La investigación ordenada contra 61 integrantes y exintegrantes del Poder Judicial, incluido el ministro en retiro Arturo Zaldívar, es una declaración de guerra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo político, y en los mismos términos en los que suele moverse el líder máximo de la 4T: con estrategias inéditas que se colocan en límite de los reglamentos y de la ley.

El acuerdo de investigación J/108/2024 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que involucra a jueces y magistrados que habrían favorecido con sus fallos los proyectos del gobierno de López Obrador, se desprende de una denuncia anónima, sin los elementos probatorios suficientes con los que normalmente se detonan este tipo de indagatorias. De hecho, la gestión de Piña al frente de la Corte es la que más ha pugnado por desestimar este tipo de señalamientos.

En repetidas ocasiones, sobre todo cuando vienen críticas al trabajo de los jueces desde la mañanera de Palacio Nacional, la ministra presidenta ha aludido a los artículos 130, 132 y 137 del Acuerdo General del Pleno del CJF para insistir en que “las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas, deberán acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa… en caso contrario, se desecharán de plano”.

En este caso, la denuncia anónima generó en menos de 24 horas una investigación, simple y sencillamente porque la misma se redactó ahí mismo dentro del recinto de Pino Suárez, en una de las ponencias de los ministros. En específico, diversas fuentes aseguran que el encargado de redactar el texto que se presentó ante el CJF el pasado 8 de abril fue uno de los ministros que está por dejar su cargo, con el apoyo de un nuevo colaborador de Norma Piña: Arturo Guerrero Zazueta.

Guerrero Zazueta se desempeñó como secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en tiempos de la presidencia de Arturo Zaldívar; era del grupo cercano al otrora ministro, por lo que de haberse cometido irregularidades él sin duda las sabría. Aunque, como asesor actual de Norma Piña ―es el único funcionario del Poder Judicial que cambió de bando―, también podría señalar sin fundamentos para preservar su posición actual.

Reales o no los fundamentos de la denuncia, el grupo cercano al exministro Zaldívar está listo para reaccionar, aunque se anticipan más revelaciones que incluyen audios y mensajes de texto.

Esta semana se prevé que los jueces involucrados en las pesquisas harán público un pronunciamiento en el que se dicen víctimas de una persecución política; dos días después,  magistrados saldrán a denunciar lo mismo.

Además vendrá una reacción desde el púlpito de la mañanera. El presidente López Obrador aprovechará para insistir en su teoría de que el Poder Judicial está secuestrado por los poderes fácticos y que, en tiempos electorales, responde a peticiones de la oposición.

Además, hay versiones de primera mano sobre que en una casa de la zona de Reforma Lomas se reúnen periódicamente, con el ministro en retiro José Ramón Cossío, el panista Santiago Creel y el líder del priismo Alejandro Moreno, y que una invitada especial a esas tertulias suele ser la ministra presidenta Norma Piña. De ese espacio, aseguran, habría surgido la estrategia con la que se pretende minar a Zaldívar, al presidente y a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

El resultado de esta batalla entre dos bandos que ya desprecian abiertamente las formas y la ley es, de entrada, el resquebrajamiento total de un Poder Judicial que terminará el actual sexenio totalmente dividido; y después el estancamiento de un país que seguirá en el rezago económico, político y social, inmerso en un lucha de cárteles del crimen organizado; todo por la bipolaridad.

Hace unos días, un medio nativo-digital difundió un video en el que Horacio García Rojas, exfuncionario del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, realiza una serie de señalamientos relacionados con los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, con la finalidad para favorecer al exmandatario tamaulipeco prófugo de la justicia, quien busca la protección del fuero debido a que quienes financiaron su campaña de 2016 habrían sido precisamente los Carmona Angulo, según lo exponen documentos obtenidos a través del INAI.

Con adjudicaciones directas injustificadas y empresas comercializadoras ajenas al sector de la salud, el gobierno de Cabeza de Vaca otorgó contratos multimillonarios a las empresas de los principales financieros de su campaña gubernamental en 2016, Sergio y Julio Carmona Angulo, involucrando en la trama a personajes cómplices originarios de Reynosa, como al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra, y al secretario de Administración cabecista, Miguel Ángel Villarreal Ongay.

Dos empresas propiedad de los hermanos Carmona Angulo, Grupo Industrial JOSER y Grupo PERMART, registradas en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Cabeza de Vaca, como se aprecia en el Periódico Oficial del Estado, publicado el 4 de febrero de 2020, recibieron contratos que sumaron cientos de millones de pesos, durante los primeros años del sexenio cabecista, según información de las plataformas públicas.

Tal es el caso del contrato por adjudicación directa, a favor del Grupo Industrial Joser, por un monto de $71 millones 526 mil pesos firmado el 5 de diciembre de 2018 a favor de Miguel Ángel Villarreal Ongay, quien fuera candidato a regidor en la planilla a la alcaldía de Reynosa de Francisco García Cabeza de Vaca en la elección municipal de 2001.

De acuerdo a documentos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai, las empresas de los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, Grupo Industrial Permat y Grupo Industrial Joser, con domicilio en Cerro del Cubilete número 2, del Fraccionamiento Las Fuentes, y Fraccionamiento Valle del Pedregal 418, de Reynosa, Tamaulipas, recibieron contratos multimillonarios del gobierno del panista.

Grupo Industrial Joser, recibió 199 millones de pesos, con depósitos fechados entre el 6 de diciembre de 2017 y el 17 de octubre de 2019, mientras que Grupo Industrial Permat se embolsó 136 millones entre el 27 de diciembre de 2017 y el 13 de diciembre de 2018, a cambio de financiar la campaña gubernamental de Cabeza de Vaca en 2016. Esta es solamente un capítulo de la historia pendiente de un sexenio que, en complicidad con las empresas de los hermanos Carmona Angulo y su intermediario Horacio García Rojas, refleja el grado de descomposición política del sexenio anterior en Tamaulipas.