GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO, alias El Gil, es el personaje bautizado bajo el seudónimo de J.U.A.N. por la Fiscalía General de la República (FGR), al haber sido puesto en libertad en septiembre de 2019.

Sus declaraciones fueron utilizadas para sustentar las falsas acusaciones en contra de miembros del Ejército mexicano.

Tan misterioso como extraño es el hecho que el testigo estrella de la Fiscalía que comanda Alejandro Gertz Manero, ha declarado en al menos cuatro ocasiones dentro de la averiguación previa del caso Ayotzinapa.

Quien fuera jefe de Los Guerreros Unidos, sicario y asesino confeso de los estudiantes de esa normal, ha modificado siempre sus versiones, recordando hechos y circunstancias para inculpar exclusivamente a personal de las fuerzas armadas mexicanas.

J.U.A.N., como es identificado en declaraciones ministeriales, ha sido citado en al menos tres ocasiones para que rinda su testimonio dentro de dos causas penales en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en Toluca, Estado de México.

Testificación respecto a los hechos ocurridos en la trágica noche de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, pero, por dicho de la propia Fiscalía, “después de realizar las gestiones correspondientes, no fue posible localizar al testigo”, solicitando en consecuencia, el diferimiento anticipado de las audiencias señaladas retardando la impartición de justicia para los miembros castrenses.

Queda claro que el esclarecimiento de los hechos ocurridos es lo último que busca la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que encabeza Rosendo Gómez Piedra.

Recordemos que el testigo más relevante de la Fiscalía, Gildardo López Astudillo, fue reclutado por Alejandro Encinas durante su pésimo encargo como subsecretario de Derechos Humanos, testimonio que sirvió para dar forma a una deficiente y pobre investigación, y con ello sustentar la falsa acusación en contra de los miembros de la Secretaría de la Defensa.

Este testimonio es la pieza clave para hacer cuadrar la endeble carpeta de investigación que realizaron respecto al caso Ayotzinapa.

La nueva fecha para que El Gil o J.U.A.N. rinda su testimonio en sede judicial, será el 14 de junio de 2024. Pero no ha sido localizable ni en su casa.

¿Podrá la Fiscalía encontrar a su testigo estelar y sentarlo en el banquillo de los acusados para sustentar las acusaciones en contra de personal militar?

LE PLATICABA DEL problema legal-ambiental para el gobierno de la CDMX, herencia de los últimos tres gobiernos izquierdistas. El Bordo Poniente, vislumbrado desde la administración de Marcelo Ebrard como uno de los sistemas más importantes en el mundo de captura de biogás. Es tanto el que se genera en ese tiradero, que se contempló crear un planta de energía eléctrica que iba ser ejemplo mundial.

A fines su gestión, se lanzó la licitación de la concesión de la planta y el manejo de lixiviados, para contener la grave contaminación al subsuelo y los mantos acuíferos de la Ciudad, misma que ganó un consorcio integrado en la empresa Sistemas Eléctrico Metropolitanos (SEM), de Bernardo Riojas, aquel que fuera dueño de la desarrolladora de vivienda DeMet.

Pasaron los años y no sucedía nada con la creación de la planta generadora, solamente que se siguieron desperdiciando y arrojando al aire de la ciudad millones de metros cúbicos de gas metano, uno de los gases más destructores de la capa de ozono, 20 veces más que el dióxido de carbono, con graves daño a la salud humana.

En la administración de Miguel Ángel Mancera se les ocurrió modificar la concesión para que, en vez de producirse energía eléctrica a partir del biogás, ahora SEM pudiera adquirir la energía eléctrica de terceros, con lo cual se perdía completamente el objetivo ecológico del manejo del gas metano y la protección de los recursos acuíferos de la CDMX. El propio gobierno de Mancera contrató a la empresa proveedora de energía eléctrica por indicaciones de SEM, siendo nada menos que Suministradora Fénix, propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas de Martín Esparza y de Mota-Engil.

La historia no termina ahí, pues por esas fechas una buena parte de las acciones de SEM fueron adquiridas por la propia constructora que maneja Joao Parreira. De acuerdo con cifras oficiales, la administración de Claudia Sheinbaum pagó a SEM más de 12 mil millones de pesos por compra de energía eléctrica a terceros que supuestamente debió haberse autogenerado ecológicamente en Bordo Poniente. Vaya historia.

LE ADELANTABA EL viernes que el caso de Banobras contra Invex, en el que pretende fincarle la responsabilidad de un crédito de 90 millones de dólares que otorgó en tiempos que su director Alfredo del Mazo Maza a un ex colaborador que trabajó con él cuando gobernó Huixquilucan, cobró un giro distinto. Resulta que el banco de Juan Guichard no está obligado a resarcir el error que cometió al acreditar a Rodisa, de Oscar Fernández Luque, compañía que se había comprometido con Pemex en tiempos de Emilio Lozoya a proveer cinco equipos de perforación para pozos terrestres.

Para poder disponer de los recursos, se estipuló en el contrato de crédito la condición suspensiva de que debía constituirse un contrato de fideicomiso de inversión, administración y medio de pago, donde el fin primordial del mismo era que se aportaran al fideicomiso los pagos que Pemex le hiciera a Rodisa, a fin de que con eso se cubriera el monto del crédito a Banobras. Pero el contratista incumplió con sus obligaciones de pago y el banco del gobierno no ha logrado cobrarse porque otorgó garantías de forma fraudulenta.

En el juicio contra Invex solamente demandó que el fiduciario devolviera las cosas al estado en el que se encontraban antes de la entrega de los recursos, es decir, para continuar con el objeto del fideicomiso, el cual es imposible de ejecutar por la cancelación del contrato de Pemex desde 2017. Banobras reconoce expresamente en su demanda que no pretende cobrar en el juicio contra Invex ninguna cantidad a dicho fiduciario, tan es así, que en la sentencia dictada no hay condena a Invex para devolver a Banobras ni un centavo.

PARECE QUE EN el gobierno de la 4T esa clásica de los sexenios priístas del año de Hidalgo está más viva que nunca. Con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción a diestra y siniestra, será muy interesante ver cómo logra mantener el control de las arcas nacionales en un año en que típicamente se abre la llave de los recursos y se da rienda suelta al gasto injustificado.

Como la banca de desarrollo no ha sido ajena a este fenómeno, para evitar tentaciones y malos entendidos, en fechas recientes Nafin-Bancomext, que comanda Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza Sánchez, recibieron la instrucción presidencial de cerrar la llave de otorgamiento de nuevos créditos hasta nuevo aviso. Especialmente si se trata de proyectos o de empresas que no sean prioritarios para el inquilino de Palacio Nacional. ¿Será esto el reflejo de la necesidad de recursos que requiere el tabasqueño para terminar sus compromisos? ¿O una manera de evitar que se entreguen créditos cuestionables en tiempos de reposición? Créditos impagables y/o con garantías chafas.