No se sabe realmente quién suscribió y envió la denuncia anónima que derivó en la investigación contra el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; puede tener muchos orígenes. Apareció en redes una persona que dice ser pasante de derecho que asegura haberla presentado y que dice estar vinculado con Mexicanos contra la Corrupción. Puede ser, pero nadie lo ha confirmado. Versiones sobre otros presuntos beneficiarios hay muchas.

Pero ésa no es la única pregunta que debemos hacernos. La otra es quién divulgó la investigación que se ordenó, me dicen, de oficio. No fue una decisión de la ministra Piña divulgarla y tampoco la decisión de iniciarla tuvo la intención de divulgarla. Ese tipo de documentos pasan por muchas manos en las oficinas de la justicia y cualquiera de ellas podría haberlo divulgado o filtrado. A mí me llegó por la vía del defensor de una de las personas que fueron procesadas en este sexenio, pero no sé si ése es el origen real.

Las acusaciones que se hacen en la denuncia que se pone a investigación no están basadas en pruebas, como hemos dicho toda la semana. Es una narrativa, que tampoco está comprobada, que se está manejando desde hace meses y, paradójicamente, más desde los sectores duros de Morena que desde la oposición. No me imagino que haya jueces que vayan a declarar que fueron ascendidos a magistrados porque aceptaron presiones o que otros digan que tomaron decisiones judiciales porque alguien fue a verlos. No sé si existe algún delito en que el presidente de la Corte consulte un caso con un juez, me imagino que no. Mucho menos que el consejero jurídico, anteriores o actual, se reúna con el presidente de la Corte para ver cómo va un asunto. Es más, ésa es parte de sus responsabilidades. Es tan normal como que lo hagan abogados para tratar sus casos.

¿Qué se puede judicializar de esas denuncias? Desde mi punto de vista, casi nada. Ya veremos qué decide el ministro Juan Luis González Alcántara, pero no veo que la denuncia anónima tenga futuro y tampoco lo tiene la petición de juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña: ¿de qué la pueden acusar?, ¿de darle cauce a una denuncia anónima? Ha ocurrido con cientos, no es exageración, de ellas. Tampoco hay constancia de que la ministra haya filtrado esa información. Ayer lo reconoció el propio presidente López Obrador, en medio de la larga descarga verbal que tuvo en la mañanera. Que las denuncias anónimas deriven en investigaciones exitosas es otra cosa, y en este caso es muy difícil porque no están basadas en pruebas.

Otro tema. Se ha dicho que en las reuniones de los consejos de judicialización, donde participaban funcionarios de la Corte, la Consejería, de Seguridad, militares, de la Fiscalía, se definía la línea de trabajo de los casos más polémicos de esta administración. No puedo saber si alguna vez, en algún caso, eso ocurrió. Pero sí sé, hemos escrito mucho en este espacio sobre ello, que esos consejos o mesas de judicialización eran otra cosa y servían para otros objetivos. Parte del deterioro sufrido en los últimos años es que se cancelaron esos consejos o mesas que reunían a funcionarios de todas esas áreas, pero también a gobernadores y funcionarios de seguridad de cada estado por separado y con ellos se iban diseñando objetivos y operaciones conjuntas, líneas de acción contra distintos ámbitos criminales en cada entidad. Funcionaron con efectividad y eran útiles incluso para comprometer con objetivos claros a distintas dependencias.

Ése no fue un invento de esta administración. Esas mesas vienen operando, de una u otra forma, desde el gobierno de Calderón. Los puso en práctica, si mal no recuerdo, por primera vez en Nuevo León y Tamaulipas, cuando peor era la situación de seguridad en esos estados, Jorge Tello Peón, y no sólo participaban funcionarios, sino también, en muchas ocasiones, representantes de la sociedad civil, sobre todo empresarios. Se hicieron también a nivel federal. Con el tiempo fueron tomando formas distintas, pero el concepto es el mismo. Hoy, en la mayoría de los estados y en la Ciudad de México, funcionaron y funcionan mesas de coordinación de seguridad con las mismas características.

Todo lo demás es construir una narrativa política que pueda ser interesante y hasta verosímil, pero que no tiene demasiado asidero con la realidad.

BANCOS Y ECONOMÍA

Dicen que hoy, muchos banqueros le van a hacer una festiva despedida al presidente López Obrador cuando cierre la que será su última Convención Bancaria en Acapulco. Dicen que algunos bancos, en pocas ocasiones, han tenido tantos beneficios como en esta administración. Puede ser.

Lo que sí es un hecho es que desde espacios de Palacio Nacional se intentó implementar, sin base alguna, una corrida financiera contra Banco Azteca que hubiera afectado a todo el sistema financiero nacional. Que esa campaña duró semanas y se invirtió en ella unos 12 millones de pesos semanales para darle vuelo en redes y terminó cuando se presentó una demanda por terrorismo financiero contra sus responsables.

Veremos también cómo se trata mañana un tema central. La economía está prendida, como en 1994, por alfileres. El déficit fiscal asciende a 5.2% del PIB. Es imposible, como se dice, regresarlo en 2025 a cero y se siguen haciendo promesas imposibles de cumplir. Si llega Claudia, quizá la buena noticia, para no repetir diciembre del 94, es que se queda Rogelio Ramírez de la O, que sabe dónde están puestos esos alfileres. Si queda Xóchitl, su equipo económico tendrá que hacer milagros.