Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, habitó durante tres décadas una propiedad que no estaba registrada a su nombre, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La investigación destaca que la propiedad, ubicada en Tlalpan, pertenecía originalmente a un fideicomiso formado por familias uruguayas. A través de un proceso legal de prescripción positiva, la casa fue finalmente escriturada a nombre de su hija, Mariana Ímaz Sheinbaum, apenas días antes de que Sheinbaum asumiera la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La prescripción positiva es una figura legal que permite adueñarse de un bien inmueble tras ocuparlo de manera continua y pacífica durante años. Sin embargo, el proceso levanta cuestionamientos, pues los beneficiarios del fideicomiso uruguayo fueron notificados del juicio a través de edictos publicados en periódicos de baja circulación, una práctica que ha sido criticada por su falta de transparencia y eficacia. Los codemandados, al no responder, fueron declarados en rebeldía, perdiendo cualquier derecho sobre la propiedad sin tener una oportunidad real de defensa.
Además, se descubrió que uno de los departamentos en Coyoacán también fue transferido a su hija en julio de 2018, mediante un acto de donación. Este departamento, adquirido en 2011, había sido comprado parcialmente con un préstamo y parte del dinero de una herencia.
La organización también destapó que el domicilio oficial de Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral (INE) seguía registrado en San Andrés Totoltepec hasta 2022, a pesar de sus declaraciones públicas de haber dejado la propiedad desde 2018. Asimismo, Sheinbaum y su exesposo, Carlos Ímaz, habían sido jefes delegacionales en Tlalpan, lo que suma una capa adicional de interés público dado su anterior cargo y los cambios en la titularidad de los bienes.
Sheinbaum declaró poseer dos casas y dos departamentos en sus inicios como jefa de gobierno, ahora afirma no tener ningún inmueble y reside en una casa rentada. Estas revelaciones surgen en un momento crítico para la candidata, que se enfrenta a escrutinio público por su manejo de la transparencia y ética en la gestión de su patrimonio, a pocos meses de las elecciones presidenciales en México.
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