El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los litigios fiscales de su gobierno contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente en la Segunda Sala y en la ponencia del ministro Luis María Aguilar.

Este jueves, el Presidente aseguró que parte de la deuda de 63 mil millones de pesos que supuestamente tiene el empresario con el gobierno federal se remonta a casos que se originaron en la gestión de Vicente Fox, y que muchos de estos juicios se encuentran en manos de la Corte.

Sin embargo, los cuatro litigios fiscales pendientes por resolverse no están ya en la SCJN, sino en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se llevan los juicios en materia fiscal y anticorrupción, y en otros tribunales.

En algún momento se sugirió que la Corte los atrajera para unificar un solo criterio, y convertirlo en uno nacional obligatorio, para lo que se tuvo que esperar a que el TFJA los sentenciara, como el caso reciente de Totalplay, y el Tribunal Colegiado pudiera enviarlos a la SCJN.

Sin embargo, todo el proceso se ha demorado mucho tiempo, especialmente un cuarto asunto, relacionado con presunto adeudo de 22 mil millones de pesos de Elektra, la empresa de retail de Salinas Pliego.

Efectivamente el ministro Luis María Aguilar propuso que se atrajeran a la Corte los litigios, pero, de común acuerdo con los otros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN, entre los que se encuentran las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, y los ministros Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán; este último la preside.

El pleito público en el que el presidente López Obrador ha presionado al Poder Judicial para que falle sobre los casos que siguen pendientes, fue determinante para que la Corte decidiera no atraerlos y solamente resolvió el relacionado con Totalplay, en el que se tomó la decisión de reducir su deuda con el fisco en 645 millones de pesos, con el voto a favor de la ministra Yasmín Esquivel y en contra de Luis María Aguilar y Lenia Batres.

De tal manera, la presión ahora estará enfocada en el TFJA, particularmente en la Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que integran los magistrados Víctor Orduña Muñoz, Carlos Chaurand Arzate, Rafael Anzures Uribe y Alfonso Olivas Ugalde. Esta sala fue la que dirimió la reducción del crédito fiscal pendiente de Totalplay, que después pasó a la SCJN. Y se dice que la presión de la 4T ya se ha hecho sentir en la torre de Insurgentes Sur 881.

La urgencia de López Obrador por cobrarle los créditos fiscales a los empresarios, particularmente a Ricardo Salinas Pliego, tiene que ver con el presupuesto histórico de 9 billones de pesos que propuso su gobierno para este año electoral. La administración de la 4T espera obtener ingresos por casi 5 billones de pesos por la recaudación fiscal, toda una hazaña para el SAT, y el enfoque está en los llamados “grandes contribuyentes”, que aportan más de la mitad de la recaudación total, es decir empresas como las del tercer hombre más rico de México.

Si el gobierno no llega a esa meta de recaudación, tendrá que asumir más deuda o recortar el presupuesto. Sin enormes ingresos fiscales es imposible financiar los programas sociales que aceitan la maquinaria electoral de la 4T… y eso tiene enfurecido al Presidente.

Posdata 1

El futuro del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas luce muy oscuro. Por un lado, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha tomado la determinación de proceder legalmente contra el funcionario por presuntamente usar recursos públicos para financiar “campañas negras” contra las empresas del magnate y “atentar” contra el sistema financiero al alertar falsamente de la supuesta quiebra de su Banco Azteca.

Otro asunto que debe tener preocupado a Ramírez Cuevas es que la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, simplemente no lo tolera, entre otras cosas por orquestar, junto con otros integrantes de los llamados “puros” de Morena, el descarrilamiento de Omar García Harfuch hacia la jefatura de Gobierno de la CDMX.

La primera reacción de Sheinbaum fue pedir al presidente López Obrador y al presidente del partido , Mario Delgado, que no le otorguen una diputación, pese a haber salido sorteado en las tómbolas de Morena, y todo apunta a que así será. Con este antecedente, Ramírez Cuevas no tendría cabida en el eventual gobierno de Sheinbaum, por lo que su futuro luce más que sombrío.

Posdata 2

Sobre la Altor, el despacho de asesoría financiera y casa de bolsa en el que confluyen exfuncionarios priistas como Fernando Aportela y una poderosa familia tabasqueña, representada por Gustavo Matías Gutiérrez León, el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco se deslindó, pues se asegura nada tiene que ver con la conformación del despacho y tampoco con la “mano que meció la cuna” para que la CNBV le otorgara la licencia para operar como intermediario financiero.

La familia tabasqueña Gutiérrez León más bien es cercana a Javier May, el candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, íntimo amigo del presidente López Obrador; él habría sido quien impulsó a unir lo que, ideológicamente, se considera el agua y el aceite: a los “neoliberales” con los contratistas de los gobiernos de Tabasco.