El nivel de abyección de los legisladores oficialistas (Morena, PT y PVEM) fue rubricado con los votos a favor de tres leyes que aceleran la concentración de poder en el Presidente de la República.

1.— El robo de los ahorros de los trabajadores de más de 70 años —75 años en el caso del ISSSTE— que mantienen sus cuentas inactivas en las afores desde hace diez años.

Cifras oficiales hablan de 40 mil millones de pesos que, supuestamente, serán transferidos a un Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Es dinero privado que, por decreto, se transfiere a un fondo público, sin autorización de los titulares de las cuentas —que tienen nombre y apellido— o de sus deudos.

La iniciativa se anunció de buenas a primeras. Tienen prisa. Ni siquiera hicieron el intento de localizar a los afectados. Les urge la lana.

Dice el senador del PAN, Damián Zepeda: “La reforma es para usar el dinero. Habla de que puede invertir. Es lo mismo que hacen las afores, pero ahora lo quiere hacer el gobierno. No es una reforma para garantizar el salario de 16 mil pesos. Eso es mentira”.

2.— La reforma a la Ley de Amparo que impide a los jueces otorgar suspensiones con efectos generales en obras del gobierno (Tren Maya, por ejemplo) o reformas anticonstitucionales que hayan sido aprobadas por una mayoría en el Congreso.

Es decir, prevalece el orden público y el interés del Estado sobre la protección de los derechos humanos.

3.— La Ley de Amnistía que otorga al Presidente la facultad de perdonar a secuestradores, violadores, integrantes del crimen organizado: a los peores criminales.

Ese nivel de abyección ya lo habíamos visto con los priistas levantadedos hasta 1997, cuando se les apareció el bloque opositor en las urnas y se vieron obligados a negociar.

Hoy estamos en la era de “no le muevan ni una coma” y, desde diciembre de 2018, no se negocia nada en el Congreso. Senadores y diputados oficialistas reciben línea de Palacio Nacional y de allí no se mueven.

Para que estas tres leyes no se concreten los opositores les apuestan a las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, el contrapeso más efectivo al Poder Ejecutivo

Eso explica la terquedad del Presidente de destruir al Poder Judicial vía la elección de jueces, magistrados y ministros.

¿Se imagina la elección de un juez en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Colima? ¿Quién saldría ganando? El crimen organizado.

* Se entiende la ruidosa reacción del presidente López Obrador frente al durísimo Informe del Departamento de Estado de EU sobre la situación de los derechos humanos en México.

Dice el informe: Durante 2023 no hubo “cambios significativos” en México en materia de derechos humanos; se presentaron “graves problemas de independencia del Poder Judicial”, y se dejaron de investigar y enjuiciar la mayoría de los casos criminales.

El informe cuestiona también la impunidad y las graves restricciones a la libertad de expresión en México, y asegura que se dieron casos de violencia contra periodistas y amenazas de aplicación de leyes penales por difamación.

¿Que decía en 2022 ese informe sobre derechos humanos en México? Era más duro: “Entre las cuestiones de derechos humanos más importantes figuran informes creíbles sobre homicidios ilegítimos o arbitrarios a manos de la policía, el Ejército y otros funcionarios del gobierno”.

Pero también “desapariciones forzadas a manos de agentes del gobierno, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, detención o reclusión arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y actos graves de corrupción gubernamental”.

Al Presidente se le veía furioso por ese informe en la mañanera de ayer: “¿Qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional”.

Y en la mañanera de antier:

“Nosotros no les decimos por qué tiene a un candidato hostigándolo en los juzgados y por qué destina miles de millones de dólares para la guerra y por qué no libera a (Julian) Assange que lo tiene encarcelado injustamente ¿Por qué no atiende a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por adicción de las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprime, maltrata a los migrantes?”.

La pregunta es ¿por qué no reaccionó con la misma virulencia ante el informe de 2022? ¿Será conveniente elevar así el tono frente a nuestro principal socio comercial?