Corte Suprema de EU levanta suspensión a la ley de Texas que permite arrestar y expulsar a migrantes
Por Latinus
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este martes levantar la suspensión a una ley de Texas que le da a la policía amplios poderes de arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente, mientras la sigue batalla legal sobre la migración.
La ley le permite a cualquier policía de Texas arrestar a migrantes por entrada ilegal al país. Un juez podría entonces ordenar la salida de los migrantes.
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Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar acción por lo que las autoridades del estado califican de una crisis en la frontera.
El gobierno del presidente Joe Biden ha presentado una demanda para anular la ley, argumentando que es una clara violación de la autoridad federal, que perjudicaría las relaciones internacionales y crearía el caos en la aplicación de leyes migratorias.
La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de varias entre el gobierno texano y la administración Biden sobre cuán lejos puede ir el estado para patrullar la frontera con México e impedir los cruces ilegales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha descrito la situación en la frontera como “una invasión” de migrantes.
Abbott firmó el pasado diciembre la ley, conocida como SB4, por la que se autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al gobierno fedeal estadounidense.
Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que “la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”.
La ley de Texas convertía la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen.