Magistrados federales fueron presionados por el Ministro Arturo Zaldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpízar Salazar, para mantener la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y no frenar la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Conforme expedientes que forman parte de la investigación a Zaldívar, Alpízar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, amagó a los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, aunque ninguno aceptó las presiones.
«Fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimiento, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones, advertencias que al final lograron cumplir», dice la denuncia que investiga el CJF sobre presuntos actos de corrupción en la administración de Zaldívar.
En represalia, a la magistrada Hernández Chong la removieron del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa -donde no llevaba ni un año- al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil en esta ciudad, a pesar de no tener experiencia en esta especialidad jurídica.
Con Camero fueron implacables. El magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa había adquirido notoriedad a principios del sexenio por su voto para suspender la construcción del AIFA, argumentando probables afectaciones al medio ambiente y la falta de consulta previa a comunidades indígenas.
Según la denuncia, a raíz de esa postura, a Camero le revivieron un procedimiento disciplinario que ya antes había sido resuelto, es decir, lo juzgaron dos veces por la misma conducta.
El 10 de octubre de 2019, Zaldívar anunció en rueda de prensa que Camero había sido suspendido para ser investigado como parte de una red de corrupción y al día siguiente, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés López Obrador dijo que al magistrado le habían detectado un depósito de 80 millones de pesos.
Así fue destruida la carrera judicial de más de 30 años del magistrado. Para Camero ya no hubo retorno, porque ocho meses después falleció de cáncer. Murió defenestrado.
La denuncia que investiga el CJF revela que Zaldívar presuntamente presionó para que ningún juez ni magistrado dictara fallos adversos al Gobierno del Presidente Andrés López Obrador en los litigios relacionados con los proyectos estratégicos y los procesos penales que eran de su interés.
Varios de los juzgadores que resistieron fueron suspendidos y desacreditados públicamente, otros fueron readscritos e incluso hubo quienes decidieron adelantar su jubilación o prefirieron renunciar, antes que acceder a las presiones del entonces Ministro.