EL GRUPO KOSMOS, de Jack Landsmanas, llegará al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la misma manera en que lo hizo con el de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón.

Lo hará con una amplia cartera de contratos de servicios de alimentación en el sector público a pesar de múltiples señalamientos sobre presuntas irregularidades en su operación.

La estrategia es la misma que el corporativo ha venido empleando desde hace prácticamente dos décadas: competir con diversas empresas para asegurar adjudicaciones en procedimientos licitatorios.

Así evita que la mala reputación de algunas de sus marcas se convierta en obstáculo para los negocios. Se han llegado a contabilizar más de 40 razones sociales vinculadas con este grupo.

Al parecer, el caballo de batalla en este 2024, una vez que razones sociales como La Cosmopolitana o Productos Serel se encuentran ya bajo la lupa, es la firma Operadora de Comedores Saludables SA de CV.

Esta firma acaba de retener los servicios de alimentación en todos los reclusorios federales del país y en las estaciones del Instituto Nacional de Migración, que representan un negocio por casi 600 millones de pesos. A detalle, la dirección de Prevención y Readaptación Social le adjudicó a principios de año el contrato PRS/DGA/S/006/2024.

Ampara un negocio por hasta 480 millones de pesos para el Servicio Integral de Disponibilidad Alimentaria, el mismo que la familia Landsmanas ya operaba con anterioridad a través de otras razones sociales. En este caso, se corrió un concurso licitatorio en el que Operadora de Comedores Saludables fue la única participante.

Tan sólo unas semanas después, a finales de enero, el Grupo Kosmos se ratificó a través de esta razón social como operadora de los servicios de alimentación en las estaciones migratorias.

EI instituto que lleva todavía Francisco Garduño le adjudicó de manera directa el contrato CS/INM/014/2024 por 110 millones de pesos para brindar alimentos a las personas extranjeras en calidad de migrantes.

Operadora de Comedores Saludables es una empresa que ha intentado navegar como proveedor del sector público, alejada del paraguas de Kosmos y los Landsmanas. No obstante, su información fiscal, ubicación y datos de contacto la conectan directamente con el corporativo que ha obtenido ingresos por contratos del gobierno de la 4T por más de 18 mil millones de pesos.

Por sí misma, la firma cargaba ya en esta administración con 44 contratos como proveedor, 22 por adjudicación directa, por un monto total de 588 millones de pesos. Las instituciones con las que mantenía ya relación eran el propio Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Guardia Nacional.

UNO DE LOS mayores problemas relacionados con la escasez de agua es el desperdicio por fugas. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, planteó en su plan hídrico establecer un mecanismo de acción inmediata para repararlas en menos de 24 horas, así como sustitución de líneas primarias y secundarias de la red de distribución.

La morenista sostiene que 30% del agua potable disponible en la capital se pierde en fugas de la red, un porcentaje por abajo de 40% estimado por especialistas de la UNAM. La reparación de fugas de las líneas de distribución implica excavaciones y cortes al suministro de agua, lo cual genera más molestias a los vecinos afectados, además de costos elevados al erario. Afortunadamente, hoy en día existen en el mundo tecnologías avanzadas y de bajo costo para reparar las fugas.

Hace cuatro años, Víctor Palencia fundó Relap, empresa especializada en la reparación de fugas de agua mediante un compuesto patentado que recorre, sella y limpia las fugas, a bajo costo y sin excavaciones, con garantía de 10 años.

El año pasado, Relap realizó su primer servicio en León, Guanajuato, tratando más de 4 mil metros de tuberías, reparando más de 92% de las fugas detectadas y, de paso, identificando tres tomas clandestinas. Este año otros municipios están por firmar contratos o están interesados en la tecnología de Relap.

MAÑANA VENCÍA EL plazo para la extinción del Fideicomiso 2100 MRO que creó el gobierno de Felipe Calderón para administrar la base de mantenimiento de la vieja Mexicana de Aviación. Como le informamos apenas el 6 de marzo, el principal mandato que tenía era vender ese activo, cosa que no se realizó ni en el sexenio de Enrique Peña ni el de Andrés Manuel López Obrador.

Y como se venció el plazo y los funcionarios encargados de la venta no cumplieron con la instrucción, incurrieron en una responsabilidad. Pero no pasará nada. Sucede que en la reunión del Comité Técnico de dicho fideicomiso que se realizó el 14 de marzo se acordó otorgar una prórroga de 18 meses para venderlo. Y los dos principales interesados son las secretarías de la Marina y de la Defensa.

La primera, capitaneada por el almirante José Rafael Ojeda Durán, por ser la controladora del aeropuerto de la CDMX donde está asentado el MRO, mientras que la segunda, comandada por el general Luis Cresencio Sandoval, por ser dueña de la nueva Mexicana de Aviación.

RESULTA QUE EL Juez Segundo de Distrito en Materia Concursal, el reacio Saúl Martínez Lira, el mismo que pone trabas a la reestructura de Altos Hornos de México, con todo y que la familia de Alonso Ancira ya está prácticamente fuera, y él mismo también que desconoció las medidas cautelares que su par, la Jueza Primera, Olga Borja, había otorgado el año pasado al ingenio Puga, de Oscar Garcíarce, acaba de rechazar la solicitud de concurso mercantil de la Europea.

Le platicamos que la cadena especializada en la venta de vinos y licores propiedad de José Ramón Ruiz está tratando de reestructurar pasivos por más de 500 millones de pesos con Bx+ de Antonio del Valle, Citibanamex, que encabeza Manuel Romo, Santander, que lidera Felipe García Asencio, BBVA, que preside Eduardo Osuna, y Sabadell, al mando de Albert Figueras.