Históricamente, el catolicismo ha determinado la moralidad de la vida. Apenas el año pasado, en una reflexión sobre el matrimonio, el papa Francisco aseguraba que una familia se funda sobre la unión conyugal entre un hombre y una mujer. La religión decide los pasos a seguir para alcanzar el cielo. Mientras tanto, en la Tierra, las minorías se buscan en referencias inexistentes. La comunidad LGTBIQ+ no se encuentra a sí misma en la biblia, en la televisión ni en las publicidades de inmuebles.
Érica Salinas Castillo (La Paz, Baja California Sur, 41 años) se fue muy joven a Hermosillo, Sonora, lejos de su familia. Se sentía diferente y decidió que quería “sanarse” para poder regresar con sus padres. Así, buscó a la Iglesia católica y se unió a un grupo religioso, donde se enamoró de una chica. Por ser lesbiana, Érica fue víctima por cuatro años de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), que en México están a punto de penalizarse.
“Cuando voy y le confieso al padre que estaba enamorada de una mujer, comienza a decirme que eso era pecado y que teníamos que hacer todo lo posible para que dejara de tener esos pensamientos”, cuenta Érica en videollamada con EL PAÍS. “Ahí es cuando empieza con estas penitencias que van en aumento. Primero, cierto número de rezos, después el viacrucis, luego subidas al cerrito de la Virgen. Llegó un momento en el que hizo que me amarrara un lazo en el abdomen, y cada que tuviera un pensamiento pecaminoso, tenía que halar ese lazo”, recuerda.
Ser distinto a “la norma” parece ser penalizado por la Iglesia, pero también por la sociedad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México cinco millones personas se reconocen como LGTBIQ+, pero el 32,1% de ellas fue discriminada en 2022. Ese mismo año, fueron asesinadas 87 personas en el país por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género, reveló el informe Los rastros de la violencia por prejuicio contra personas LGBTI+ en México, de la organización Letra S.
Por esto, Érica estuvo convencida por años de que quería cambiar. Pensaba que algo estaba mal en ella. Sin embargo, nunca dejó los “pensamientos pecaminosos” y empezó una relación con otra chica, pero la culpa no la abandonaba y en 2008 habló con el sacerdote. “Yo estaba muy desesperada y le dije al cura que ya quería que funcionara la terapia y me dijo: ‘pues esto no está funcionando, vamos a tener que recurrir a los electroshocks, con eso se te van a quitar esos pensamientos pecaminosos’. Me da una tarjeta del psiquiatra (para los electrochoques) y atrás anota el número de la ginecóloga y me dice: ‘Vas con ella, es una ginecóloga que te va a dar hormonas para que recuperes tu feminidad perdida y con eso te vas a curar”.
Para ella, este fue un despertar. “Cuando él dice la palabra ‘curar’, es lo que me retumba en la cabeza y me hace sinceramente entrar en razón. Me dije: pues es que yo no estoy enferma, estoy enamorada”, cuenta Érica. Salió huyendo de la iglesia y tuvo su primer ataque de pánico. “Nunca más volví a esa iglesia y empezó un proceso de separación y resignación de que nunca me iba a poder ganar el cielo”.
Los electrochoques se han usado históricamente para tratar la depresión severa y la ideación suicida. “La terapia electroconvulsiva es un tratamiento seguro y efectivo para la depresión resistente y otras condiciones específicas”, asegura Deni Álvarez Icaza, psiquiatra del Centro Médico ABC, quien asegura que su uso ha tratado de distorsionarse. “Lamentablemente, su uso ha sido estigmatizado repetidamente en los medios de comunicación. Debe aplicarse con el paciente sedado y siguiendo lineamientos clínicos. No hay ninguna indicación ni justificación para que este ni otros tipos de tratamientos médicos sean utilizados de manera anti ética en las llamadas terapias de conversión”, explica.
Aunque no se sometió a los electrochoques, Érica sufrió otro tipo de torturas en la iglesia y para sanar el dolor que le causó esta etapa de su vida dirigió un cortometraje que llamó Para: Sarah, donde contó su historia en forma de ficción para concientizar sobre las torturas que siguen pasando en el país. Lo proyecta en universidades y se ha encontrado con personas que sufrieron lo mismo.
Los Ecosig están por ser prohibidos en México. El pasado 22 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen para tipificar estas prácticas como delito, lo que llevará a sancionar con dos o seis años de prisión “a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
En 2020 empezaron a aprobarse leyes para penalizar los Ecosig en 18 entidades. En otros 12 Estados ya se habían presentado en comisiones y los dos restantes se negaron a tocar el tema. Se espera que este mes ya esté penalizado en todo el país, pero falta un paso. “Ahorita se regresa la ley al Senado. Esperamos que a principios de abril pueda ser ya discutida y aprobada”, dijo en rueda de prensa Iván Tagle, director general de Yaaj México, una organización de activistas dedicados a proteger y promover los derechos de las personas LGTBIQ+. “Algo muy importante es que si bien ya llevamos 18 de 32 Estados en el país que aprobaron esto, ninguno ha propuesto una política pública para prevenir el delito y garantizar la no repetición. Una iniciativa de ley que no esté respaldada con la política pública para construir esto, pues básicamente se queda sin dientes”.
Yaaj México ha enlazado relaciones entre personalidades de la política y la comunicación, como la diputada Salma Luévano, la comunicadora Mónica Garza y el politólogo Genaro Lozano para impulsar este dictamen. Tagle es consciente del desafío que supone implementar la ley. “Esta iniciativa encuentra diversos retos que necesitan ser atacados con el trabajo coordinado de los gobiernos locales, las comisiones de atención a víctimas, las comisiones de búsqueda, las fiscalías. Tenemos que hacer un trabajo titánico, hay muchas personas en el área de la procuración de la justicia, que no sabe ni siquiera qué es una persona bisexual. ¿Cómo vamos a pedirles que configuren un nuevo delito, cuando toda su formación dice que todos los gays son enfermos?”.
“Nada que curar”, es el lema utilizado por los activistas en la campaña para prohibir los Ecosig. Para Érica Salinas, hacer activismo fue una manera de sanar las heridas de su pasado. Fundó la organización Sociedad Activa que desarrolla proyectos educativos y artísticos enfocados en problemáticas sociales. En 2012, su equipo se unió como productores asociados al documental ABC Nunca Más, dirigido por Pedro Ultreras. En 2022, junto a otros colectivos, lograron que el congreso local de Sonora penalizara los Ecosig en ese Estado.
Aunque Érica ha recibido amenazas después de proyectar su cortometraje, está segura de que no se detendrá en el apoyo a las víctimas. “Yo ya no puedo cambiar mi pasado. Soy lo que soy a pesar de ese pasado, pero al menos si yo tengo la fuerza, la capacidad y la red de apoyo suficiente, voy a luchar todo lo que tenga que luchar para que a nadie más le vuelva a pasar”, dice mientras se le quiebra la voz. “Hubiera preferido un millón de veces que no me hubiera sucedido. Hubiera preferido no haber perdido mi juventud. Es una lucha diaria y hasta casi minuto a minuto de no dejar que gane esa programación que nos hicieron durante tantos años”.
A pesar de su experiencia, Érica pudo hacer las paces con la religión. Ha sido invitada a diversos foros de religiones LGTBIQ+ y en octubre del año pasado fue invitada a un encuentro de católicos de la diversidad en Colombia. “Descubrí que eso que me sucedió a mí era muy independiente de mi espiritualidad. Yo me considero una persona muy espiritual”, reconoce. A finales del año pasado, el Vaticano aprobó bendecir a parejas homosexuales, un avance que permitirá a las personas que no se apegan a lo normativo acercarse a la Iglesia.
Se espera que el 12 de abril llegue la iniciativa al Senado para ser discutida y aprobada. Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, los Ecosig serán un delito. Lo siguiente será que las víctimas se sientan seguras para denunciar, se tengan protocolos adaptados a la comunidad LGTBIQ+ y que la impunidad no haga de las suyas.