“SE ESTÁN COMPRANDO los nueve hospitales, se van a pagar alrededor de 6 mil millones…Se está llegando a un acuerdo, ya aceptaron.. son contratos que se hicieron en el gobierno anterior muy leoninos”, adelantó Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del 4 de marzo.

Pero no. Por supuesto que el gobierno federal no va pagar 6 mil millones de pesos, a menos que el Presidente, a la mala, le arranque a los concesionarios privados los inmuebles, lo que daría pie a un pleito legal que no concluiría en su sexenio.

Las cuentas del inquilino de Palacio Nacional están mal. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que dirige Pablo Israel Escalona, ya concluyó el avalúo de seis contratos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) y tres bajo la fórmula de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

La cuenta en realidad asciende a los 14 mil 99 millones de pesos, de los cuales 3 mil 589 millones corresponden a dos APP del IMSS, 7 mil 216 millones a cuatro APP del ISSSTE y 3 mil 294 millones de pesos a tres PPS de la Secretaría de Salud. El Hospital General de Tapachula y el Hospital General Bahía de Banderas, en Chiapas y Nayarit y de 180 y 144 camas, respectivamente, ambas del IMSS que lleva Zoé Robledo, arrojaron avalúos, en números redondos, de mil 982 y mil 607 millones de pesos, en cada caso. A los dos le quedaban 20 años de vigencia. Son operados por Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir.

La Clínica Hospital de Mérida, en Yucatán, de 150 camas, es una APP del ISSSTE, que dirige Bertha Alcalde y también le quedaban 20 años más de contrato. Éste, que era operado por GIA+A, la constructora de Hipólito Gerard, reflejó un avalúo de unos 875 millones de pesos. El Hospital General de la CDMX de 250 camas es una APP del ISSSTE que aún tenía 21 años de vigencia. Lo administraba la española Sacyr, que preside Manuel Manrique, y registró un avalúo cercano a los 3 mil 42 millones de pesos.

El Hospital General de Tepic, Nayarit, es una APP del ISSSTE. Tiene 150 camas, aún le restaban 20 años de contrato y se venía operando en conjunto con Banco Invex, de Juan Guichard. Su avalúo salió en alrededor de mil 699 millones de pesos. El Hospital General de Villahermosa, en Tabasco, es otra APP del ISSSTE, tiene 90 camas, lo operaba Prodemex y le quedaban 21 años por delante. Éste se valuó en unos mil 600 millones de pesos, aproximadamente.

El Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, un PPS de la Secretaría de Salud, tiene 451 camas y era gestionado también por GIA+A al que aún le restaban 11 años. Su valor se estimó en 2 mil 78 millones de pesos.

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato, es otro PPS de la Secretaría de Salud. Opera con 247 camas, su contrato vencía en siete años y era de la también española Acciona, de José Manuel Entrecanales. Arrojó una valuación cercana a los 587 millones de pesos. Finalmente está el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, un PPS de la Secretaría de Salud de 189 camas y al que le restaban nueve años. Está a nombre de Oscar Julio Quiroz Moreno y se valuó en alrededor de 629 millones de pesos. El gobierno ya sacó sus cuentas, que están muy pero muy debajo de las estimaciones de los que eran sus socios privados. El punto ahora es que los pague, porque hasta donde se conoce, a excepción del IMSS, o sea dos hospitales, para los otros seis no hay dinero.

Ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud tienen presupuesto.

MÁS TEMPRANO QUE tarde Altos Hornos de México anunció ayer mismo cambios en su Consejo de Administración como parte del avance en su reestructura financiera que también ayer referíamos. Renunciaron los hermanos Alonso, Jorge y José Eduardo Ancira y se designó a Eugene Irwin Davis como presidente temporal y a Carlos Espinal como director general, entre los movimientos más relevantes.

Los cambios obedecen a que el viernes Ancira acordó firmar un convenio para trasladar el paquete accionario que controla su familia, algo así como 45%, a un fideicomiso de Nacional Financiera, con lo cual el gobierno de la 4T a través del banco dirigido por Luis Antonio Ramírez Pineda tomará el control de esos títulos. Con los Ancira deslindados, procedería la inyección de capital, unos 595 millones de dólares inicialmente.

RECIÉN LE DECÍA que Mexoil se enfila a solicitar el concurso mercantil, muy posiblemente en etapa de quiebra. Es la empresa que crearon al calor de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña dos pesos pesados: Eduardo Tricio y Daniel Servitje.

Le rentaban a Pemex rigs para perforar pozos terrestres. Con la llegada de la 4T, Octavio Romero desconoció los acuerdos y de hecho terminó adquiriendo taladros más modernos. Mexoil se quedó con una deuda de 50 millones de dólares que Pemex no le pagó.

Pues bien, los dueños de Lala y Bimbo acaban de pagarle a Banorte, de Carlos Hank González, y al BBVA, que capitanea Eduardo Osuna, un crédito sindicado por cerca de 80 millones de dólares.

PUES NADA, QUE Inmobituxa le está requiriendo a la empresa Catán Energía un pago de unos 4 millones de dólares, más intereses. El adeudo deviene de un contrato de compraventa del lejano mes de noviembre de 2019, y en el que tras varios incumplimientos y convenios modificatorios, empiezan a sonar tambores de guerra para lograr obtener el cumplimiento de la obligación.

Inmobituxa es de la familia de quien fuera embajador en el sexenio de Enrique Peña, el diplomático Miguel Basañez, y Catán Energía es de Tomas Milmo Azcárraga. Éste le compró a aquéllos un terreno donde construye un puerto marítimo de alto calaje en Tuxpan.

DERIVADO DE LAS irregularidades en Credipyme que fueron denunciadas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya se pronunció y no cabe duda que su pasividad raya en la complicidad. El regulador a cargo de Jesús de la Fuente decidió mantenerse al margen con el pretexto de que entre sus facultades “no se desprende conocer de las denuncias que presentan los particulares”.

Ni hablar: la respuesta no es más que una simple excusa para lavarse las manos y dejar que Rafael Solórzano Kruker, mandamás de Credipyme, continúe con sus malos manejos de activos y recursos en beneficio de sus “compinches”.