Para muchos era esperable. La flamante presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, inició una serie de investigaciones en contra de su antecesor, Reyes Rodríguez Mondragón, que -según anticipan en su entorno- habrían revelado una serie de inconsistencias que serían parte de operaciones judiciales y mediáticas en favor de diversos grupos políticos por millonarias sumas de dinero.

Fuentes internas del Tribunal le aseguraron a esta redacción, por ejemplo, que la administración de Reyes Mondragón le habría otorgado casi un millón de pesos a un operador mediático de la 4T -se menciona al periodista Hernán Gómez Bruera- a cambio de la difusión de trabajo y de investigaciones favorables a la administración del expresidente en sus redes sociales.

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Dicha maniobra -explican las mismas fuentes- se habría llevado a cabo a través de Daniel Tacher, quien habría ejercido la función de prestanombre durante la operación que se encuentra bajo análisis judicial.

Fuentes del Tribunal le adelantaron a LPO que el equipo de Soto investiga también el destino de recursos del organismo que habrían sido asignados de manera unitaria a organizaciones y asociaciones partidarias con el objetivo de generar presión e influencia en actores del ámbito político y judicial, como serían los casos, por ejemplo, de Claudio X. González y Lorenzo Córdova.

Según la investigación que se lleva a cabo, dichos recursos habrían sido utilizados por estas organizaciones para crear “corrientes de opinión favorables a ciertos intereses políticos”. De esta maniobra habría sido parte la Firma del Acuerdo por la Integridad Electoral que, en lugar de llevar a cabo “un monitoreo general y especializado del proceso electoral 2023-2024” como establecía uno de sus objetivos, habría sido utilizado por parte de Claudio X. González y Lorenzo Córdova para generar presión en contra del oficialismo.

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Además, las investigaciones en contra de Reyes Mondragón habrían descubierto “un cabildeo sistemático” en la Corte Suprema durante el año 2022 para colocar a personas de su círculo e influencia en las oficinas regionales del Tribunal Electoral. Dichas presiones no serían aleatorias ya que las mismas habrían sido en favor de María de los Ángeles Quintero en la Sala Regional de Xalapa, en Veracruz; y de Ana Cecilia López Dávila en Monterrey, dos regiones con una importante impronta panista.

Por último, las averiguaciones que se llevan adelante habrían detectado la “utilización de recursos públicos para fines personales” por parte del propio Reyes Mondragón, quien habría utilizado la flota de vehículos oficiales en su propio beneficio junto a la contratación de “personal de manera cuestionable”. “Esto plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia en el manejo de los recursos de la oficina”, le aseguraron a LPO.

La intensidad de las peleas internas en el Tribunal Electoral no cesan. El ex titular del Tribunal también es señalado por su sucesora por sus “continuos viajes injustificados a Los Ángeles y Chicago”. En dichas ciudades, habría mantenido una serie de reuniones con líderes políticos, empresariales y económicos de origen migrante que habrían sido coordinadas con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. “Observamos en nuestras investigaciones un particular interés en viajar a Indonesia, país que habría visitado en reiteradas ocasiones”.