Yair Martín Romero, precandidato de Morena a una diputación por Ecatepec y Tlalnepantla, fue asesinado el pasado fin de semana junto a su hermano en el Estado de México. Ese mismo fin de semana se dio a conocer que fue abatido Jorge Antonio Monreal, funcionario local y sobrino del senador y del gobernador de Zacatecas. Días antes, Juan Pérez Guardado, cuñado de los hermanos Monreal, fue asesinado en la localidad de Fresnillo. En enero se informó también de los homicidios de Giovanni Lezama, dirigente panista en Morelos; Sergio Hueso, aspirante a una alcaldía de Movimiento Ciudadano (MC) en Colima; Miriam Ríos, representante de MC en Michoacán, y Marcelino Ruiz, exalcalde perredista en Guerrero. En febrero mataron además a Jaime Vera, que buscaba la presidencia municipal de Mascota (Jalisco) por el Partido Verde.

El fantasma de la violencia homicida planea sobre las elecciones del próximo 2 de junio. México viene del proceso electoral más violento desde que se tienen registros, con más de 782 ataques contra políticos durante los comicios de 2021, de acuerdo con la consultora Etellekt. Al menos 35 aspirantes a cargos públicos fueron asesinados, en comparación con las 48 víctimas que hubo en 2018, cuando se registraron 774 agresiones. El panorama para los comicios de este año es igual de oscuro. A dos semanas de que empiecen las campañas presidenciales, una decena de aspirantes y funcionaros ya han sido asesinados en lo que va de 2024.

Ante la ola de inseguridad que azota al país desde hace dos décadas, un grupo de investigadores coordinados por El Colegio de México busca respuestas en el pasado para evitar nuevas tragedias en el futuro. El Seminario de Violencia y Paz ha analizado 32 asesinatos durante las elecciones de 2021 y ha encontrado que la violencia política va más allá de colores partidistas y de zonas rojas, es un fenómeno generalizado que afecta a todo el país, a todas las fuerzas políticas y, sobre todo, a los aspirantes locales, más alejados del foco mediático y más expuestos a los embates criminales. El hallazgo más preocupante está en los móviles de los casos estudiados: 11 fueron víctimas del crimen organizado, 11 fueron atacados por otros políticos y en otros seis homicidios no es posible discernir si pesaron más las razones políticas o las de los grupos delictivos. En esa zona gris, la línea entre la política y el narco es prácticamente invisible: se habla de perpetradores insertos en la contienda por el poder con vínculos con los carteles de la droga. Solo cuatro homicidios se achacan a “razones personales”.

Los autores del estudio Urnas y tumbas advierten de un riesgo para la democracia en México. “Este tipo de eventos son muy duros para nuestra democracia, pues indican que la lucha por el poder no sólo se resuelve en las urnas, sino que está resolviéndose cada vez más a balazos”, se lee en el documento, presentado este miércoles.

¿Por qué se mata a políticos en México?

“El principal hallazgo es que los móviles políticos, entendidos como aquellos donde los perpetradores buscaban un beneficio en la contienda electoral, tienen un peso similar a los móviles criminales”, explica la publicación. La lógica detrás es que se busca incidir en el resultado de la elección, ya sea al evitar que triunfe un aspirante o inhibir la participación de la ciudadanía. “Primero, los homicidios reducen las opciones del electorado al eliminar o intimidar candidatas y candidatos; segundo, el miedo afecta el comportamiento del votante”, se señala.

De los 32 asesinatos analizados, 27 fueron contra hombres y cinco contra mujeres, con una edad promedio de las víctimas de 45 años. “La violencia electoral letal es eminentemente local”, subrayan los especialistas. Esto quiere decir que importa el puesto a que aspiran las víctimas: 21 buscaban la presidencia municipal, cuatro querían ser regidores, cuatro diputados locales, dos aspiraban a ser síndicos y sólo uno buscaba una diputación federal. “Competir por un cargo local es más peligroso que hacerlo por uno federal”, agregan.

Importan también las dinámicas locales de poder: 25 víctimas eran opositores a las autoridades municipales y de ellas, 17 también eran opositores al Gobierno estatal. Solo dos víctimas eran oficialistas y pertenecían al partido que gobernaban sus entidades y localidades.

Hay dos hallazgos que sorprenden. Sólo el 12,5% de las víctimas había recibido amenazas previas, la inmensa mayoría de los ataques llegó sin previo aviso. Además, 19 de los 32 asesinados no tenían posibilidades reales de ganar. “Sus decesos”, dice la investigación, “causaron indignación pasajera” o “cuando no, los partidos y las autoridades miraron hacia otro lado”.

En esta línea, casi una tercera parte de los homicidios se explican porque “las organizaciones criminales asesinaron a los aspirantes para obtener beneficios para sus actividades”. Doce las víctimas eran políticos, seis eran empresarios, cuatro habían sido mandos de seguridad, tres eran líderes urbanos y dos, líderes campesinos, entre otras ocupaciones.

Cuándo, cómo y dónde se cometen los asesinatos

Un hallazgo que arroja luz sobre la intencionalidad política de los ataques es el momento en que se cometieron. Marzo fue por mucho el mes más violento, con 10 homicidios: es cuando cerraron los procesos de inscripción de candidaturas y cuando empezó a funcionar el programa federal de protección a candidatos, lo que provocó una reducción en los meses que siguieron. Es también en marzo cuando arrancarán las campañas presidenciales.

“El panorama es preocupante”, reconoció Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE). El árbitro electoral presentó la semana pasada los lineamientos de seguridad para este proceso de votaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la cartera de Seguridad Pública se encargarán de proteger a los aspirantes a la presidencia y a las nueve gubernaturas en disputa. No están contemplados, pese a ser los más vulnerables, los aspirantes a cargos municipales.

En la investigación no hay patrones concluyentes sobre la identificación partidista de las víctimas. “Ningún partido está a salvo”, sostienen los autores. Ocho víctimas pertenecían a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Seis formaban parte de MC. Cinco del opositor Partido Acción Nacional y cuatro eran priistas. Dos eran del Partido de la Revolución Democrática, el mismo número que del Partido Verde y que de independientes. Uno fue postulado por Fuerza por México, otro por Redes Sociales Progresistas y uno más por el partido local Chiapas Unido.

La violencia tampoco está focalizada. En 2021 hubo asesinatos políticos en al menos 15 de los 32 Estados del país. Veracruz fue la entidad más violenta, con nueve casos. Le siguen Jalisco, con cuatro, y Guanajuato, que tuvo tres. Tan importante como la dispersión geográfica de los ataques fue en qué espacios se cometieron. De los 32 casos estudiados, 21 se hicieron en espacios públicos, de forma visible: ocho contra vehículos, seis contra peatones, cinco contra los negocios de las víctimas y dos en pleno acto político. En cambio, sólo seis se perpetraron en las casas de los políticos y cinco fueron secuestros. La violencia manda mensajes: “como si se hubiera deseado visibilizar el hecho”.

Otro dato crítico es que 29 de los 32 homicidios se cometieron con armas de fuego. Solo dos fueron matados a golpes y otro, desaparecido. Los policías que fueron acusados de la desaparición confesaron que mataron a la víctima. En la mayoría de los casos, sin embargo, predomina la opacidad y no se dio acceso a los investigadores a las carpetas de investigación. Predomina también la impunidad: en 17 agresiones no hubo detenidos y cuando sí hubo, muchas veces se optó por “aparentar eficacia” con los arrestos, sin llegar al fondo del asunto. El que no haya consecuencias legales se combina con la normalización de la violencia: en dos de cada tres casos se consideró que los asesinatos no dañaron la legitimidad de la elección.

“El panorama es negro y turbio para las elecciones mexicanas”, concluyen los investigadores, que ven serios riesgos para la calidad de la democracia y la gobernabilidad del país, pese a que el fenómeno no es nuevo y está cada vez más arraigado. “Son víctimas locales, opositoras al alcalde en turno, asesinadas sin aviso y fulminantemente, sobre todo cuando formalizan sus aspiraciones electorales”, se lee en la radiografía que hacen sobre las víctimas.

El impacto del narcotráfico en las próximas elecciones sigue siendo el punto más inquietante. Pero los investigadores señalan que la violencia política no es sólo una manifestación más de la violencia criminal, sigue una lógica más compleja. “Las organizaciones criminales han acotado efectivamente a la democracia mexicana, teniendo la capacidad de decidir quiénes tienen derecho a competir y quiénes no”, aseguran. Al mismo tiempo, los partidos han fracasado en dar certidumbre y proteger a sus propios aspirantes. “No sólo no están a la altura del reto, sino que ellos mismos están resolviendo la lucha por el poder a balazos”, agregan.

“El grado de descomposición de la democracia mexicana hace que la línea entre las actividades políticas y las criminales llegue a ser difusa con una frecuencia alarmante”, afirman. Ante este riesgo, los autores señalan que las soluciones tienen que ser integrales para atacar la violencia y los asesinatos políticos, su expresión más extrema. Las autoridades deben homologar sus diagnósticos y mecanismos. El árbitro electoral debe apostar por estrategias de prevención. Los medios deben dar mayor seguimiento a los casos y evitar la revictimización. Los aspirantes deben estar en constante comunicación con sus institutos políticos. Los partidos tienen que tener más filtros en la selección de candidatos, capacitarlos y estar conscientes de los riesgos y las dinámicas delictivas predominantes.