Seis son los cárteles que se disputan el control territorial en el estado de Guerrero, donde se viven días cruentos, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación sigue escalando al más alto nivel. A esta ola de violencia y muerte se han sumado “Los Ardillos”, el cártel de Guerreros Unidos y Los Tequileros. Éstos últimos son quizá los más violentos y sanguinarios, a quienes se les atribuye la crisis de las desapariciones forzadas, los entierros clandestinos, las decapitaciones y el descuartizamiento de cuerpos humanos. Nada frena al crimen, ni la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas, cuyos miembros parecen turistas y no combatientes de la criminalidad.

El estado de Guerrero, con todo y su gobierno, encabezado por Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado Macedonio, viven días de suplicios, muertes, miedo y zozobra. Ni se diga la corrupción institucional, galopante por doquier: alcaldes y funcionarios menores de los Ayuntamientos conviven abiertamente con la delincuencia organizada ya sin recato alguno. Es el descaro, pues ya no se sabe dónde termina la delincuencia y en qué límite empieza el gobierno. La línea divisoria está borrada.

A la desatada violencia causada por el crimen organizado –que opera con abierta impunidad y protección oficial –se sumó, la madrugada del martes 24 de octubre de 2023, la arremetida de Otis, el huracán que en cuestión de horas pasó de la categoría dos a la cinco, algo sorprendente incluso para los metereólogos, pues no pudieron prever que una simple tormenta tropical alcanzara tal magnitud en tan poco tiempo. Hasta en la hora de su entrada los pronósticos fallaron: el huracán se encontraba a 70 kilómetros de Acapulco y hubo contradicciones hasta para precisar la hora exacta para que tocara tierra no obstante que las rachas de viento se calcularon en más de doscientos kilómetros por hora.

Pero después de Otis otro huracán llegó a Guerrero para quedrse: la violencia.

De acuerdo con informes de la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del gobierno federal, Guerrero es una de las entidades con más grupos criminales: desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se calcula que en ese territorio operan unas 500 organizaciones del crimen organizado.

Todos los grupos criminales tienen una característica  singular –que ya se observa también en todo el país –: sus cabecillas, operadores y sicarios tienen líneas de parentesco con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y comandantes de la policía. Estos últimos, según datos oficiales, operan como jefes de plaza de cárteles como Los Ardillos –cuyos miembros gobiernan una veintena de municipios en esa entidad.

El cártel de Los Ardillos, de acuerdo con sus antecedentes, se fundó en el año 2000. Sus jefes son los hermanos Celso, Álvaro y Jorge Ortega Jiménez. Este grupo criminal ha impuesto su ley en Guerrero: gobierna una veintena de municipios, como ya se dijo, pero otros aliados, como la alcaldesa de Chilpancingo –Norma Otilia Hernández –quien hace unos meses apareció en al menos un par de videos desayunando y haciendo planes con Celso Ortega Jiménez, una de las piezas de ese grupo criminal. En una de las reuniones también aparece el esposo de la alcaldesa, Diego Omar Beningno González, presuntamente ligado a ese cártel.

La alcaldesa no tuvo otra salida más que aceptar que sí se reunió con Celso Ortega cuando arribó al poder municipal, pero negó –algo dudoso –que el encuentro no fuera para pactar con los criminales. ¿Entonces para qué se reunió?, le preguntaron. “Fue algo fortuito”, dijo titubeante. Y añadió: “Esperemos a que la Fiscalía General de Investigación termine la indagación que inició”.

Pero en una entrevista reciente que le concedió a la televisora Latinus, el líder de “Los Ardillos”, Celso Ortega Jiménez dijo que el encuentro con la alcaldesa de Chilpancingo no fue fortuito: “Nos pudimos de acuerdo para la reunión y para hablar de negocios”.

Y añadió que cuando él formaba parte del cártel de Los Zetas le aportaron dinero a la campaña presidencial de a Andrés Manuel López Obrador, en 2006; que esto también lo sabe Heriberto Treviño Morales, “El Z-40”, detenido en 2012, porque también aportó ayuda económica para esa campaña.

Como consecuencia de estas declaraciones, la Fiscalía General de la República solicitó al líder criminal de Guerrero que por cualquier vía ratifique sus dichos; también se abrió una carpeta de investigación para averiguar si en ese año (2006) hubo dinero del crimen organizado en la campaña de López Obrador.

Algo parecido publicó  Tim Golden, exreportero de New York Time, en un reportaje publicado en Pro-Pública en el que, con base en testimonios, sostiene que el cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de López Obrador en 2006 con dos millones de dólares. Sin embargo, la FGR no se ocupó de indagar nada al respecto, como sí lo hizo ahora con el jefe del cártel de “Los Ardillos”, Celso Ortega.

Así como Norma Otilia Hernández –la alcaldesa de Chilpancingo — existen cientos de alcaldes dentro y fuera de Guerrero que forman parte de la delincuencia organizada o han entrado en negociaciones con jefes de cárteles.

Eso explica la violencia que azota a Guerrero y que es muy parecida a la etapa en la que Félix Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. En esa etapa el actual senador de MORENA permitió la entrada del grupo de Los Beltrán Leyva, encabezado por Arturo –“El Barbas” –asesinado durante un enfrentamiento en 2010 en Cuernavaca, Morelos.

Beltrán Leyva vivía cómodamente en Guerrero, a la sombra del poder municipal. Junto con él operaba Édgar Valdez Villarreal –“La Barbie” –, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entre otros narcotraficantes temibles que bañaron de sangre a esa entidad del Pacífico mexicano. Los daños causados resultaron irreparables.

Y actualmente el estado se desangra todos los días y la sociedad no termina de recuperarse por los daños causados por Otis. Y es que a diario arremete un huracán de violencia. Seis cárteles se disputan a sangre y fuego el control territorial y el mercado de las drogas: Estos grupos son cártel de Sinaloa, Jalisco, Tequileros, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos. Todos estos cárteles están en guerra y ya rebasaron la capacidad de las autoridades para lograr la pacificación del estado, uno de los más conflictivos junto con Guanajuato y Zacatecas.

Territorio codiciado por los varones de la droga, Guerrero ahora está tomado por más de cuatrocientas organizaciones criminales –otros cálculos dan cuenta de 500 grupos — de acuerdo con informes de la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC).

Se trata de grupos poderosos como el cártel de Sinaloa, Jalisco, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero también células delictivas tan perniciosas y violentas como Los Ardillos, el cártel de la Sierra del Sur, La Familia Michocacana, entre otros.

Pero lo que convierte a Guerrero en un estado violento es que en cada uno de sus municipios y agencias municipales operan grupos criminales conformados por familias que se dedican al secuestro, cobro de piso, trata de personas, venta de protección y que, además, están ligados con ramajes criminales que, a su vez, tienen protección política: son familiares o cómplices de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y de los comandantes policiacos, brazos ejecutores del crimen.

Son estos jefes policiacos los que se encargan, en muchos casos, de las ejecuciones o desaparición de personas por órdenes de los cárteles; ellos mismos realizan las detenciones y luego entregan a las personas a los grupos contrarios para los que trabajan para ser ejecutados.

De esta forma, el cambio de gobierno en Guerrero de poco sirvió: Evelyn Salgado, la gobernadora, sigue las indicaciones de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2004 fue ligado al cártel de Sinaloa cuando fungió como alcalde de Acapulco. Y tales vínculos no parecen haberse extinguido a la fecha.

En Guerrero todo huele a delito. Y es que en los hechos la ley no existe, por ello ocurren de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel; los cárteles que se disputan el territorio son “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, Los Ardillos” –éste con amplias ramificaciones políticas –, la célula Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta con jefes policiacos, éstos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales.

El cártel de Los Ardillos, por ejemplo, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Éste último fue alcalde de Quechulaltenando por el PRD en los años 2002-2005 y diputado local por ese mismo partido en dos periodos: 2005-2008 y 2012-2015.

Controlan una veintena de municipios, entre otros, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Atlixtlac, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo, la capital del estado.  Con todos estos grupos pactó Salgado Macedonio para alcanzar el poder. De otra forma, imposible.

El cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controlan grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en Guerrero ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.

EL CRIMEN ES LEY

Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

El nivel de violencia se exacerbó en Guerrero en 2021, a grado tal que el crimen organizado arremetió en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby Ó, a la cual le prendieron fuego y terminó incendiada.

Según el dueño de la discoteca –una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República –Eduardo Cesarman la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos.

Después del incendio en la discoteca el crimen organizado  exigió a otros negocios pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen. El negocio es para todos.

No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la Guerra”. E insistió en que seguirán “combatiendo las causas”, aunque resulte una política fallida. ¿Pago de facturas?

Esto lo expresó a propósito de la violencia que azota a Michoacán, donde unos cinco cárteles, entre otros el de Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y Los Viagras están enfrentados por el control del estado.

En Michoacán –al igual que en Guerrero –las autoridades están enfrentadas por el control del territorio y los recursos naturales, como la minería, el litio, las zonas aguacateras, por citar sólo algunos negocios que son atractivos para los criminales.

Pese al elevado nivel de violencia, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido detener la ola delictiva, sobre todo, porque tienen órdenes de no usar la fuerza. De esta forma, el país difícilmente podrá entrar en una etapa de pacificación, como lo prometió el mandatario al tomar posesión de la presidencia, en diciembre de 2018.

Territorio de guerras y muerte, Guerrero no encuentra la pacificación desde hace por lo menos dos décadas: el crimen organizado, con sus múltiples tentáculos, mantiene una vierta disputa por el control territorial, sobre todo la región productora de amapola, de donde sale la mayor parte de la producción  de goma de opio (base de la heroína) que se consume en Estados Unidos.

Gobiernos van y vienen y la violencia galopa, impune, en todo el estado de Guerrero donde actualmente operan catorce grupos criminales, con todas sus ramificaciones, las cuales están vinculadas a los presidentes municipales, regidores, síndicos y a los comandantes de la policías locales, convertidos en brazos armados del crimen organizado.

Aunque desde el 2019 el gobierno federal incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas en Guerrero, lo cierto es que los cárteles de la droga avanzan en el control de los territorios, desplazando a las autoridades, según reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado.

Informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana sostienen que en Guerrero el crimen ha ido ganando terreno en el control geográfico. El cártel de Los “Ardillos”, por ejemplo, que hasta hace tres años sólo tenía presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones situadas tanto en la Montaña Baja como en la Montaña Alta.

Encabezados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, “Los Ardillos ejercen el poder criminal al extremo. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de Guerrero, quien pidió el anonimato, contra este grupo criminal existen unas veinte carpetas de investigación por tráfico de drogas, homicidios y extorsiones, pero se encuentran archivadas.

El poder del narcotráfico en Guerrero rebasa, por mucho, a las autoridades del estado. Y es que todo el territorio está invadido de células criminales. Un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) del 2018 reveló que en esa entidad operan más de 450 organizaciones criminales, entre cárteles y células.

Estos grupos, ligados a las autoridades municipales, caciques y policías, están diseminadas por todas partes y su portafolio de actividades ilícitas es inmenso: trabajan con extorsiones, secuestros, cobro de piso, despojo de propiedades, venta de protección, piratería, contrabando, cobro de cuotas a negocios, comercio establecido e informal, cantinas, bares, burdeles y, por si fuera poco, también regentean a mujeres de la vida galante, quienes tienen que pagar sus respectivos impuestos al crimen para poder ejercer la prostitución.

Actualizado hasta el 2020, el mapa de ubicación de los grupos criminales da cuenta de la alarmante expansión del crimen organizado en Guerrero:

–El cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera, opera en veinte municipios.

–La Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga –éste conocido como “El Pez” –controla diecisiete demarcaciones.

–Guerreros Unidos, uno de los más violentos, también está inmerso en la disputa territorial. Este cártel lo encabeza Alfonso Deloya, “El Medusa”.

–En el mapa criminal guerrerense también destaca el cártel de “Los Granados”, dirigidos por Rubén y Salvador Granados Vergas. Su territorio abarca varios municipios de Tierra Caliente.

–Los Rojos, el cártel que hasta 2018 dirigió Santiago Mazari, “El Carrete” –detenido hace un año y medio –opera en un radio de acción más amplio: además de Guerrero, su presencia se extiende hasta Michoacán, Estado de México , Morelos y la Ciudad de México.

–El cártel Independiente de Acapulco (CIDA), cuyo control es fuerte en las costas, está encabezado por Irving Macedo Acevedo.

El grupo criminal con más antigüedad es la organización Beltrán Leyva, cuyas operaciones en Guerrero se conocieron desde el año 2001, poco después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco.

En aquel entonces, la organización era encabezada por los llamados Tres Caballeros –Arturo, Alfredo y Héctor –quienes construyeron un imperio criminal cuya base de operaciones era el estado de Sinaloa y Sonora, cuyos tentáculos se extendieron hasta Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán.

En 2004, cuando el alcalde de Acapulco era Félix Salgado Macedonio –actualmente senador de la República y candidato de MORENA al gobierno de Guerrero pese a tener dos acusaciones por violación –los hermanos Beltrán Leyva operaban en Acapulco. Su brazo derecho era Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –actualmente preso en Estados Unidos bajo cargos de delincuencia organizada –y la principal guerra que enfrentaban por el control de la plaza era con Los Zetas.

Desde el 2020 la guerra entre cárteles se ha agudizado en Guerrero, sobre todo, después de que el Cártel de Jalisco selló una alianza con “Los Tequileros”, otro cártel poderoso, para enfrentar a La Familia Michoacana.

De lo anterior da cuenta un video difundido en enero de 2020, en el que un sujeto identificado como “La Mula”, líder del cártel de “Los Tequileros”, lanzó una advertencia para La Familia Michoacana y anunció su alianza con la organización que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En la grabación, que dura un par de minutos, a lo mucho, “La Mula” amenaza a uno de sus rivales, a quien llama “El Zarco”; también arremete contra “El Médico”, Francisco Maldonado Bustos, “Don José”, o gente de “El Pescado”, todos ellos relacionados con La Familia Michoacana.

Y es que La Familia Michoacana lucha por el control territorial, sobre todo en los municipios de San Rafael y Zirándaro, donde mantienen un cerco y ejercen constante terror en contra de la población. Esta zona está en disputa desde hace varios años entre La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco. Ni la presencia de la Guardia Nacional ha podido frenar la violencia.

LOS TEQUILEROS

El municipio de San Miguel Totolapan está considerado el más violento de la zona Tierra Caliente, Guerrero: Pueblos enteros han sido abandonados por sus habitantes, como consecuencia de la violencia exacerbada que ejercen los cárteles de la droga. Aquí la ley la impone el cártel de “Los Tequileros”, organización delictiva que se caracteriza por su violencia extrema. Sus miembros son los más sanguinarios.

San Miguel Totolapan –territorio de asiento de “los Tequileros” –, es uno de los municipios más pobres de esa región. Las autoridades del estado reconocen que algunas familias viven de la siembra y cultivo de amapola. Por eso el narco los mantiene capturados.

El cártel de “Los Tequileros” tiene historia: surgió de una escisión que sufrió la organización “Guerreros Unidos”, una de las organizaciones más violentas, que opera en Tierra Caliente y al norte de Guerrero. La disputa territorial de “Los Tequileros” es con el cártel de la Familia Michoacana. Y los territorios que están en guerra son Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro y Coyuca de Catalán.

El líder del cártel, apodado “El Tequilero”, trabajó con “El Chente”, líder de Guerreros Unidos hasta antes de su captura, en 2014. Tras este hecho, se separó del cártel y se independizó. Los tentáculos de este cártel crecieron con cierta rapidez: de operar en San Miguel Totolapan y La Gavia, ahora controlan diez municipios.

De acuerdo con informes policiacos, se caracterizan por la amenaza. Extorsionan a los alcaldes de la región, explotan la industria del secuestro y para ello utilizan los servicios de su grupo armado –Las Fuerzas Especiales Tequileras –las cuales actúan ejecutando los plagios para luego cobrar los rescates. Quien no paga, se muere, es su leyenda.

El Cártel de “Los Tequileros”, de acuerdo con las autoridades, también opera con extorsiones, cobro de cuotas o piso. Explotan el terror a través de las redes sociales, a través de las cuales lanzan amenazas, exhiben videos de sus víctimas y presionan a sus familiares para que paguen los rescates.

Disponen de armamento de alto poder –rifles de asalto Ak-46, granadas y pistolas de largo alcance –con las que mantienen bajo amenaza a toda la región.

Uno de sus crímenes más horrendos fue el de Carlos Salanueva, dirigente municipal del PRI en Ajuchitlán del Progreso: su cuerpo fue hallado completamente descuartizado. Junto a los despojos, un cartelón decía: “Esto les va a pasar a quienes apoyen a la FM (Familia Michoacana), atentamente, “El Tequilero”.

El grupo criminal, según las radiografías criminales elaboradas por las autoridades de Guerrero, son uno de los cárteles más sanguinarios, pues no sólo asesinan: también decapitan, descuartizan los cuerpos y los desaparecen.

Así, Guerrero vive en la zozobra, entre la violencia del crimen organizado y las consecuencias de  Otis, el huracán que azotó el territorio la madrugada del martes 24 de octubre de 2023 causando, en minutos, destrozos millonarios todavía irreparables.