Este martes en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se llevó a cabo una audiencia inicial de imputación solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo y representantes de la empresa OHL –ahora Aleatica– por los presuntos delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.
La obra en cuestión es el llamado Viaducto Bicentenario, un tramo carretero adjudicado en 2008 a OHL por 6 mil 500 millones de pesos. El fondo del pleito es que la concesión a 30 años fue otorgada por el gobierno del Edomex, en tiempos de Enrique Peña Nieto, en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal –como debió ocurrir–, lo cual habría sido “legalizado” después durante la gestión de Del Mazo, con ayuda y con la venia de funcionarios de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque ninguno de estos fue citado a la audiencia.
La judicialización de esta carpeta por parte de la FGR se basó en las denuncias del abogado Paulo Diez Gargari, quien asegura que el Viaducto Bicentenario forma parte de la autopista México-Querétaro, de jurisdicción federal, razón por la que los funcionarios del gobierno del Edomex y los directivos de la empresa habrían incurrido en presuntos delitos al adjudicarla y luego “legalizarla”.
El asunto, sin embargo, también tiene un trasfondo político. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, dio por buenas las denuncias que no había podido judicializar el exabogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez, por una simple razón –según personas allegadas al caso–: esta es la misma causa por la que fue denunciado el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber usado sus influencias para ayudar a que Aleatica no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario.
Scherer terminó peleado con Gertz por varios asuntos, entre ellos el de la familia política del fiscal. El asunto escaló a acusaciones públicas y a investigaciones e imputaciones en contra del exconsejero y despachos de abogados ligados a él. En lo que refiere a Alfredo del Mazo, las imputaciones en contra de sus funcionarios al parecer también tienen que ver con el asunto familiar, porque la suegra del exgobernador, Laura Cuevas Morán, también fue vinculada inicialmente al caso de la familia del fiscal.
A la audiencia, que fue pospuesta por el juez federal Daniel Ramírez Peña en enero pasado, acudieron el exsecretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; el exsecretario de Movilidad del Edomex, Luis Limón Chávez; el exdirector del Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y el exdirector de la Junta de Caminos, Jorge González Becerril.
También presenciaron las acusaciones por parte de la FGR los exdirectores de OHL México (Aleatica) José Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo, y el actual presidente de la empresa, Rubén López Barrera.
Al cierre de esta columna, todos los imputados y los representantes de la FGR seguían en la audiencia en el penal de Almoloya, sin que el juez diera su veredicto tras escuchar las imputaciones y los argumentos de la defensa, aunque reconoció que la formulación de imputación hecha por el ministerio público había sido “deficiente”.
Paralelo a este caso, el abogado Paulo Diez también fue llamado a una audiencia este lunes para intentar ser vinculado a proceso por “ataques a las vías federales de comunicación”, igualmente por el caso del Viaducto Bicentenario. El juez del Edomex que sigue este caso es Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, recientemente en el ojo del huracán por el escándalo mediático de exculpar a un hombre acusado de abusos contra una niña de cuatro años.
Como se ve, es un lío judicial en el que convergen intereses políticos, revanchas personales y el uso de la justicia a conveniencia.
Posdata 1
Hablando del Estado de México, el exgobernador y actual senador del Partido Verde, Eruviel Ávila, es considerado uno de los mayores activos para fortalecer a este grupo político en su estado natal, y por otro lado para darle a la coalición que encabeza Morena la fuerza que necesitará en las elecciones del próximo 2 de junio.
La postulación de Eruviel Ávila por la quinta circunscripción, que abarca estados clave como el Edomex, Querétaro, Michoacán y Colima, plantea un gran desafío para el PVEM: mantener o superar la votación histórica de 550 mil votos, cifra que representa un umbral crítico para asegurar su presencia en el Congreso federal.
Este desafío se agudiza con la decisión del partido que lleva Karen Castrejón, de presentar candidaturas en solitario en áreas estratégicas, una apuesta por fortalecer su identidad política, al mismo tiempo que busca aportar al proyecto de Claudia Sheinbaum. Por su parte, el líder del Verde en el Edomex, José Alberto Couttolenc, busca capitalizar el arraigo y la experiencia de perfiles como el de Eruviel Ávila no solo para sobrevivir, sino para crecer.
La empresa Poligrama publicó hace un par de semanas una encuesta que arrojó que dos de cada tres personas conocen al exgobernador del Estado de México y que la opinión de la ciudadanía sobre él se encuentra dividida, aunque mayormente es positiva, entre buena y muy buena. También expuso que cuatro de cada 10 personas están al tanto de que el expriista cambió de partido.
Posdata 2
La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, está en el ojo del huracán y su cargo pende de un hilo por no haber llevado a cabo las acciones necesarias para retener al policía que presuntamente disparó contra un joven de Ayotzinapa.
El descuido de la fiscal no sólo retrasará las investigaciones, sino que azuza el fuego y la insurrección que se comienza a gestar por parte de los normalistas contra el gobierno federal y local.
Ayer, un grupo de normalistas fue a protestar y a vandalizar las instalaciones de la Fiscalía en Chilpancingo, con consignas que piden la destitución de la fiscal Valdovinos.
Además de este caso, que es emblemático, en los ataques ocurridos semanas previas contra transportistas, la Fiscalía se mantuvo omisa y sin ejecutar ninguna acción ante los hechos delictivos que paralizaron Acapulco, Chilpancingo y Taxco.
Vale la pena recordar que Sandra Luz Valdovinos solicitó licencia el 14 de febrero para dejar el cargo durante seis meses para atender asuntos “personales” y “familiares”; luego se desistió al no obtener respuesta del Congreso de Guerrero.
Los hechos recientes la ponen en la antesala de la licencia definitiva; es decir, su dimisión.
Posdata 3
Lo que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió. El empresario Alonso Ancira renunció definitivamente a Altos Hornos de México (AHMSA), luego de haber estado vinculado a proceso y detenido por la venta irregular de la planta Agronitrogenados a Pemex el sexenio pasado.
En 2018, el gobierno reveló que había una denuncia en la FGR por la supuesta venta irregular de la planta de Agronitrogenados. En 2019 comenzó la indagatoria, por lo que se giraron órdenes de aprehensión contra Ancira y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El 28 de mayo del 2019, Ancira fue detenido en el aeropuerto de Mallorca, España, por agentes de la Interpol, donde acusó al presidente López Obrador de emprender una persecución política en su contra.
Las renuncias, que tardaron años, también incluyen a sus familiares Jorge Ancira y José Eduardo Ancira, además de otros funcionarios como James Pignatelli, Juan Carlos Quintana Serur y Francisco Pérez Ortega.
En su lugar se integran Eugene Irwin Davis, como presidente temporal del Consejo; John Abbott, Timothy Bernlohr y Leopoldo Burillo, como miembros temporales del Consejo, así como Andrés González Saravia-Coss como secretario temporal del Consejo.
En tanto que Luis Zazueta y Xavier Autrey permanecerán en sus posiciones como miembros del Consejo y Carlos Espinal Guifarro será el director general de AHMSA.
AHMSA celebró acuerdos vinculantes el 7 de marzo de 2024 con un potencial inversionista extranjero, cuyo objetivo es proporcionar un financiamiento para apoyar sus esfuerzos de reestructura.
En caso de concretarse, esto permitirá a la empresa proporcionar seguridad a los activos de la compañía y, eventualmente, lograr reiniciar sus operaciones.