AHORA QUE LA ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, está resuelta a desterrar los vicios del poder judicial, que lo haga a fondo y no por consigna.

¿Conflictos de interés, vulneración de la autonomía e independencia del poder judicial, coerción, obstrucción de la justicia y corrupción con la denuncia anónima contra Arturo Zaldívar? Bien. Pero valdría la pena que investigara otros casos. Por ejemplo, el de La Sombra.

Se trata de Abelardo Antonio Esteva, un discreto, pero muy, muy eficaz operador del “Grupo Oaxaca”, que se mueve, como su mote lo indica, dentro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Llegó de la mano de Juan Collado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y desde entonces no ha parado de mover asuntos en la máxima instancia de procuración de justicia del país, para lo cual echa mano de jueces, magistrados e incluso ministros.

Uno de ellos es Eduardo Medina Mora, que se ha convertido en su cara amable en la sede de Pino Suárez, pero sobre todo, en un fuerte soporte técnico-jurídico porque él, Esteva, es un abogado convertido a habilidoso lobista en la Corte.

Pero no es muy avezado en los temas constitucionales, hacia adonde apuntan grandes expedientes que saca favorablemente para sus clientes, algunos de carácter empresarial global y otros para personajes de alta visibilidad política.

Es decir, Juan Collado siguió operando por su vía,

Oaxaqueño, y por lo tanto amigo del Grupo Oaxaca del poder judicial federal, con vínculos con Marco Tulio Cortés (socio de Medina Mora), Juvenal Carvajal Díaz (magistrado federal), su esposa Berenice Ramírez Jiménez (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca), Alejandro Sergio González Bernabé (ex consejero de la Judicatura Federal) y Constancio Carrasco Daza (actualmente asesor en la SCJN).

Aunque la reclusión de Collado lo alejó relativamente de él, Esteva, en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, siguió y sigue operando en la Corte y en el poder judicial en su representación.

Ayudó, por ejemplo, en casos como el del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que al igual que Collado, lograron por fin salir de prisión y llevar su proceso en arraigo domiciliario.

También, junto con grupo Salinista, el abogado Javier López, ha acompañado asuntos de Jaime Sánchez Montemayor y de Juan José Salinas Pasalagua, por mencionar algunos de muchísimos que trae.

UNO DE ESOS grandes temas que se litigaron al más alto nivel de la Corte cuando la presidía Arturo Zaldívar, fue el caso Iberdrola y toda esa madeja de amparos que promovió contra los actos del gobierno de la 4T, que al final la forzó a venderle sus 13 plantas de generación eléctrica. En la negociación con ministros llegó a intervenir Javier Cremades, el afamado abogado español cabeza del bufete Cremades & Calvo Sotelo, a la sazón presidente de la World Jurist Association. Zanjado ese conflicto político, y con Andrés Manuel López Obrador a punto de finalizar su sexenio y un nuevo gobierno en puerta, la empresa que lidera Ignacio Sánchez Galán se apresta a invertir mil 400 millones de dólares en energías limpias en los estados de Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Durango. México, sin embargo, apenas va representar 3% de la inversión global de Iberdrola para los próximos tres años.

UN PERSONAJE CERCANÍSIMO a la candidata Claudia Sheinbaum que no mencionamos ayer, y que ya se está muy activa coordinando la mesa de movilidad, es Florencia Serranía. ¿La recuerda? Era la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que tuvo que renunciar en junio de 2021 tras de que se cayó la Línea 12 del Metro. Serranía está regresando por sus fueros para encabezar un grupo de trabajo en el que destacan Andrés Lajous, el actual titular de la Secretaría de Movilidad; Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios; José Merino, ex director de la Agencia Digital de Innovación Pública, y Javier Buenrostro Sánchez, hermano de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. La ex directora del STC está coordinando, con el acompañamiento también del ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, David Camacho, el programa de infraestructura 2024-2030.

LOS PRÓXIMOS 15 días serán críticos para Tangelo, antes Mexarrend. Esta arrendadora financiera está en concurso mercantil desde agosto del año pasado. El conciliador Fernando Pérez Correa acaba de notificar a todos los acreedores que hagan comentarios y en su caso firmen el convenio concursal. Este plazo vence el próximo 26 de abril y si no se ponen de acuerdo en la reestructura la empresa que aún dirige Alejandro Monzó se irá a liquidación. La compañía arrastra 800 millones de pesos en Certificados Bursátiles que trae Monex, la de Héctor Lagos Dondé, más cerca de 400 millones de dólares en papel de deuda donde Fintech, de David Martínez, tiene la mayor porción, seguido de los fondos Moneda y Doubleline. El problema es que éstos no han podido individualizar su crédito y por lo mismo no pueden opinar sobre el convenio.

DESDE HACE UN par de semanas llegó la orden a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior de suspender viajes. Eso incluye la tradicional participación de los principales bancos de desarrollo en la 87 Convención Nacional Bancaria, a celebrarse dentro de unas horas en el puerto de Acapulco. Ya estaba confirmada y pagada la participación de una delegación de seis funcionarios, incluido el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda. Y pues, pa’tras: el látigo de la austeridad republicana y coto al año de Hidalgo se impuso y que “nadie se mueva”. Aplicará también para Banobras, que comanda Jorge Mendoza Sánchez?