El nombre de Nicolás Mollinedo Bastar (“Nico”), el exconductor del Tsuru Blanco de Andrés Manuel López Obrador, está más vigente que nunca, y no únicamente por las investigaciones que revelaron esta semana los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández respecto a financiamientos “irregulares” y de parte del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006, sino por la presencia que sus familiares tienen en los proyectos de negocio de la 4T en colaboración con el Partido Verde.

El punto de encuentro de los negocios es el sureste del país, principalmente en Quintana Roo. En un análisis de las redes que se desprenden del conocido “Nico” se confirma que estas impulsan negocios alrededor del Tren Maya, además de que mucho han tenido que ver en el embate jurídico del que es objeto la operadora del servicio de agua Aguakán en el estado que gobierna la morenista Mara Lezama.

Más allá de los proyectos empresariales de los Mollinedo, la familia sueña con un proyecto político, incluso gobernar en algún momento el estado en el que se avecindaron. El personaje sobre el que descansan estas esperanzas se llama Samuel Mollinedo Portilla, segundo hijo del otrora chofer presidencial con la empresaria Lydia Esther Portilla Manica; actualmente es regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez ―municipio de la zona turística de Cancún― y encargado del Comité de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo.

En algún momento se le candidateó como dirigente estatal de ese organismo político, cobijado según sus operadores cercanos por Jorge Emilio González, el mismo que llevó a Mara Lezama a gobernar la entidad.

Como lo reveló el año pasado una investigación del periodista Carlos Loret de Mola y su equipo de Latinus, Samuel Mollinedo participa con su familia en la administración del parque ecoturístico Sac Actun, proyectado a finales de 2018 para ubicarse frente a la estación Tulum del Tren Maya. La cabeza visible de esa empresa es su madre, Lydia Portilla, quien se desempeñó como funcionaria del Ayuntamiento de Cancún en los tiempos en los que lo gobernaba Remberto Estrada, ―otro personaje identificado como operador del llamado “Niño Verde”―; también su nombre se ha visto involucrado en investigaciones sobre inmuebles adquiridos de forma irregular. Igualmente está relacionado con este negocio del parque ecológico el empresario Jorge Alberto Portilla Manica ―hermano de Lydia―, quien actualmente aspira a gobernar el municipio de Tulum bajo los colores de Movimiento Ciudadano.

A Samuel Mollinedo Portilla también se le señala como uno de los principales promotores de las acciones contra la firma de Desarrollos Hidráulicos de Cancún o Aguakán. Desde el Ayuntamiento de Benito Juárez, en donde preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, asesora a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, para retirar los permisos que esa empresa tiene en la zona de Cancún. En esta columna publicamos que, tanto el gobierno de Mara Lezama como los de los municipios que hoy operan con Aguakán, tienen claro que la única manera de sustituir el servicio es entregar el negocio a otra empresa, y algo tendrá que ver el hijo de “Nico” con la posible elección de un nuevo proveedor como encargado de los procesos de municipalización de las nuevas colonias en Cancún.

En suma, después de conducir, por 63 mil pesos al mes, el auto del exjefe de Gobierno del Distrito Federal y de coordinar supuestamente la logística de las campañas presidenciales de AMLO en 2006 y 2012, “Nico” convirtió a los integrantes de su familia en jóvenes promesas políticas y acaudalados empresarios ―también lo hizo con otros amigos, como los vendedores de su barbacoa favorita―. Sus nexos políticos, principalmente en el sureste, no son los más sanos y al parecer tampoco la manera en la que en el pasado se hacía de recursos para su operación.

Posdata 1

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un nuevo revés al gobierno del presidente López Obrador y puso freno a la controvertida reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Este proyecto fue impulsado por el presidente y desde el inicio generó discusiones por la ventaja, al parecer injustificada, que le daba a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento del sector privado.

Fue la Segunda Sala de la Corte la que aprobó el primer amparo promovido en contra de la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Se trata de un proyecto que busca resarcir los efectos generales de lo propuesto por el Ejecutivo Federal.

En concreto la declara inconstitucional porque no va en línea con lo publicado en la Constitución federal y a la reforma en materia energética de 2013, además de que trasgrede los principios de competencia y libre concurrencia.

Esta determinación se suma a las que tres ministros y una ministra se disponen a tomar en abril próximo para invalidar reformas estratégicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, arrebatan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del Tren Maya y de Mexicana de Aviación.

En el máximo órgano de justicia están listos cuatro proyectos de resolución para acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra decretos aprobados por la mayoría legislativa de Morena en la sesión del 28 de abril de 2023, conocida como el “viernes negro”. En los cuatro casos, correspondientes a las modificaciones a las leyes del Servicio Ferroviario y de Vías Generales de Comunicación, a la Ley para el Control de Precursores Químicos, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley del ISSSTE, la propuesta de los ministros es la misma: se invalida el decreto por violaciones al proceso legislativo.

Viene un autentico choque de trenes.

Posdata 2

Pemex cada vez más mal y de malas. Ayer se confirmó la presencia de un artefacto explosivo hallado en un jardín de las instalaciones de su centro administrativo de la Ciudad de México.

Según la petrolera, el artefacto se retiró alrededor del mediodía, luego de que se activaran los protocolos correspondientes y se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Sedena desplegó una operación con especialistas en desactivación de explosivos y el área fue acordonada por personal de seguridad física para garantizar la seguridad. Finalmente el aparato fue retirado de manera segura.

En un escueto comunicado, Pemex expuso que “la conformación de esta información será anunciada por los canales oficiales”, pero se sabe que fue una granada ofensiva.

Paradójicamente, este incidente se da a 11 años de la explosión del edificio B2 de la Torre de Pemex que cobró la vida de 36 personas y dejó a 100 heridos.