No creo que la decisión de proceder a realizar una investigación inmediata a partir de una denuncia anónima y sin pruebas en contra del expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hoy convertido en uno de los voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, ayude a la causa de conservar la independencia del Poder Judicial e impedir la desastrosa iniciativa que quiere impulsar el presidente López Obrador.

La investigación se ve como un golpe político muy similar a los que utilizó la 4T en estos años de gobierno contra sus adversarios. No desconozco la profunda animadversión que existe entre el expresidente de la Corte y su sucesora y de varios otros ministros contra Zaldívar. Tampoco la molestia existente y comprensible porque un expresidente de la Corte esté impulsando una reforma que, de llevarse a cabo implicará una subordinación de la SCJN al poder político, o que Zaldívar haya saltado con tanta rapidez de la Corte al trabajo partidario.

Pero la investigación en cuestión tiene demasiados capítulos oscuros. Primero, es una pieza política, una especulación, que podría ser parte de un texto de opinión, pero no va acompañada por pruebas, como lo tendría que tener cualquier reportaje, lo que la vuelve inútil judicialmente, pero útil políticamente.

Segundo, es una denuncia anónima: llama profundamente la atención que se le atienda apenas un día después que se presentó y sin pruebas que la sustenten. Tercero, mete de lleno al Poder Judicial en una crisis en la que ya estaba, pero que ahora estalla públicamente y eso trasciende a Zaldívar, Alpízar y otros mandos de la Corte, y llega a jueces y magistrados.

El Poder Judicial se mantuvo con un frente relativamente unido ante los ataques e iniciativas de reforma del Poder Judicial del presidente López Obrador, pero con esta investigación ese frente quedará por lo menos con serias fisuras. No me gustan las denuncias anónimas, como tampoco la utilización de testigos protegidos y su conversión de delincuentes en acusadores a cambio de un testimonio que no tiene pruebas.

Para variar, éste es un problema que creó, en esta última etapa pública, el presidente López Obrador con aquella declaración de que le pedía a Zaldívar, cuando era presidente de la Corte, que viera casos especiales, políticos, de interés del Ejecutivo. No es una novedad, lo es que se diga de esa forma y con esa irresponsabilidad.

Abierta esa puerta, sumados el protagonismo que ha tenido Zaldívar en medios y en la controversia por la hipotética reforma judicial, los elementos estaban dados para la presentación de una denuncia de este tipo y para darle cauce a la investigación. No lo sé, pero sin pruebas materiales no creo que se pueda avanzar mucho, aunque paradójicamente sí sirve para alimentar a aquellos que quieren deshacerse de la autonomía del Poder Judicial.

Creo que Zaldívar, que siempre ha sido un jurista de alto nivel, hace mal en jugar a la política con la reforma lopezobradorista al Poder Judicial, que va en contra de lo que siempre ha defendido. Creo que Norma Piña hace mal en entrar ella también a un juego político donde no tiene nada que ganar utilizando los instrumentos que siempre descalificó, las denuncias anónimas. Creo que nadie saldrá ganando de este encontronazo salvo, como siempre, quienes quieren subordinar el Poder Judicial al poder político. Las raíces del escándalo y la ruptura ya están sembradas.

Pensiones

La iniciativa de Morena para confiscar los fondos de pensiones de los mayores de 70 años es un antecedente gravísimo para el futuro. Ésos son fondos privados, individuales, que el gobierno no tiene derecho a utilizar, puede ser mucho o poco dinero, no importa: simplemente no es del gobierno, es lo que han ahorrado los trabajadores a lo largo de su vida. Puede ser que sí existan fondos que estén un largo tiempo sin utilizarse por el fallecimiento del pensionado o porque no han sido reclamados, y que esos recursos vayan a un fondo determinado, pero no es aceptable ni legítimo, que el Estado expropie y decida el destino de recursos que no son suyos, que han ahorrado los trabajadores. La iniciativa no debe pasar y si pasa debe, necesariamente, declararse inconstitucional.

De la leche al agua contaminada