura mexicana va a posponerse hasta nuevo aviso o hasta que el gobierno encuentre un sustituto para este herbicida.

Ayer el presidente López Obrador afirmó que su gobierno sigue investigando para encontrar un sustituto al glifosato, porque, según las investigaciones del Conahcyt, se ha demostrado que es dañino para la salud. Tales premisas no han sido comprobadas, y junto con la prohibición de las importaciones de maíz transgénico a México es otro de los frentes abiertos que tiene el gobierno con Estados Unidos en el marco del TMEC.

El martes, las secretarías de Economía, de Medio Ambiente, de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informaron que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato. La decisión, dijeron, obedece a que debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país.

De acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, se condiciona la abstención de otorgar autorizaciones y proceder a la revocación de registros sobre tres puntos.

Primero, mantener la producción agrícola; segundo, disminuir el posible impacto por la sustitución de la sustancia; y tercero, contar con las alternativas, prácticas agroecológicas y saludables, que permitan prescindir completamente del glifosato. Este último continúa en proceso.

Pero los duros y radicales del gabinete, como la titular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, y el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, están dispuestos a afectar la producción de alimentos y generar inflación por un tema ideológico que no está bien fundamentado.