El Gobierno se encuentra en el peor momento de la relación con los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en el sexenio anterior. El general Audomaro Martínez Zapata, influyente mandamás del espionaje doméstico, le dijo a Andrés Manuel López Obrador que no se puede descartar que, tras el ataque a Palacio Nacional de la semana pasada, ahora descontrolen algún acto de la campaña de Claudia Sheinbaum.
Por estas horas esta es una preocupación central en la cúpula, muy por encima del rol que el narco pudiera jugar en un escenario de desestabilización.
Según deslizan en el staff presidencial, el movimiento normalista pretende secuestrar al Gobierno y reclama una compensación económica extraordinaria antes de que finalice el sexenio. Una cifra que llegó hasta López Obrador ronda los 200 millones de pesos. Actualmente la familia de cada normalista desaparecido cobra alrededor de 70 mil pesos mensuales. En paralelo, ya se gestiona una demanda millonaria contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Audomaro cree que los familiares tienen la capacidad de movilizar a más de cincuenta mil personas a partir de sus vinculaciones con diversos grupos de guerrilla urbana. Es una fuerza extraordinaria que amenaza no solo los actos de la candidata de Morena, sino también con generar un episodio violento que conmocione a la CDMX.
Un giro que sería dramático para el morenismo de la capital que libra una contienda electoral más cerrada de lo esperado con el aspirante del Frente.
Este es el motivo por el cual López Obrador demora una reunión con los familiares. No se trata de sus asesores u abogados: el presidente sabe que lo esperan con un planteo transacciones de recursos a cambio de una campaña tranquila. Todo termina como comenzó, porque los familiares creen que López Obrador ganó las elecciones en buena medida por el uso que realizó de su causa en los años previos al 2018.
