Una investigación reciente ha sacado a la luz que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado más de 2 mil 805 millones de pesos en ayuda a países de Centroamérica y el Caribe, así como en la contratación de médicos cubanos, sin una rendición clara de cuentas. Estos gastos incluyen la implementación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en la región, y podrían aumentar tras el reciente convenio con Venezuela.
El presidente López Obrador anunció un acuerdo con el gobierno venezolano para otorgar un apoyo mensual a migrantes que regresan a su país. La iniciativa, llamada Vuelta a la Patria, contempla un pago de 110 dólares mensuales por seis meses. La canciller Alicia Bárcena detalló que empresas como Polar y PDVSA de Venezuela, así como Bimbo y Femsa de México, participarán en el programa.
Legisladores de la oposición han cuestionado la entrega de estos recursos, acusando al presidente de utilizar el erario de manera discrecional y opaca, y de apoyar a lo que califican como “dictaduras bananeras”. El diputado Jorge Triana (PAN) y la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) han expresado su preocupación por la falta de transparencia y han anunciado planes para interponer denuncias administrativas y penales contra el presidente por desvío de recursos.
Estas acusaciones se centran en la falta de claridad sobre la fuente de los fondos utilizados para estos programas, que según algunos podrían provenir de otros programas sociales o proyectos como el Tren Maya. La falta de fiscalización y el uso de estos recursos para la cooperación internacional han generado un intenso debate sobre la gestión gubernamental y la transparencia en México.