Javier Garza Ramos

En la novela Goldfinger, el villano de ese nombre le dice a James Bond: “Una vez es casualidad, dos es coincidencia, tres es acción enemiga”. Esta frase explica muy bien por qué hay mentes absorbidas por conspiraciones, como la del escritor Ian Fleming o la del presidente Andrés Manuel López Obrador, excepto que una es para el inofensivo gozo literario y la otra es para gobernar un país.

La publicación de no una, no dos, sino ya tres reportajes sobre presuntos nexos de las campañas de López Obrador con cárteles del narcotráfico seguramente convencen al presidente de la frase alguna vez dicha al agente 007. Y, a juzgar por su reacción, le encaja perfectamente.

La secuencia de reportajes comenzó hace menos de un mes con tres textos simultáneos en dos portales estadounidenses (ProPublica e InsightCrime) y la agencia de radio y televisión alemana DW, que daban cuenta de una investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre supuestos pagos hechos por el Cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Siguió con una entrevista a Celso Ortega, líder de la banda de Los Ardillos en Guerrero, pero anteriormente operador de Los Zetas en Michoacán, que dijo que, también en 2006, ese cártel le entregó dinero al hoy presidente.

Y, finalmente, el jueves pasado el diario New York Times publicó detalles de otra investigación de la DEA, pero esta más reciente, sobre contactos de la campaña de López Obrador en 2018 con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

La reacción del presidente se hizo viral cuando reveló el teléfono celular de una de las coautoras del reportaje del Times y, confrontado con una pregunta sobre violación de sus datos personales, al declarar que por encima de la ley estaba su “autoridad moral”.

Pero el presidente erró la respuesta porque el problema no es que periodistas hayan publicado investigaciones, sino por qué el Gobierno de Estados Unidos lo estaba investigando.

El primero y el tercer reportaje tienen que ver con pesquisas de la DEA sobre la posible influencia del narcotráfico en las campañas de López Obrador. Esas pesquisas significan que hay al menos sospechas, pero el presidente se lanza contra el mensajero sin reparar en el fondo del asunto, que el Gobierno de Estados Unidos le está mandando un mensaje.

Los reportajes no son producto de investigaciones exhaustivas de reporteros sino de filtraciones de archivos que, aunque se dieron por cerrados, en algún momento provocaron indagatorias. Varias voces han criticado la calidad de los reportajes, aunque también hay que reconocer que el periodismo mexicano muchas veces se ha revolcado en filtraciones de autoridades mexicanas que no se pasan por ningún tamiz.

La pregunta es: ¿por qué la DEA está filtrando estos archivos? Los mismos reportajes admiten que las investigaciones se cerraron no por falta de elementos, sino para evitarle al Gobierno de Estados Unidos problemas políticos, primero por lanzarse contra el principal político de la oposición y luego contra el presidente de la República. Otra pregunta es: ¿por qué en la recta final de la Administración?

No ha sido ningún secreto el descontento del Gobierno de Estados Unidos con la política de combate a las drogas de López Obrador, las restricciones a agentes de la DEA en México, la pasividad frente a la expansión de los cárteles y su eslogan de “abrazos, no balazos”. Cuando el Gobierno de Joe Biden está bajo fuego electoral por el creciente problema del tráfico de fentanilo, apuntar el dedo al sur de la frontera resulta conveniente.

Si los vecinos tienen la impresión de que López Obrador ha sido omiso en la lucha contra los cárteles, su regalo de despedida es pintarlo como cómplice de los criminales.

El problema para López Obrador es que las investigaciones tienen asideros. ¿Los cárteles del narcotráfico se han extendido en su Gobierno? Sí. ¿Grupos criminales controlan cada vez más territorio? También. ¿El Gobierno ha preferido que otros se encarguen del problema? Así parece con la anuencia para que obispos católicos de Guerrero medien una tregua entre cárteles.

Más razones: ¿es creíble que el narco ha sobornado campañas políticas? Esas advertencias se han hecho desde la década de los 80. ¿Es coherente que una campaña haya recibido dinero de cárteles enfrentados entre sí, como Sinaloa y Los Zetas? La contradicción solo es aparente, los cárteles son negocios que buscan proteger todos sus frentes.

Hay elementos que sustentan incluso lo que se han publicado, como el hecho de que un empresario, candidato del PRD a senador y cercano a la campaña de López Obrador en 2006, tuvo nexos con el Cártel de Sinaloa y fue desaparecido meses después de esa elección.

Incluso todavía hay razones que hacen creíble la colusión del narco en el partido en el poder, cuando el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, busca ser candidato al Senado por el Partido Verde, aliado a Morena.

Hay también elementos para dudar, como el hecho de que ninguno de los cabecillas de Los Zetas actualmente presos haya sido liberado en este sexenio, a pesar de que el reportaje del New York Times señala que la campaña de López Obrador habría recibido en 2018 cuatro millones de dólares para liberar a un fundador de este cártel.

Pero todos estos reportajes pintan un escenario complicado para el presidente López Obrador y el cierre de su sexenio: la pérdida de credibilidad, la erosión de su discurso de honestidad, y la violencia que ya está empañando las elecciones de junio.

Pero López Obrador ya no tiene tiempo de reparar esto. El sexenio ya se agotó. Y si la frase de Fleming no le es suficiente, hay otra de la sabiduría popular que le viene bien para hacerse la víctima: “Una vez es chiste, dos es gracia, pero la tercera es chingadera”.