LA SEGUNDA SALA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó ayer a Totalplay contra un crédito fiscal por mil millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiso fincarle.

El caso se centra en el ejercicio fiscal 2018, en el que el grupo de Ricardo Salinas Pliego cuestionó deducciones hasta por 640 millones de pesos por diversos conceptos en el crédito fiscal que se les fincó.

Tras una revisión exhaustiva, la Segunda Sala que preside el ministro Alberto Pérez Dayán determinó que dichas deducciones eran válidas y bien aplicadas, de acuerdo a la entonces normativa vigente.

Con tres votos a favor emitidos por los ministros Yasmín Esquivel, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán y dos votos en contra sufragados por los ministros Lenia Batres y Luis María Aguilar se concedió el amparo y protección al contribuyente.

Llama la atención que este último, Aguilar Morales, como ponente, presentara un proyecto en contra de su propia opinión; se trata del ministro que más ha sido criticado en este caso por Andrés Manuel López Obrador.

“La sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el SAT en contra de nuestras empresas”, celebró el Grupo Salinas.

En virtud del análisis y deliberación de la decisión, la instancia que preside la ministra Norma Lucía Piña instruyó a la autoridad fiscal a revisar y, en su caso, emitir un nuevo crédito fiscal.

El fallo de ayer no solo protege los derechos de la compañía que es dirigida por Eduardo Kuri, sino que también reafirma el compromiso del sistema judicial con la legalidad y la justicia en materia tributaria.

La resolución de la Corte resalta la importancia de garantizar que los involucrados en asuntos fiscales tengan el derecho a defenderse de actos autoritarios, siempre que cumplan con las disposiciones legales.

VAMOS A VER hasta dónde alcanza la voluntad del gobierno de la 4T para rescatar a Altos Hornos de México (AHMSA). Como ayer le informé, su reflotamiento depende ahora de qué tanto la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, y particularmente la Procuraduría Fiscal, al mando de Grisel Galeano, conceden un tratamiento distinto al pasivo que el potencial inversionista chino va a absorber, de tal suerte que sea manejable y no ponga en riesgo la capitalización. Y es que la auditoría del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, de los ejercicios 2017 y 2018, arrojó un saldo de 62 mil millones de pesos, cifra que los inversionistas rechazaron porque aseguran que está mal calculada.

La autoridad incluyó incorrectamente toda la nómina de los trabajadores. Estamos hablando de 16 mil personas. Se supone que se va ajustar. Por eso la opinión solicitada a un tercero va ser determinante. Ésta debe tenerse lista este mismo mes. En el ínter, Alonso Ancira y familia ya quedaron fuera de la empresa y su 55% de acciones ya está bajo el control de Nafinsa.

COMENTÁBAMOS HACE UNOS días la situación que se vive al interior de Vector, luego de que perdiera a finales del año pasado a su único corresponsal en Estados Unidos para realizar operaciones en dólares, The Bank of New York Mellon. La institución, que preside Robin Vince, eliminó a principios de año todas las cuentas de la intermediaria dirigida por Edgardo Cantú por fallas en sus sistemas de normatividad para dar un correcto seguimiento de sus depósitos.

Se habla en el medio de que entraron dólares de dudosa procedencia. Semanas antes Citi, que preside Jane Fraser, también se las había cancelado por las mismas deficiencias de compliance. Las huestes de Alfonso Romo Garza-Madero han venido tocando muchas puertas de bancos estadounidenses para reponer sus operaciones en dólares, pero nadie ha querido tener tratos. Uno fue Bank of America, que encabeza Brian Moynihan. Lamentable circunstancia.

AYER HUBO REUNIÓN del Comité Técnico del Fideicomiso 2100 MRO Mexicana y también hubo Consejo de Administración de esa empresa que controla la base de mantenimiento. Participaron representantes del Aeropuerto de la CDMX, que dirige José Ramón Rivera; de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lleva Javier Villazón; de Banorte, que preside Carlos Hank González, y del Bancomext, que conduce Luis Antonio Ramírez. Asimismo, los cuatro sindicatos a saber: Pilotos, que lidera Humberto Güal; sobrecargos, al mando de Ada Salazar; trabajadores de tierra, de Miguel Ángel Yudico, y el de empleados de confianza, que representa Alfonso Martínez. Se abordó la próxima fecha del 4 de abril, día en que se extingue dicho fideicomiso y que por ende el taller debe ser vendido. Al parecer, la Marina, que comanda José Rafael Ojeda Durán, tendría interés en quedárselo.

EN LA CONTROVERSIA que mantienen la china CRRC y el Metro de la CDMX, se avecinan decisiones importantes. En las próximas semanas se estará resolviendo el recurso de queja que el organismo a cargo de Guillermo Calderón promovió en contra de la admisión de la demanda de amparo que el emporio que lleva Gao Feng presentó en contra de los oficios que ordenaba la ejecución del pago de penas convencionales por más de mil 500 millones de pesos. Y también el Metro ha controvertido la suspensión otorgada a CRRC para, precisamente, paralizar el referido pago. Tales decisiones, recaerán en el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX. Estaremos pendientes.

LE PLATICABA QUE Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, mejor conocida como AENA, está emprendiendo su retirada de México. El consorcio que preside Maurici Lucena es accionista del Grupo Aeroportuario Pacífico (GAP) desde hace 26 años. Junto con Dragados, y teniendo como socio original mexicano a Olegario Vázquez Raña, se hicieron del control de ese grupo de 12 terminales cuando en 1998 la privatizó Ernesto Zedillo. El socio estratégico de AENA es Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) donde Laura Díez Barroso Azcárraga es la mayoritaria, con 33%, mientras que Eduardo Sánchez Navarro y Juan Gallardo poseen, juntos otro 33%. AENA tiene el otro 33%.