En el mundo de los otros datos, las ganancias de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, de Dos Bocas y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado servirán para financiar el ‘Fondo de Pensiones del Bienestar’. Subrayo lo “de los otros datos”, pues en la vida real estas empresas no solo no tienen ganancias, sino que ¡además nos cuestan!
Lo que es más, los mismos que administran o han administrado a PEMEX, a la CFE, al AIFA, a Mexicana y a otras desaparecidas empresas “productivas” del Estado (Gas Bienestar, INSABI, etcétera), son los que ahora quieren administrar el mencionado Fondo. ¿Cómo, si las cuentas que han hecho no pasan ni el examen de rigor y lo único que queda de manifiesto es que se les cuecen las habas por disponer de un dinero que no es de ellos? Hablamos del dinero de gente que ha ahorrado y que lo que debiera hacerse es localizarla para entregárselo.
40,000,000,000 de pesos fruto del ahorro de las personas de la tercera edad que, por alguna razón —todas válidas—, no han solicitado su dinero. El obradorismo se apresta a colocarlo en una gran bolsa que se podrá gastar a discreción y sin rendirle cuentas a nadie.
Ya lo han hecho antes. Usar recursos sin informar su destino. Lo que se tenía en diversos fideicomisos (ciencia, tecnología, cultura, salud y un largo etcétera) fue utilizado por el gobierno de manera opaca. Así como nunca se probó la supuesta corrupción que justificó la extinción de estos fideicomisos, tampoco se transparentó lo que se hizo con esos recursos.
Ejecutivo federal y bancadas morenistas dicen que los afectados podrán reclamar sus ahorros, pero ni en la legislación aprobada ni en la práctica administrativa se establecen los procesos a seguir para hacerlo.
Veamos un ejemplo: ¿qué le espera a los ahorros de los mexicanos que actualmente residen ilegalmente en Estados Unidos y, por lo mismo, no pueden venir a México? Cumplidos los 70 años, ¿cuánto tiempo tienen los jubilados para reclamar su dinero? O bien ¿qué se entiende específica y detalladamente por cuentas inactivas?
La aprobación para robar las AFORES de los adultos mayores que tengan cuentas inactivas tiene implicaciones. Es tomar el dinero privado que tiene dueño, una persona con nombre, apellidos y años trabajados, para llevarlo a un fondo público. El gobierno debería apoyar a quienes no han reclamado el dinero y no confiscarles el ahorro de toda una vida.
La cuestión no termina ahí. En cuanto comience a operar dicho Fondo, este no servirá para todos los trabajadores y tampoco alcanzará a conjuntar los montos prometidos.
El Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, esto es, datos oficiales, informó que el Fondo de Pensiones del Bienestar, suponiendo se aseguren las entradas de dinero establecidas, solo podrá dar apoyo —parcial— durante nueve años de vida laboral a los trabajadores beneficiados. Después de ese tiempo, las crecientes tasas de jubilación harán imposible extraer?* beneficios.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados e irá ahora al Senado para su discusión y votación. Diversos actores de oposición y expertos constitucionalistas han adelantado que llevarán dicha legislación a la SCJN e interpondrán un recurso para que sea declarada inconstitucional.
Por supuesto, el presidente López Obrador ya se erigió en ministro y referente fiscalista, declarando que “no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos”…
El tiempo que se perderá en el ir y venir que ya se anticipa también es un robo; una razón de zozobra para quienes tienen ahí sus ahorros y un motivo de confusión para quienes piensan que tendrán una mejor pensión. Hubiera sido más honesto haberles dicho simplemente: ¡arriba las manos, esto es un asalto!
Tres en Raya
O bien, citar a la aspirante a diputada por Morena, Nay Salvatori: “¡Cámara, ya se la saben, denme sus pertenencias!”