El arribo de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León, como el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, no podría entenderse sin el apoyo y participación de los grandes empresarios de Monterrey, principalmente sin el que se conoce como el “Grupo de los 10” o “Grupo Monterrey”. Ellos lo impulsaron al cargo y, al parecer, ahora lo quieren ver caer.

Samuel García está consciente de que, más que de la Fiscalía General de Justicia del estado, la información que circuló ayer sobre presuntas triangulaciones de recursos proviene de los enemigos que ha venido sembrando durante sus primeros años de gobierno, específicamente de los hombres y mujeres de negocios a los que intentó someter mediante presuntos actos de extorsión, según lo han denunciado los hombres de negocios del estado.

En este espacio se publicaron diversas denuncias de empresarios neoleoneses que fueron víctimas de presuntas extorsiones por parte del jefe de la Oficina de Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, quien, aseguran, suele pedir dinero a nombre de Samuel García a cambio de que no se metan en problemas administrativos con su gobierno.

La operación para a desactivar la “máquina extorsionadora” del mandatario de Movimiento Ciudadano inició hace unos meses. La idea de impulsarlo como candidato a la Presidencia tenía el objetivo de separarlo del gobierno, pero la misión se abortó cuando buscó tomar las riendas del estado el grupo del priista Adrián de la Garza, su enemigo.

El golpe más certero que han conectado los empresarios es retirar a la administración de García el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la UIFE; ésta es la principal herramienta que usaba el llamado “Mike” Flores para iniciar investigaciones contra quienes se negaban a pagar las cuotas.

Dicha oficina, espejo de la otrora temible Unidad de Inteligencia Financiera que opera a nivel federal, se insertaba en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del gobierno del estado, no obstante, tras un intenso cabildeo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta última instruyó a traspasarla a la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Pedro Arce Jardón.

En esta misma estrategia contra un gobierno acusado de extorsión se enmarcan las filtraciones por presunta triangulación de fondos cercanos a los 200 millones de pesos, entre las empresas Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos Jace y el despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados.

También en esta columna elaboré sobre las investigaciones de la UIF que involucraban al despacho fiscal en el que confluyen el actual gobernador de Nuevo León y su padre Samuel Orlando García Mascorro. Se presumía un esquema de lavado de dinero.

En ese entonces se estableció que Firma Jurídica Fiscal y Abogados, además de los despachos García Mascorro Abogados, Firma Jurídica Fiscal, Contable, así como Fiscal Contadores y Financieros transfirieron inexplicablemente recursos por casi 180 millones a una razón social cuyo accionista principal es Samuel García, de nombre Saga Tierras y Bienes Inmuebles.

Aquellos movimientos financieros, detectados entre 2016 y 2019, son muy parecidos a los que ahora se ventilan entre Proveedor de Productos Mexicanos Jace y el despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados, por alrededor de 200 millones de pesos; es decir, no existen operaciones o actividades que justifiquen las transferencias de recursos.

Parece que Samuel García y el grupo de amigos con el que llegó a la gubernatura siguen haciendo negocios de manera similar, lo que ha cambiado es la aceptación que tienen entre los empresarios, quienes ostentan el control de la política local.

Posdata 1

Los escándalos de Samuel García, quien desde que llegó al gobierno inició un pleito con todas las fuerzas políticas del estado, tienen el potencial de arrastrar al partido que pretende controlar, por encima de su líder Dante Delgado.

De entrada, Luis Donaldo Colosio ya puso tierra de por medio con su compadre, a quien le critica sus estridencias y su incontinencia verbal y política. Y aunque Mariana Rodríguez al parecer tiene el camino libre para quedarse al frente de la alcaldía de Monterrey, los escándalos de su esposo podrían restarle varios puntos, lo mismo que al candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, a quien se le identifica con la pareja de influencers, pero que, a la luz de las crisis, quiere separarse y encabezar su propia campaña.

Al que sí ya perdieron fue al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien no solo criticó la política superficial “fosfo fosfo” de Samuel García y Jorge Álvarez Máynez, así como las “malas decisiones” de su otrora amigo Dante Delgado, sino que al parecer ya tampoco está dispuesto a seguirle haciendo el juego al candidato presidencial de MC, pues no lo acompañó a su arranque de campaña en Guadalajara y ayer Álvarez Máynez fue quien canceló su visita a la Universidad de Guadalajara.

Posdata 2

Hablando de Nuevo León, ayer el gobierno del presidente López Obrador arremetió nuevamente contra las empresas con presencia productiva en la zona metropolitana de Monterrey, pues asegura que son las fuentes primarias de contaminación y no la refinería de Cadereyta de Pemex.

El asunto es que, deliberadamente o no, se falsearon datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre las emisiones que generan las plantas de Ternium y Cemex; 69 millones de toneladas de dióxido de carbono anual por parte de la acerera y más de 2 mil toneladas por año de benceno de la cementera.

Según la información de la Semarnat, los datos están expresados en kilogramos por año y no en toneladas, por lo que las emisiones anuales que se presentaron a través de un reportaje de Infodemia se deben de dividir entre mil. Una más de la 4T, que teniendo los datos del propio gobierno, se difunde información imprecisa.

Posdata 3

Como lo anticipamos ayer, el juez federal del Altiplano, Daniel Ramírez Peña, determinó la no vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios del gobierno de Alfredo del Mazo, dos exdirectivos y uno en activo de la empresa Aleatica.

El caso tiene que ver con el Viaducto Bicentenario que se otorgó en 2008 a OHL (hoy Aleatica) por parte del gobierno mexiquense que en ese entonces encabezaba Enrique Peña Nieto. El abogado Paulo Diez, con intereses en el caso, intenta desde entonces que se cancele la concesión porque supuestamente es de jurisdicción federal; sin embargo, se ha topado con pared.

Fue la Fiscalía General de la República la que le admitió el caso por varios motivos, entre ellos algunos personajes a los que antes ha querido imputar el ministerio público por otros presuntos delitos; no obstante, el juez no solo falló en contra del ministerio público, sino que sobreseyó el caso, argumentando que partía de una “premisa falsa”, además de que las pruebas que presentó acreditaban la licitud de la concesión, sobre todo la regularización que se hizo junto con el actual gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El título de concesión otorgado por el Estado de México a Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., subsidiaria de la Compañía, fue otorgado como resultado de un procedimiento de licitación competitivo, es válido, se encuentra vigente y su validez no le ha sido legalmente cuestionada en procedimiento administrativo alguno por parte de autoridad competente”, publicó Aleatica al público inversionista.

Posdata 4

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero atizó a la muy criticada fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, a quien le hizo un llamado de atención mediante un posicionamiento que firmaron todos los partidos políticos representados en la legislatura local, para que las investigaciones que realice se conduzcan en apego a los protocolos establecidos.

Lo que piden los legisladores locales es que la fiscal realice su trabajo de manera profesional, luego de no haber cumplimentado las acciones que se requerían para evitar la fuga del policía señalado por disparar contra el normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Por si fuera poco, el sindicato de la Fiscalía realizó una manifestación en Chilpancingo para pedir su renuncia por los malos tratos que recibe el personal. Todo parece indicar que, como lo expusimos en la columna de ayer, los días están contados para Sandra Luz Valdovinos.