La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de amparar a Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para reducir su deuda con el fisco en 645 millones de pesos, es motivo de debate entre los integrantes del Poder Judicial. El sentido de la votación de los ministros presume un reacomodo de cara al inminente cambio que se avecina con la discusión de la reforma constitucional.
El voto de la ministra Yasmín Esquivel en favor del amparo para el Grupo Salinas es un indicio de que el asunto servirá para lograr el cometido de Palacio Nacional de reformar al Poder Judicial, pues las determinaciones de la ministra Esquivel suelen ser afines a las necesidades del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El análisis alcanza también el sentido del voto en contra del ministro Luis María Aguilar, junto con el de Lenia Batres, pues desde el año pasado había retrasado la revisión del caso recibiendo varios amparos contra deudas fiscales promovidos por las empresas del Grupo Salinas, aunque el gobierno federal, en voz del jefe del Ejecutivo, urgía a resolver el asunto.
La relación entre AMLO y el magnate ha sido de altibajos. Aunque ahora mismo parece estar rota, a principios de sexenio era muy cercana. Fue Salinas Pliego quien le sugirió la instalación del consejo empresarial al que, por cierto, ya no acude por obvias razones.
El primer desencuentro entre el presidente del Grupo Salinas y la 4T se dio cuando la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, lo acusó de deber impuestos por el orden de los 40 mil millones de pesos. Luego se agravó con la andanada que se coordinó desde la vocería de la Presidencia, a cargo de Jesús Ramírez, y a la que se unieron representantes morenistas como la senadora Citlalli Hernández, el titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, y el productor Epigmenio Ibarra.
En un intento de distender la situación, el presidente López Obrador sostuvo una reunión privada con el empresario a finales del año pasado. Según lo anunció el propio Presidente, allí se abordó el tema del adeudo al fisco y una reducción en hasta 8 mil millones de pesos, pero las cosas no salieron bien. La respuesta fue una negativa al pago de hasta 23 mil millones de pesos que reclamaba el gobierno y crecieron las diferencias. Este jueves, la Guardia Nacional tomó el control del campo de golf que operaba el empresario en Huatulco, Oaxaca, lo que desató la furia del empresario.
El caso de Salinas Pliego será entonces un protagonista recurrente de la conferencia de prensa mañanera por la conexión que tiene con todos los temas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, sirve perfecto como el ariete para vulnerar a la Corte y a sus ministros, bajo el discurso de que el Poder Judicial pone por delante los intereses económicos al bienestar del pueblo.
También pone de manifiesto la intención de AMLO de poner en evidencia la división entre sus propios juristas aliados, en especial sobre temas como la reforma al Poder Judicial y respecto a la posibilidad de que los ministros, jueces o magistrados sean elegidos mediante voto popular.
Ni los ministros cercanos al Presidente están de acuerdo con un cambio radical, incluso han tenido confrontaciones férreas con algunos magistrados que defienden la propuesta que surgió desde Palacio Nacional. Los miles de millones de Salinas Pliego están atrapados en ese debate y López Obrador está dispuesto a perderlos en lo económico, a cambio de que le sirvan para lograr su cambio constitucional. Ese fue el pacto original.
Posdata 1
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, apuesta por seguir la misma ruta de los exgobernadores priistas y panistas que entregaron sus estados. La novedad es que el mandatario panista acaba de acordar con el gobierno federal operar la concesión de una Asipona estatal (Administradora del Sistema Portuario Nacional) pese a ser de carácter federal.
El acuerdo es que Vila otorgue esta concesión por asignación directa. Se trata de una cesión parcial de derechos para operar contenedores y astilleros a empresas privadas, las cuales van a ser dirigidas por la Secretaría de Marina.
Quien estuvo gestionando el tema fue precisamente la Secretaría de Marina, dirigida por Rafael Ojeda, y el mismo presidente López Obrador, en acuerdo con el gobernador Vila. La cereza del pastel son dos terminales de Gas Natural que están gestionando los hijos del Presidente. El valor comercial de las terminales superan los 500 millones de dólares.
Posdata 2
Otra vez Claudia Sheinbaum se llevó una abucheada en el evento de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC), a la que decidió no asistir y, en su lugar, envió un video. Sí acudieron Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, los candidatos de oposición.
La candidata del oficialismo se mantiene en la estrategia de no asistir a la mayoría de eventos a los que se invite a los tres candidatos presidenciales. Sus asesores le han dicho que lo mejor es “no exponerse”, porque es la puntera y cualquier error puede restarle puntos, ya que prácticamente está topada en cuanto a crecimiento. A los estrategas políticos les parece un error, y no se diga a los empresarios que se sienten desairados. “Si así se comporta como candidata, cómo va a ser cuando sea Presidenta”, se dicen entre ellos.
Claudia Sheinbaum prefirió irse de gira a Yucatán, territorio panista donde Morena y el llamado “Huacho” Díaz sigue ganando terreno. En buena medida, esto se explica en la siguiente posdata.
Posdata 3
Los proyectos de infraestructura que planea proponer la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, son tres.
El primero, un nuevo puerto cercano a la Laguna de Cuyutlán, en Colima, para ampliar en poco más de un millón de contenedores la capacidad del Puerto de Manzanillo, que actualmente opera unos dos millones de contenedores. La inversión sería cercana a los mil millones de dólares.
El segundo es el El Sauzal, en Ensenada, Baja California; un centro logístico marítimo clave para impulsar el nearshoring. La inversión proyectada es de 300 millones de dólares.
El tercero es en el sureste del país, en Campeche o Yucatán. Se trata de un centro logístico de gas natural licuado y ciclo combinado para proveer energía eléctrica a todo el sur: Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; y también al norte de Oaxaca. Su inversión estimada es de mil millones de dólares.
Son los tres proyectos insignia de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD.