En el mundo de la política, dato mata relato. Ejemplo perfecto es el narcomenudeo en Sonora. Según los “Datos Abiertos de Incidencia Delictiva” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ha crecido en el estado un alarmante 333.6% del primer bimestre de 2019 al de 2024. Y eso no es todo: Sonora ocupa el cuarto lugar en un ranking nacional donde nadie quisiera estar.
La lista es encabezada por San Luis Potosí con un impresionante aumento de 929.0%. Le siguen Puebla con 540%, Veracruz con 430.1%, y luego Sonora, superando a Campeche con 286.4%, Nuevo León con 229.8%, Quintana Roo con 204.1%, Guanajuato con 153.7%, Nayarit con 144.1% y, finalmente, Guerrero con 85.4%.
Hace tres años, Alfonso Durazo, en aquel entonces candidato, proclamaba la necesidad de atender urgentemente a los marginados de Sonora, prometiendo un enfoque en educación, salud, empleo, y una vida digna. Pero con estos números en mano, pareciera que en lugar de disminuir la brecha social, estamos aumentando la brecha entre promesa y realidad.
Los narcocorridos cuentan historias más realistas que los discursos políticos.
¿Saben qué es lo más parecido a una promesa de campaña?
Un ticket de lotería.
Ambos te dan esperanza, ambos prometen un futuro brillante, pero al final del día, lo más probable es que termines con un papelito sin valor en la mano y la misma vida de siempre.
“Atos a madre”
En Cajeme, el alcalde Javier Lamarque parece haber encontrado la solución definitiva para combatir el crimen: patrullas Hyundai Atos. Sí, leyeron bien, Atos. Esos popularmente conocidos como “zapatitos”.
Estas imponentes unidades, que dejaron de producirse en México desde 2008, representan en tamaño y eficacia las mismas ganas que tiene Lamarque de enfrentar el crimen: mínimas.
Es intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La única manera en que los delincuentes sean atrapados por una unidad zapatito, es si los malosos tienen un accidente por ir ahogados de risa.
Y antes de que te burles de Cajeme, Hermosillo no se quedan atrás. Recordemos que aquí, el alcalde Toño Astiazarán, en su gran sabiduría, decidió pagar un sobreprecio de 55.71% por patrullas eléctricas JAC. Recordando el reportaje de Jesús Ibarra, el costo de estos vehículos supera el millón de pesos, mientras que su valor de mercado apenas rebasaba los 767 mil.
Nuestros alcaldes parecen competir en una carrera de quién toma la decisión más absurda. Y mientras Lamarque juega con carritos de juguete, y Astiazarán presume sus patrullas de lujo, los ciudadanos nos preguntamos si no sería más práctico invertir en algo realmente útil, como patrullas que no parezcan sacadas de una caricatura o que no cuesten lo mismo que una casa.
En las redes sociales circulan fotos de estas flamantes patrullas eléctricas siendo remolcadas por grúas. Es la imagen perfecta de la derrota y la irresponsabilidad de nuestros gobiernos estatales y municipales en la lucha contra el crimen.
En medio de esta comedia de errores, no podemos olvidar a quienes realmente están en la línea de fuego: nuestros oficiales de policía. Con armas que no se comparan frente al arsenal de los criminales, se enfrentan a peligros que parecen sacados de una película. Estos hombres y mujeres, que salen todos los días a las calles no para hacer reír como los gobernantes, sino para protegernos, merecen no solo nuestro respeto y admiración, sino también el apoyo y los recursos necesarios para realizar su labor.
