EN LA CDMX y su zona metropolitana se le viene la noche a los campos de golf. Y no es para menos ante la crisis hídrica que aqueja al centro del país.

Le adelanto que los equipos del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, alistan un mecanismo para recuperar y controlar las concesiones de agua.

El esquema se pretende aplicar también en Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán y Tlalnepantla, que gobiernan respectivamente Angélica Moya, Romina Contreras, Pedro Rodríguez y Marco Antonio Rodríguez.

La revisión de los acuerdos, que inició hace poco más de seis meses, proviene de las autoridades estatales y pasa por encima de esos alcaldes, lo cual es importante aclararlo.

La directiva impactaría a privados, como el Club de Golf Chapultepec, el Club de Golf México, el Club de Golf Bosques, el Club de Golf La Hacienda, el Club de Golf La Herradura y el Club de Golf Avándaro, entre otros.

Asimismo, a los centros de entretenimiento ubicados en el Club Campestre de la CDMX, en Lomas Country Club, en el Country Club Churubusco, en el Club Campestre Chiluca y en Bosque Real, por mencionar a algunos.

En diversos ejemplos, mientras los habitantes de fraccionamientos y viviendas aledañas padecen la escasez de agua, los pozos disponibles se usan enteramente para nutrir las descargas sanitarias.

También la limpia de instalaciones y otras actividades dentro de las casas club, sumado a que el líquido que llevan a las plantas de tratamiento se redirige a regar los extensos pastos hasta dos veces por día.

Para las autoridades el problema no ha pasado desapercibido que en algunos de los casos los ciudadanos no ven ni una gota de agua proveniente de los pozos.

Los particulares que posean concesiones próximas a expirar seguramente ya no podrán renovarlas.

Lo que aún no está claro es si se recurrirá a un decreto o a acuerdos con la iniciativa privada, pero no quedará pendiente el resguardo de este importante recurso.

Entre los planes también figura que en los campos de práctica el pasto sea sustituido por artificial, además de que en los campos regulares el agua tratada se utilice únicamente para las zonas cercanas a los hoyos de anotación, que en algunos casos cuentan con 9 y en otros con 18.

De esta forma se espera que, en breve, el manejo de los pozos se encuentre en manos de las instituciones de agua federales o estatales, según sea el caso.

EL CONFLICTO QUE se vivió hace unas semanas en el puerto de Manzanillo, que detuvo las operaciones de carga, tiene antecedentes. Operadores y clientes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Aispona) señalan a dos personajes como pieza central de la competencia desleal que existe entre las compañías desde hace tiempo. Jesús Ortiz Estévez cultivó una larga relación con el almirante Salvador Gómez Meillón, desde que fue comandante de la Sexta Región naval en Manzanillo, y posteriormente director de la Asipona, cargo del que fue removido en enero de este año por el almirante José Rafael Ojeda Durán. Ortiz Estévez encontró en Gómez Meillón la protección para enfrentar la sanción que había recibido por parte de la Secretaría de Marina (Semar), luego de haber sido demandado judicialmente por la dependencia. A lo largo de ese tiempo, Ortiz Estévez, sin tener un cargo formal en la Asipona, se involucró en la creación de la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), que es un software que lleva el registro y control de las personas, vehículos y carga. Paralelamente, generó vínculos comerciales con la terminal de carga Hazesa, que sigue siendo la favorita por la administración portuaria para la carga y descarga de embarcaciones. El otro personaje en el puerto es José Domingo Sánchez Salinas, quien es personal de seguridad adscrito al almirante Mario Gasque Peña, actual director de la Asipona. Sánchez Salinas tampoco tiene buenos antecedentes. Siendo teniente de navío de infantería, fue acusado por el Ministerio Público en 2013 por encubrimiento en el caso de desaparición de Armando Del Bosque Villarreal en Nuevo León, y por el que fueron aprehendidos cinco marinos como presuntos responsables de haber cometido ese delito. Hasta hoy la Semar ha guardado silencio sobre este caso.

SEÑAL DE TRANQUILIDAD se envió apenas este miércoles en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Alberto Pérez Dayán. El asunto no era menor y generaba alertas importantes en el sector empresarial. Y es que en la reforma de abril de 2021 que prohibió el llamado outsourcing o subcontratación laboral, una de las medidas centrales fue establecer un límite a la llamada PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Bajo el nuevo artículo 127, fracción VIII de la Ley laboral, el derecho de los trabajadores a percibir PTU está topado a tres meses de salario, o al promedio de la PTU percibida en los tres años anteriores, la cantidad que resulte mayor. Este límite era indispensable para que la prohibición del outsourcing no tuviera efectos exponenciales en los costos laborales. El tema es que sindicatos y trabajadores de inmediato acudieron al amparo para cuestionar que estos topes a la PTU eran inconstitucionales, pues el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades está previsto en el artículo 123 de la Constitución. La Segunda Sala de la Corte resolvió el asunto declarando que sí es constitucional este artículo de la Ley Federal del Trabajo, generando ya un contexto de certeza jurídica para trabajadores y patrones. El proyecto fue de autoría del propio Pérez Dayán y fue aprobado por unanimidad, con votos de las ministras Yasmín Esquivel y la combativa Lenia Batres, así como de los ministros Luis María Aguilar y Javier Laynez. Tome nota, además, que con esta votación unánime la decisión será jurisprudencia por precedente obligatorio y todos los demás juicios de amparo promovidos deberán resolverse en este sentido. Un frente de alarma y de riesgo menos para las empresas y también claridad para los trabajadores.

FUE ESTE MISMO año, el 7 de enero, cuando América Móvil que dirige Daniel Hajj denunció ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mojica, violaciones a la neutralidad de la competencia por parte de Altán y Walmart, al vender servicios de telefonía e internet a precios que ni el propio operador más grande de México de Carlos Slim puede replicar. Parecería que Altán Redes, que lleva Carlos Lerma, ahora  controlada por el gobierno, y Bait, subsidiaria de Walmart, que lidera Guilherme Loureiro, mantienen un acuerdo comercial ventajoso que les permite desplazar a sus competidores en una suerte de dumping, generada por los importantes subsidios que recibe del gobierno en forma de espectro, torres, infraestructura de telecomunicaciones y derechos de vía, violando la prohibición constitucional que obliga a Altán a no tener influencia de ningún prestador de servicios de telecomunicaciones. Así vemos nuevamente al gobierno de la 4T intentando competir, deslealmente, en otro sector estratégico como el de telecomunicaciones, como también lo ha venido haciendo en rubros como energía, banca, seguros, transporte, aerolíneas y medicamentos.