En medio de un escenario financiero cercano a la bancarrota, Pemex, a cargo de Octavio Romero, se dispone a tirar a la basura otros 6 mil millones de pesos con la compra de una terminal “chatarra” de almacenamiento de combustible en el puerto de Tuxpan, Veracruz.

Esto, a pesar de que, tras la identificación de serias irregularidades que ponen en riesgo al medio ambiente y la seguridad de las comunidades aledañas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la misma 4T ha mantenido una batalla legal para mantener cerradas esas instalaciones vinculadas con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Felipe Calderón, Luis Téllez Kuenzler.

Se trata de la Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan, mejor conocida como Servitux, la cual, tras un intenso proceso de cabildeo de Luis Téllez fue autorizada para su construcción y operación durante 30 años en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 4 de mayo del 2018, mediante permiso PL/21140/ALM/2018, cuando Guillermo García Alcocer fungía como presidente de la CRE.

Después de muchas vicisitudes en su largo proceso de edificación y una inversión calculada en alrededor de 4 mil millones de pesos, la terminal entró en operaciones en julio de 2021, con 16 tanques de almacenamiento para una capacidad de 3.2 millones de barriles de combustible.

La 4T tenía perfectamente identificado al beneficiario principal de este negocio, operado mediante la razón social Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V, ya que la firma resultante de la alianza entre las compañías SSA México y Monterra Energy tuvo como apoderado legal desde 2019 a Luis Téllez; además, una de las empresas socias, la estadounidense Monterra, es subsidiaria de la administradora de fondos de inversión y capital de riesgo, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), de la cual Téllez es consejero desde octubre del 2014.

Tales privilegios concentrados en un excolaborador de Felipe Calderón eran inaceptables para la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que, un par de meses después de haberse puesto en operación, la CRE mandó a cerrar la terminal de almacenamiento con el apoyo de la Guardia Nacional.

Si bien existía un componente político, las razones técnicas para el cierre de la terminal eran contundentes. Este columna tuvo acceso a diversas evidencias fotográficas que confirman que los tanques de almacenamiento fueron mal instalados y están mal nivelados; incluso se registran trabajos recientes de reparación y de recubrimiento adicional de los contenedores que, en opinión de los expertos en la materia, deterioran todavía más la estructura original e incrementan los riesgos de una catástrofe ecológica.

Aun así, las instalaciones de Servitux se han vuelto a poner en operación, y Pemex está por incorporarla a su infraestructura.

En su momento, la clausura temporal de la terminal de Tuxpan desató un fuerte reclamo de Monterra Energy y una solicitud de arbitraje internacional. La empresa con sede en Texas exigió una compensación de daños por parte del gobierno mexicano por hasta 667 millones de dólares y logró que su gobernador, Greg Abbot, enviara un exhorto al presidente Joe Biden para que revisara personalmente el asunto, bajo el argumento de que estas acciones impactarían los precios del combustible en la frontera sur del país.

La sorpresa fue que, del pleito declarado se pasó en poco tiempo a una negociación en la que el director de la petrolera estatal ofrece 327 millones de dólares por las instalaciones, según el avalúo que le dio el Indaabin. Entonces, se puede  inferir que: o Pemex prefiere ahorrarse la mitad del costo de una pugna legal que augura una pérdida, o en la 4T quieren un escándalo como el de Agronitrogenados o Fertinal del sexenio pasado.

Posdata 1

Un movimiento que pasó desapercibido hacia finales del año pasado fue la salida de Juan Carlos Guerrero Fausto de la Universidad de Guadalajara, donde dejó de ser el abogado general de la institución. En su lugar llegó Carlos Trejo Herrera, quien a su vez renunció a su puesto de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

En la Universidad y en el gobierno de Jalisco se asegura que fue cesado antes de concluir su periodo de seis años por problemas legales, como una querella del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que interpuso la Procuraduría Fiscal ante la Fiscalía General de la República por supuestas discrepancias fiscales, fraude fiscal y origen de recursos de procedencia ilícita, esta última por investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Guerrero Fausto se vio obligado a renunciar como abogado general de la Universidad de Guadalajara también por escándalos de presunta corrupción que han sido denunciados interna y externamente en la institución, como se dio a conocer en esta columna en junio del año pasado.

Sobre todo por los asuntos que habría litigando a través del despacho legal Pravo, del que es socio con el hijo del finado exrector Raúl Padilla López, y porque utilizó al equipo de abogados de la Universidad de Guadalajara para presuntamente litigar asuntos privados.

Se sabe que, pese a su salida formal, Guerrero Fausto sigue teniendo injerencia en la Universidad de Guadalajara, sobre todo con gremios académicos y administrativos, pues el actual rector Ricardo Villanueva no ha podido echarlo por completo, entre otras cosas por la cercana relación que tuvo con Padilla López, de la cual, según varias denuncias, abusó. Sin embargo, no se anticipa fácil que esa relación se mantenga con el gobierno entrante, el cual, todo indica, será el del emecista Pablo Lemus.

Posdata 2

Vaya semana, la pasada, para la familia Monreal. En Zacatecas, de donde son oriundos y se enquistaron en el poder, la violencia está a tope. Ni siquiera la llegada de más elementos de la Guardía Nacional y otras corporaciones ha logrado amainar la inseguridad en la que se encuentran todos sus habitantes, incluidos familiares de los políticos en el poder.

La mañana del sábado fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del senador Ricardo Monreal y del gobernador de Zacatecas, David Monreal, cuando se encontraba en su domicilio en la comunidad de Plateros, en Fresnillo.

Monreal Martínez era auxiliar en la Dirección de Desarrollo Social y en el ataque también fue herido su hijo menor de edad.

El miércoles, el titular de Desarrollo Social de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador por Morena, fue abatido por civiles armados mientras realizaba una brigada de limpieza en las inmediaciones del centro de la ciudad.

Ricardo Monreal dijo este domingo que el país y su estado atraviesan una “época dura y dolorosa”, reconociendo que la violencia e inseguridad que azotan al país ha colocado a México en una situación de alerta máxima, justo cuando se acusan financiamientos del crimen organizado a campañas de Andrés Manuel López Obrador y en las redes sociales se mantiene por doceavo día consecutivo el hashtag de “narcopresidente” en los primeros lugares de X.

Y en medio de todo esto se confirmó que Caty Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, será la candidata de Morena para competir por la Alcaldía Cuauhtémoc. A menos de que el hábil político haya negociado previamente con su expupila, Sandra Cuevas, una competencia sin guerra sucia, se espera un auténtico choque de trenes, pues son muy conocidas las formas de la actual alcaldesa, quien en su momento dijo que no iba a apoyar las aspiraciones de la hija de quien la apadrinó para llegar a gobernar una de las principales alcaldía del país; también anunció la llamada “Operación Diamante” para evitar la publicidad y actos de campaña de quienes quieran competirle la reelección en Cuauhtémoc.