Entre julio de 2023 y febrero de 2024, México ha sido testigo de 19 asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a cargos públicos, con la mayoría de estos crímenes dirigidos a figuras políticas a nivel municipal. Según el análisis de Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro “Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México”, estos ataques pueden ser entendidos como parte de una estrategia de gobernanza criminal de los cárteles.
A pesar de que la “guerra contra el narco” fue una iniciativa del gobierno federal y estatal, el incremento de la violencia contra funcionarios municipales durante el sexenio de Felipe Calderón sugiere que los grupos criminales buscan “someter a los gobiernos locales y sus poblaciones para obtener el control territorial de facto de conglomerados de municipios”.
Los autores del libro explican que, en contraste con los niveles estatales y federales, los funcionarios municipales están más desprotegidos tanto políticamente como en términos de seguridad, lo que brinda a los grupos criminales una ventana de oportunidad para ejercer su influencia y control sobre actividades clave en los ámbitos económico, social y político.
Este patrón de violencia responde a la necesidad de los cárteles de controlar estructuras de gobierno locales para sostener sus conflictos prolongados tanto contra el Estado como contra grupos rivales. Ampliando su rango de actividades ilícitas para mantener competitividad, estos grupos buscan controlar nombramientos municipales clave, lo que les da acceso a información, recursos y al aparato de seguridad local.
Un ejemplo ilustrativo de esta dinámica fue el control ejercido por Los Caballeros Templarios en Michoacán, donde inicialmente se presentaron como protectores de la población contra las prácticas de extorsión, pero eventualmente implementaron un esquema de cobro de cuotas a productores agrícolas.
Al replicar esta estrategia en varios municipios cercanos, los cárteles incrementan su capacidad de controlar regiones enteras, fortaleciendo su posición en conflictos armados prolongados. “Controlar los gobiernos locales, su población y su territorio les proporciona recursos económicos, información y control geográfico para enfrentar más efectivamente al Estado y a grupos rivales”, concluyen Trejo y Ley.
Con información de Baruc Mayen, Infobae.