No quiero utilizar el concepto de Estado fallido para caracterizar a México porque, a querer o no, nuestro país no cumple con muchas de las características de su definición. Es cierto que no tiene el monopolio de la fuerza legítima, que ha cedido en muchas partes del territorio al crimen organizado, pero no hay un vacío de poder, la legitimidad del gobierno no está en disputa y, aunque no tenemos una hacienda sólida, sería una exageración decir que el Estado mexicano “carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos”. Hemos transitado por el camino a las instituciones frágiles, pero muchas de ellas subsisten y, aunque han sido sometidas a un desgaste brutal y deliberado, han resistido. La Corte, por ejemplo, ha sido un verdadero valladar a las ilegalidades que ha pretendido el jefe del Poder Ejecutivo.

De lo que sí se puede hablar es de un gobierno fallido. Hay cosas que ya no cedieron y no cederán en los seis meses que le quedan al sexenio. Tres de las más graves son la violencia, la corrupción y la impunidad. Con sus propios datos y con los de otros, el gobierno de López Obrador fracasó en los tres frentes y no hay manera de que, de aquí al 30 de septiembre de este año, entregue buenos resultados.

La violencia, en todas sus formas, afecta la integridad física y patrimonial de cada vez más personas. No son sólo los más de 180 mil homicidios que van en el sexenio, que ya de por sí son escandalosos para el país. Los delitos cometidos por el crimen organizado incluyen masacres, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el Ejército, motines en las cárceles, secuestros, extorsiones, levantones, cobro de derecho de piso, huachicoleo, producción y distribución de drogas sintéticas y lavado de dinero. El clima de inseguridad, aunque todos los días sea minimizado en las conferencias matutinas, afecta a las personas en su vida cotidiana.

El plagio de 66 personas “comunes y corrientes” con gran lujo de violencia el fin de semana pasado en Sinaloa puede atribuirse, si se quiere, a lo que se llama “calentar la plaza”. La realidad es que se llevaron a familias enteras, parte de las cuales, al ser liberadas, no quisieron hablar con las autoridades y, parte, agarraron sus pertenencias y abandonaron sus casas, sus colonias e, incluso, la ciudad. No hay evidencia alguna de que las personas plagiadas tuvieran tratos con las bandas, fueron escogidas al azar. Ya no se reta nada más a las autoridades locales, a los candidatos, a la guardia nacional y al Ejército. Ya no se le dice al gobierno aquí mando yo. La sociedad también está recibiendo la advertencia.

Masacran a 130 en un concierto de Moscú, nos consternamos y el gobierno de México envía sus condolencias más sentidas. En México ocurre lo mismo y no hay empatía con las víctimas, sino abrazos para los delincuentes.

La aguja de la corrupción no se ha movido ni un grado. Según todos los reportes nacionales e internacionales, la corrupción sigue siendo sistémica, costosa e impune. Al igual que con el crimen organizado, no hay distingo entre estratos socioeconómicos ni entre gobierno y sociedad. Además de costarle al país miles de millones de pesos, a las personas —otra vez, comunes y corrientes— les cuesta una buena proporción de sus ingresos.

La recién publicada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental señala que, en noviembre-diciembre de 2023, 83.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y que, a nivel nacional, en todo el año, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en casi 12 mil millones de pesos, lo que equivale, en promedio, a 33.68 pesos por persona víctima.

Lo mismo ocurre en el ámbito de los negocios y el pequeño emprendedurismo. Más de 25% de las personas que iniciaron sus trámites para abrir una empresa fueron víctimas de corrupción. En palabras llanas, se les cobró dinero para poder hacer el trámite.

Estas cifras parecen palidecer frente a la corrupción directa del gobierno federal en el uso de los recursos públicos y que no se mide en ninguna encuesta. Tan sólo el fraude de Segalmex (16 mil millones) alcanza y sobrepasa el conjunto de actos que llamamos pequeña corrupción.

La impunidad respecto a los delitos de violencia y corrupción que, creíamos, había llegado a sus límites, ha aumentado todavía más en comparación a 2018, cuando el Presidente prometió que no habría delito que quedara sin castigo.

Según Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan sólo de 0.9 por ciento.

Un verdadero gobierno fallido por donde se le mire.